La historia empezó con un portazo y terminó con un martillazo. A las 10 de esta mañana, en el quinto piso del Ministerio de Economía, se abrieron los sobres. Competían dos: el Grupo Roggio y un consorcio integrado por las empresas de Walter Román, Mauricio Filiberti y la brasileña Águas do Rio. La primera ofreció US$285 millones; la segunda, US$340,20 millones. No había precio base. Ganaba quien pusiera más dinero sobre la mesa.

Así se cierra un ciclo de 20 años. Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), la empresa que Néstor Kirchner les arrebató a los franceses en nombre de la soberanía del agua, vuelve a manos privadas. En el camino quedaron US$13.400 millones que el Tesoro giró mes a mes durante la gestión estatal, un juicio perdido en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), obras que terminaron en los tribunales de Comodoro Py y una gestión que convirtió a la compañía en la vidriera del Frente Renovador en el conurbano.

Era la privatización más grande de la era de Javier Milei. Y, como casi todas las de esta segunda ola, se la quedó un grupo de apellidos argentinos.

El protagonista es Rowing, la empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales que fundó Walter Román y que encabeza el consorcio ganador. Es la nave insignia de un conglomerado de capital nacional que sumó negocios en infraestructura, logística, correo, salud y medio ambiente, y que con AYSA da el salto más grande de su historia: de contratista y prestador de servicios a operador del sistema de agua y cloacas más grande del país.

Román no llegó solo. La experiencia en agua que exigía el pliego la aporta Arcos Saneamento e Participações, del grupo brasileño Equipav, que bajo la marca Águas do Rio se quedó en 2021 con una de las mayores concesiones de saneamiento de Brasil. Los brasileños tendrían hasta un 25% del consorcio, sin el control. Completa la sociedad PHX Aqua AR BV, un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.

Pero el socio más sonoro es otro. Transclor, de Mauricio Filiberti, es desde 2009 el proveedor exclusivo de policloruro de aluminio de AYSA, el coagulante con el que se potabiliza el agua del Río de la Plata.

En 2023, con Malena Galmarini al frente de la compañía y Sergio Massa en el Palacio de Hacienda, fue el único oferente en una licitación de más de US$127 millones para operar la planta de Bernal y abastecer ese producto hasta 2026, con prórroga hasta 2029. Desde hoy, el proveedor y el cliente comparten dueño. A Filiberti, en el mercado, lo llaman “el rey del cloro”. Es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor y, con ellos, acaba de quedarse con Metrogas. Con el agua, completa la tríada: la electricidad, el gas y las canillas metropolitanas tienen entre sus socios al poderoso Filiberti.

Román es un jugador de peso en el mercado, un empresario de muy bajo perfil que decidió dar un paso enorme en materia de servicios públicos. Si bien pertenece a la histórica familia conocida también por los servicios logísticos y portuarios, es el hermano menor; desde los 90 maneja su propia cartera de negocios, sin sus hermanos. Es ingeniero y trabaja en conjunto con sus hijos y su mujer.

Su principal empresa es Rowing, una constructora especializada por ser prestadora de empresas de servicio público. Como dice el propio Román, es especialista en soluciones para ciudades. Sus cuadrillas son parte del paisaje de arreglos en la vía pública en varios lugares de la Argentina, con trabajos como instalación y mantenimiento de todo tipo de redes.

Pero ese no es su único negocio. Fiel a la especialidad familiar, es dueño de Urbano, un correo privado que es uno de los principales jugadores del país, además de tener filiales en varios países de América Latina.

Hay algunos negocios más. Otra de sus compañías es Santa Catalina, un grupo de 12 clínicas de neurorrehabilitación integral. En total, cuentan con 750 plazas para rehabilitación y es una de las principales en su especialidad. Hace poco tiempo decidió una unidad de negocios nueva. Compró un crédito en el concurso preventivo del Complejo Al Río, de Carlos De Narváez. Eso le valió empezar a manejar varios inmuebles en la propiedad de Vicente López, entre ellos un enorme salón de eventos llamado El Cubo, y un espacio aéreo sobre las construcciones del lugar en el que, por ahora, dibuja proyecto y espera algunas autorizaciones.

Formalmente, lo que sucedió hace minutos es que se abrieron los sobres económicos. Como toda la actuación anterior ya estaba aprobada, pues lo único que faltaba saber era quién tenía la billetera más holgada. Claro que ahora empiezan los trámites y las formalidades, pero el ganador ya está puesto sobre la mesa. El monto, US$340 millones, está por debajo de las estimaciones oficiales que especulaban con que el valor de la empresa estaría cercano a los US$450 millones.

