Con el objetivo de intentar prevenir delitos planeados y ejecutados por organizaciones criminales que estás tras las rejas, el Ministerio de Seguridad Nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a usar tecnología para detectar y bloquear teléfonos celulares en las cárceles.

Así lo informó en un comunicado de prensa la cartera conducida por la ministra Alejandra Monteoliva.

“El Ministerio de Seguridad Nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en unidades y establecimientos penitenciarios federales, con el objetivo de reducir la capacidad de acción de organizaciones criminales que buscan seguir operando desde el encierro”, se explicó en el citado comunicado de prensa.

Y se agregó: “La medida, dispuesta mediante la Resolución 336/2026 firmada por la ministra Monteoliva, fortalece las capacidades de control intramuros y apunta a cortar uno de los canales que las organizaciones criminales utilizan para sostener, coordinar o encubrir maniobras ilícitas desde los lugares de detención”.

En los últimos tiempos jueces y fiscales solicitaron medidas urgentes para impedir que los presos sigan planificando y ejecutando delitos desde los calabozos.

Por ejemplo, la jueza federal de San Isidro Arroyo Salgado le envió un oficio al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para que arbitre las medidas necesarias para que los internos en cárceles de la provincia de Buenos Aires dejen de tener acceso a los dispositivos móviles.

“Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también, de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y −según entiendo− de muchos más instruidos no sólo en el ámbito de la Justicia federal, sino también, y fundamentalmente, de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de ‘trabajo’ imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física. En efecto, en el contexto actual, la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario estatuída para una coyuntura de emergencia ya concluida , terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que −como quedó evidenciado tanto en la investigación mencionada, como en muchas otras− ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, sostuvo la jueza en el escrito dirigido a Mena.

La jueza Arroyo Salgado envió el oficio poco después de procesar a los delincuentes que extorsionaron a Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años que cumplía funciones de guardia en la quinta presidencial de Olivos, que en diciembre pasado se suicidó después de ser extorsionado.

Cuando extorsionaron a Gómez, los dos sindicados jefes de la banda, Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, estaban presos en la cárcel de Magdalena, y su cómplice, identificado como Kevin Sandoval, estaba alojado en la Unidad 26, situada en Olmos, La Plata, ambas cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Todo el plan criminal lo ejecutaron desde sus celdas con la utilización de teléfonos celulares.