La Ciudad puso en vigencia una actualización del procedimiento para los establecimientos educativos ante situaciones que puedan tener relevancia penal y que involucren a estudiantes desde los 14 años. La medida se enmarca en la implementación del Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional 27.801, que fijó la responsabilidad penal a partir de esa edad.

La normativa fue aprobada mediante una resolución conjunta firmada por los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad porteños junto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El documento, publicado el viernes pasado, cuenta con dos anexos: los “Lineamientos Generales sobre el Impacto del Régimen Penal Juvenil en el Ámbito Educativo” y el “Procedimiento de Actuación en el Ámbito Educativo ante Hechos con Posible Relevancia Penal”.

El protocolo alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada dependientes o supervisados por el Ministerio de Educación de la Ciudad, así como a otras propuestas educativas y socioeducativas que funcionen bajo su órbita.

Uno de los puntos centrales del documento es que delimita las responsabilidades de las instituciones educativas. Según los lineamientos aprobados, las escuelas deben acompañar, proteger, comunicar y activar los canales correspondientes, pero no investigar ni determinar si existió un delito ni quién resulta responsable. Esa tarea queda reservada a las autoridades judiciales competentes.

La normativa establece que cuando una autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública , deberá realizar la denuncia correspondiente. El documento aclara que no corresponde a la escuela calificar jurídicamente los hechos ni llevar adelante una investigación propia.

El nuevo régimen también incorpora una modificación relevante respecto de la edad alcanzada por la responsabilidad penal juvenil. Desde los 14 años, los delitos previstos en el Código Penal y en leyes especiales pueden quedar comprendidos dentro del sistema penal juvenil. La resolución señala que ya no existen exclusiones vinculadas al tipo de delito o a la pena prevista, como pasaba antes de la nueva norma aprobada en marzo por el Congreso de la Nación.

La resolución también regula los procedimientos frente a situaciones consideradas urgentes o de riesgo inminente. Entre ellas se incluyen la presencia o sospecha fundada de armas, hechos de violencia en curso o cualquier circunstancia que comprometa la integridad física de estudiantes, docentes o terceros. En esos casos, las autoridades escolares pueden requerir la intervención inmediata del sistema de emergencias y de la Policía de la Ciudad.

Respecto de la presencia policial dentro de los establecimientos, el documento establece que podrá producirse por requerimiento de la escuela ante una emergencia, por orden judicial o por la existencia de una situación de riesgo actual. También dispone criterios de actuación orientados a minimizar la exposición de niños y adolescentes y a respetar sus derechos.

En paralelo, el protocolo insiste en que la intervención judicial o la existencia de un proceso penal no deben interrumpir las trayectorias educativas. El texto señala expresamente que la continuidad escolar debe garantizarse y que los antecedentes vinculados con el Régimen Penal Juvenil no pueden constituir un impedimento para acceder, permanecer o reingresar al sistema educativo.

La resolución también prevé la articulación entre las escuelas, la Justicia, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros organismos estatales cuando las situaciones así lo requieran. El objetivo declarado es establecer pautas comunes de actuación frente a hechos que puedan tener consecuencias penales y, al mismo tiempo, preservar el rol educativo de las instituciones.

Según los fundamentos de la medida, la intención es adecuar el funcionamiento del sistema educativo al nuevo escenario abierto por la vigencia del Régimen Penal Juvenil y brindar a directivos, docentes y supervisores herramientas para intervenir frente a situaciones complejas que involucren a adolescentes alcanzados por la nueva normativa.