Declaraciones de amigos, registros de entradas y salidas de los countries donde viven los principales imputados, peritajes y expedientes administrativos son algunas de las evidencias claves en la investigación sobre la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde su extitular Diego Spagnuolo mencionó que Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem recibían un porcentaje de dinero por esas adquisiciones.

Este jueves vencerá el plazo para mantener el expediente en secreto de sumario y los acusados conocerán la evidencias que recogió el fiscal federal Franco Picardi en estas cuatro semanas desde que se inició la investigación con el juez federal Sebastián Casanello.

Una curiosidad: Spagnuolo, personaje principal del caso y uno de los primeros acusados, sigue sin decidir si se va a convertir o no en “arrepentido” o “imputado colaborador” y hasta ahora no había designado abogado, luego de la renuncia de sus defensores en medio del allanamiento a su casa.

Según indicaron fuentes judiciales, se desconocen los detalles de la evidencia reunida por el fiscal, pero tras la difusión de audios de Spagnuolo mencionando cómo se repartían los supuestos porcentajes de sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei, la causa avanzó con velocidad. Hay indicios complican a los mencionados y ratifican la versión de los supuestos “retornos” en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina por parte de la Andis.

La denuncia fue de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner en causas civiles, y fue motorizada por Picardi y Casanello, que decomisaron los celulares de Spagnuolo, de los dueños de la droguería Suizo Argentina Jhonatan y Emannuel Kovalivker, de su padre y del funcionario de la Andis Daniel María Garbellini, desplazado tras el escándalo.

El contenido de los teléfonos fue extraído en lo que se denomina una copia forense. No se sabe si se comenzaron a analizar los contenidos, los mensajes, las fotos y los audios.

Algunos celulares fueron abiertos y otros no. El celular de Spagnuolo fue revisado y tenía algunos mensajes borrados, y el de Emannuel Kovalivker no pudo ser abierto por ahora por lo moderno de su tecnología. No ocurrió lo mismo con el resto.

Sobre los audios originales que dieron comienzo a esta causa, fueron aportados a la justicia por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico, que los pusieron al aire por primera vez el 22 de agosto en Carnaval Stream.

El fiscal ya los transcribió y las partes pidieron peritarlos para determinar si se corresponde la voz con la de Spagnuolo y si fueron editados. Una parte del expediente es la Fundación Poder Ciudadano que pidió hacer análisis sobre las voces, en un incidente donde la Droguería Suizo Argentina pidió anularlos.

Además los abogados de la empresa, liderados por Martín Magram, objetaron que este mismo año ya se investigaron los contratos por la compra de medicamentos en una causa paralela que ya fue archivada por inexistencia de delito.

Es decir que se está ante un caso de “ne bis in idem”, principio que impide investigar dos veces el mismo delito cuando ya está pasado en autoridad de cosa juzgada.

Pero una declaración testimonial le dio nueva verosimilitud al contenido de los audios: Fernando Cerimedo, un especialista libertario en redes sociales y fundador de La Derecha Diario, declaró como testigo que Spagnuolo le comentó en diversas charlas a lo largo de 2024 sobre esa presunta trama de corrupción.

Cerimedo era amigo de Spagnuolo y su mujer trabaja en la Andis. El influencer digital que trabajó en la compaña brasileña de Jair Bolsonaro, declaró justamente el mismo día en que condenaban al expresidente de Brasil.

Cerimedo relató ante Picardi lo mismo que Spagnuolo dice en los audios. Allí mencionó a Karina Milei y a Lule Menem, dijeron fuente del caso.

“Los audios no son prueba”, dicen entre los investigadores, que ahora tienen la declaración de Cerimedo como vía independiente para acceder a la misma trama de corrupción. El testigo fue mas allá y contó que Spagnuolo le dijo, “quejoso”, que lo habían dejado afuera del negocio, dijeron a LA NACION fuentes del caso.

Incluso trascendió que Spagnuolo se habría quejado con Lule Menem de esta situación y que rechazaron sus pretensiones, pero esta última versión solo se conocerá a ciencia cierta cuando se levante el secreto del sumario.

A esa evidencia se sumó la llegada al expediente de los listados de ingresos y egresos de los barrios cerrados donde vive los Kovalivker (en la Isla de Nordelta), Spganuolo (Altos de Campo Grande, en Pilar) y Garbellini (El Paso Country Club).

Los investigadores quieren saber si los empresarios tenían contactos con los funcionarios mencionados en los audios como Lule Menem o Karina Milei o si se visitaban. En los allanamientos realizados a los investigados se les secuestró dinero: a los Kovalivker 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que en la caja de seguridad de Spganuolo en el BBVA había 80.000 dólares y 2000 euros.

Por su parte, Garbelli está mencionado en los audios como quien “maneja toda la caja” y según Spagnuolo “ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras”.

Además de estos elementos, la Justicia secuestró en un allanamiento en la droguería Suizo Argentina el contenido del “server” con las operaciones de la empresa y los mails laborales. Se desconoce su contenido.

Las compras de medicamentos de la Andis no se hacían por los sistemas habituales de licitaciones, sino que se efectuaba mediante un concurso privado de precios por cada remedio en función de la necesidad de cada paciente.

Allí aparece la Droguería Suizo Argentina como uno de los proveedores que se caracteriza por su logística aceitada (entrega dos veces por día medicamentos en farmacias en cada punto del país).

No obstante, en la empresa señalan que llevan 100 años en el rubro, con 2200 empleados y que solo el 10% de sus negocios son con el Estado. No es el fuerte de su giro comercial que es surtir farmacias, clínicas, hospitales, prepagas y obras sociales. Incluso con depósitos que permiten acopiar lo que compraron sus clientes y repartírselos según sus necesidades.

La prueba que se está cocinando a fuego lento es la que surge de los expedientes de compra de medicamentos que realizó la Andis a la Droguería Suizo Argentina. Son casos de compras en el programa Incluir Salud que provee medicamentos a los que reciben pensiones no contributivas en todo el país.

La empresa es proveedora del programa desde 2017 con medicamentos oncológicos, para la esclerosis y enfermedades raras. Son remedios de alto costo, que se requieren en cada caso y para cada tratamiento; no es una compra mayorista en cantidad.

La Justicia los secuestró en la Andis, pero también secuestró facturas en la droguería. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) está analizando cada caso, los precios, si hubo sobreprecios, cada compra y el procedimiento utilizado.