La jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, que quedó en medio de la polémica al considerar que era inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un menor de 14 años, participó hace meses de un programa de streaming en el que ratificó su posición en contra de la Ley 27.801 debido a que la baja de la edad de punibilidad resulta “regresiva” en materia de derechos humanos y vulnera los tratados internacionales.

La jueza eligió para presentarse en el programa Lo que no se dice el tema de Lali “No hay héroes” porque se sintió interpelada por la frase “el malo no siempre paga y a veces no es justo nada”.

“La ley está pensada en abstracto desde un lugar legislativo que tiene sus contradicciones, que tiene que representar al pueblo y a veces no lo hace. A veces el malo no siempre paga, no sé si la vida es de buenos y malos, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras”, señaló.

Además, la jueza eligió para presentarse una foto de la villa 31 y explicó por qué: “Cuando estás en la Facultad de Derecho (de la UBA) tenés que ver para quién estás formandoté: para mirar Figueroa Alcorta o para mirar al pueblo (la villa 31), que muchas veces sufre y que muy pocas veces se ve escuchado por la Justicia. Cuando uno estudia en la UBA, en determinadas ventanas ves la desigualdad y salís de la facultad y por ahí hay un desfile de modas o un Ferrari estacionado”.

La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la ciudad de Buenos Aires marcó desde un principio sus críticas hacia la ley penal juvenil impulsada por el gobierno de Javier Milei. “No es una ley penal juvenil, es una ley penal adolescente porque la población a la que está destinada son adolescentes”, aclaró en el programa Lo Que No Se Dice, publicado meses antes de la aprobación oficial de la normativa.

“Yo leí la ley con una mirada muy crítica al principio. Hay un montón de cosas para criticar... Si uno lo mira con ojos de darle una lectura convencional a la norma, hay algunas cuestiones que son más cuestionables”, añadió y siguió: “Lo que no podemos permitir en el proceso penal juvenil es que incida directamente en la vida del adolescente de forma tal que quede estigmatizado y genere un efecto contrario a lo que la norma busca, que es la resocialización”.

La jueza consideró que la ley “responsabiliza a los adolescentes” de algo que debería ser “compromiso de los adultos”. “Esa violencia se está como también legitimando en el punto de que son adolescentes, personas del proceso de desarrollo, en proceso de crecimiento y que justamente tienen que tener adultos referentes. No son peligrosos”, reflexionó.

“Están en peligro y lo que estamos haciendo es corrernos y responsabilizarlos a ellos por lo que los adultos no estamos pudiendo hacer. Por las omisiones de los adultos”, reiteró.

La decisión de la jueza De Marinis llevó a que el menor de edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo quedara sobreseído por el delito.

“A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil; solo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, había afirmado la jueza De Marinis en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION. En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló el fallo.

“También entiendo que es un proceso socioeducativo en el que el adolescente está involucrado y que está estudiado que es un clima hostil. No puede aprender nada del clima hostil. Entonces yo trato de romper con eso: mantengo la investidura, el lugar”, dijo sobre su forma de trabajo.

Y añadió: “Yo creo que la nueva ley nos trae muchos interrogantes. Justamente el desafío es que no lo perdamos de vista. Lo cierto que es desde la mirada ‘adultocéntrica’ no hay ninguna regulación...”.

“Una de las críticas que se le pueden hacer a la ley es que se parte del concepto de riesgo, de peligrosidad que está sobradamente cuestionado. De qué forma estamos responsabilizando a los adolescentes cuando en realidad los adultos nos estamos corriendo. Esa violencia legitimada desde la conducción del Estado (en referencia al presidente Javier Milei), se está legitimando acá. Los adolescentes son personas en proceso de desarrollo, de crecimiento, no son peligrosos, están en peligro”, completó.