MENDOZA.- Un error de la Suprema Corte provocó un terremoto en la provincia. Una grave demora administrativa del máximo tribunal cuyano en una causa resonante provocó malestar social y tensión entre dos de los tres poderes del Estado.

Causó conmoción en la opinión pública el inesperado sobreseimiento, por prescripción de la acción penal, de un empresario que en agosto de 2017 huyó de la escena de la tragedia luego de atropellar y causar la muerte de un joven que cruzaba una transitada avenida en el acceso sur a la capital.

La medida fue tomada esta semana por el Tribunal Penal Colegiado N° 2, que se limitó a cumplir con la resolución producto de los plazos legales caducados. Rápidamente hubo una reacción en la más alta esfera del poder político: el gobernador Alfredo Cornejo calificó de “guaranga” la decisión; en tanto, el Ministerio Público Fiscal presentará un recurso de casación para que se revierta la decisión.

Se trata del trágico caso de Alan Villouta, de 21 años, quien fue embestido en el Acceso Sur durante la madrugada, cuando salía de la pizzería donde trabajaba como mozo, en el reconocido mall La Barraca, ubicado en Guaymallén.

El responsable del accidente fue Alejandro Verdenelli, de 52 años, quien no solo escapó del lugar del siniestro a bordo de una camioneta Porsche Cayenne, sin atender a la víctima, sino que apareció tres días después, lo que impidió establecer si conducía bajo los efectos del consumo de alcohol o de algún tipo de estupefaciente.

El hombre de negocios del sector del transporte y la maquinaria agrícola fue imputado y condenado en 2020 por homicidio culposo, con la pena mínima de 3 años de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para manejar. Luego llegó el tiempo de presentaciones judiciales, apelaciones y artilugios de la defensa.

En ese tren, en abril pasado el máximo tribunal provincial cometió la grave falta que echó por tierra el caso: ratificó la sentencia un día antes de que venciera el plazo de prescripción, pero la notificación oficial se realizó días después, por lo que esa demora permitió a la defensa solicitar la prescripción de la causa, logrando liberar de culpa y cargo al acusado, dejando así el hecho impune.

Pasaron nueve años del trágico incidente vial y la herida jamás pudo cerrarse, con idas y vueltas en las imputaciones y una leve condena que generó malestar en la familia.

La Corte rechazó el último recurso de la defensa y confirmó la sentencia recién el 13 de abril de este año, un día antes de que prescribiera la pena, ya que se alcanzaban los seis años máximos para el delito de homicidio culposo, según establece el Código Penal. Sin embargo, Verdenelli fue notificado cuatro días después, ya que se encontraba de viaje en Malargüe, en el sur provincial, por lo que su defensa solicitó la prescripción de la condena por el siniestro vial, solicitud a la que hizo lugar el tribunal penal sobre la base de la normativa vigente, a pesar del reclamo de la familia y de la fiscalía.

Así, por motivos técnicos y una notificación tardía, los jueces del TPC N° 2 —Mauricio Juan, Horacio Cadile y Fernando Martínez— declararon la prescripción de la causa, dando por cerrada la investigación.

Por eso, en las últimas horas, el dolor de la familia se hizo carne en la opinión pública y los duros cuestionamientos por la inacción y el error garrafal se centraron en el máximo tribunal provincial.

Esta situación activó las fibras de familiares y amigos de la víctima y provocó el inmediato repudio de la ciudadanía a la burocracia judicial por no haber actuado con previsión y compromiso, en tiempo y forma, dentro de los plazos legales.

Tras conocerse la decisión del TPC N° 2 de declarar extinguida la acción penal por el paso del tiempo, dejando a Verdenelli fuera del proceso por las demoras de la Sala Penal II de la Suprema Corte, el gobernador dio su respaldo a la familia de Alan Villouta y adelantó que impulsará cambios legales para establecer plazos perentorios para resolver recursos judiciales.

Se anunció esto luego de que el mandatario recibiera el último viernes en su despacho a los padres del menor, junto con el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, quien, por su parte, confirmó que el Ministerio Público Fiscal casará la sentencia a través de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional.

“Acompañamos a la familia de Alan Villouta en su lucha por obtener justicia. Nadie que haya perdido un hijo debería atravesar, además, la angustia de que una causa llegue a este punto por dilaciones judiciales”, expresó Cornejo, molesto con la inacción y el letargo de la Corte.

Y se despachó con más vehemencia: “Es una familia que ha sufrido mucho. Me sensibiliza como gobernador y como padre. Tienen una fortaleza envidiable para soportar una desidia judicial tan guaranga como fue la de la Sala Penal al tener el expediente dormido durante tanto tiempo, que fue lo que permitió la prescripción”.

Por su parte, la familia, como querellante, presentará otro recurso de casación contra la prescripción de la causa resuelta por el tribunal penal.

Paradójicamente, será la propia Corte provincial, la misma que demoró seis años en dejar firme la condena, la que deberá revisar la prescripción del caso judicial, convirtiéndose en la protagonista principal del escándalo, mientras crecen la presión y los cuestionamientos de todos los sectores para que revierta la situación.