SANTA FE.- La ola de amenazas en escuelas santafesinas no deja de crecer. Las autoridades ya contabilizaron 404 casos que están bajo investigación en el Ministerio Público de la Acusación. Y ya pudieron identificar a 73 autores de mensajes intimidatorios que prometen llevar a cabo tiroteos mortales como el que ocurrió el 30 de marzo pasado en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal. El 95% de los responsables son menores de edad, según se reveló.

Ayer, dos adolescentes de 16 y 18 años fueron imputados por la Justicia provincial, acusados de haber dejado una nota amenazante en el baño de una escuela de Llambí Campbell, 50 kilómetros al norte de la capital provincial. En el caso también está involucrado otro de chico 15.

La fiscal de Menores del Ministerio Publico de la Acusación (MPA), Ana Laura Gioria, realizó la imputación tras la atribución delictiva e impuso una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, con conocimiento al establecimiento educativo.

La imputación se realizó en una audiencia en los Tribunales de esta capital y los adolescentes fueron acusados de ser los autores de los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal.

Según informaron fuentes judiciales, J. O. y Yamil Alexander G. (el mayor de edad) fueron identificados luego del hallazgo de una nota amenazante en un baño de la escuela, que reclamaba “devuelvan los celulares o tiroteo”.

Al respecto, se admitió que los alumnos en ese momento tenían prohibido usar los celulares en la escuela y de allí el mensaje amenazante de los adolescentes. Sobre el menor de 15 no hubo información sobre su situación judicial.

En tanto, la secretaria de Gestión Institucional de la provincia, Virginia Coudannes, confirmó ayer que ya hay menores identificados en el marco de la investigación por las amenazas registradas en distintas escuelas de la región durante los últimos días. “Sigue la investigación y el monitoreo de cada uno de ellos, por lo que queremos tener reservas sobre el caso. Consecuentemente, habrá allanamientos”, señaló la funcionaria, quien además indicó que las actuaciones continúan bajo supervisión judicial.

Coudannes volvió a resaltar la gravedad de los hechos ocurridos a partir de lo sucedido el 30 de marzo en San Cristóbal, cuando un joven de 15 años ingresó a la Escuela Normal “Mariano Moreno” armado con una escopeta y atacó a tiros a sus compañeros, hecho que causó la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba el primer año del secundario, y dejó heridos a 8 estudiantes.

“No es una broma, es un delito”, afirmó Coudannes respecto de las amenazas, al tiempo que recordó que cada operativos de seguridad ante cada uno de esos actos intimidatorios implica un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.

Al respecto, la funcionaria recordó que, en los casos en los que se determine la responsabilidad de menores de edad, los padres deberán responder por los hechos en el ámbito que corresponda. “Los progenitores van a tener que hacerse responsables”, subrayó.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani, confirmó que la provincia atraviesa un fuerte incremento de falsas amenazas de ataques en escuelas.

“Estamos en presencia de un fenómeno nacional que atraviesa toda la provincia”, señaló en la funcionaria.