La “reprivatización”

AYSA tiene una particularidad: es una empresa privatizada dos veces. La primera fue en 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem le entregó el servicio a Aguas Argentinas, un consorcio liderado por la francesa Suez, con la catalana Aguas de Barcelona (Agbar) y Vivendi como socios. Después de la devaluación de 2002, la tarifa quedó congelada. Las empresas reclamaban aumentos mientras el Gobierno las acusaba de no hacer las obras. El divorcio llegó el 21 de marzo de 2006.

Julio De Vido lo anunció en tono de parte de guerra: “El Presidente está firmando el decreto para crear la empresa AySA”. Habló de obras incumplidas, de dos millones de personas sin agua ni cloacas y de pozos con nitratos fuera de norma. Desde la Secretaría de Obras Públicas, el desembarco quedó a cargo de José López, el mismo funcionario que una década más tarde terminaría por revolear bolsos con casi US$9 millones por encima del muro de un convento en General Rodríguez.

Como ocurría entonces, Néstor Kirchner eligió la épica. “No estoy dispuesto, para que nos visite un presidente o una cancillería se quede tranquila, a bajar la vista”, desafió, con París en la mira. “El agua es un bien público que el Estado mínimamente debe garantizar que llegue a todos los argentinos”, agregó.

Siete meses después, al presentar el plan director de la flamante estatal, subió el tono: “La empresa Suez, con los argentinos más necesitados, se portó muy mal”. Contó que le habían dicho que la única forma de invertir era subir 51% la tarifa. “Este tipo de extorsiones, definitivamente, se tenían que terminar. Y dimos el paso”, remató. Prometió, entonces, un plan de obras en doce años.

Ben, Lingeri y la obra

Para conducir la nueva estatal, el kirchnerismo no buscó lejos. Puso al frente a Carlos Ben, que hasta ese momento era director adjunto de la misma Aguas Argentinas que acababa de echar. A su lado se sentó José Luis Lingeri, jefe del sindicato de Obras Sanitarias y hombre fuerte de la CGT. El Estado se quedó con el 90% de las acciones. El 10% restante quedó para los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada. Lingeri sobrevivió a todos los gobiernos y gestiones y siempre mantuvo buena relación con cada uno de los que manejaron la compañía. Además, ocupó una silla en el directorio, en nombre de las acciones clase B.

En la década kirchnerista, varias obras de AySA terminaron en los tribunales. Además de la causa por la planta de Tigre, la Sigen auditó el Sistema Riachuelo, financiado en parte por el Banco Mundial: uno de sus tramos pasó de un presupuesto de $1258 millones a más de $23.250 millones, con años de atraso.

La factura francesa

La épica soberana tuvo su costo. Suez, Agbar y Vivendi fueron al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, y reclamaron US$1700 millones. En 2015, el tribunal condenó a la Argentina a pagar US$405 millones más intereses. Dos años después rechazó el pedido de nulidad y el reparto quedó firme: US$223,8 millones para Suez, US$123,7 millones para Agbar y US$37,4 millones para Vivendi. El británico AWG ganó otros US$20,9 millones en un expediente aparte.

Pagó Mauricio Macri. En abril de 2019, el Gobierno cerró la deuda con bonos, US$239 millones en Bonar 2024 y US$92,6 millones en Discount, después de negociar una quita cercana al 25%. Suez anunció que había monetizado su parte por unos €220 millones, alrededor de US$245 millones. La empresa que, según Kirchner, se había portado “muy mal” con los más necesitados terminó cobrando en dólares.

De aquellas acusaciones kirchneristas sobre la calidad del agua o el incumplimiento jamás se probó nada y hubo que pagar la fiesta soberana. Ahora, el monto que se recauda por la compañía ni siquiera alcanza para pagar esa factura. Negocios argentinos sociedad anónima.

El fetiche de Tigre

Con Alberto Fernández en la Casa Rosada, AYSA quedó en manos de Malena Galmarini. Para el matrimonio Massa, fue mucho más que una empresa de agua: fue la vidriera de gestión del Frente Renovador en el conurbano y una caja de visibilidad en los municipios propios.

En 2021, la tarifa apenas cubría el 45% de los gastos operativos, la plantilla llegaba a 7962 empleados y el déficit total superaba los $131.000 millones. Ese año, el Tesoro giró $93.940 millones. Según los números oficiales, la dotación había crecido 90% desde la estatización y el rojo de 2023 trepó a $278.000 millones. El actual gobierno acusa a esa gestión de haber convertido la empresa en una “plataforma de campaña”: un cuarto de las obras fue a parar a Tigre y a Malvinas Argentinas, y hubo patrocinios de eventos en esos mismos distritos.

La despedida estuvo a la altura. Días antes de dejar el cargo, mientras Javier Milei repetía que “no hay plata”, Galmarini compró 10.000 cajas navideñas por casi $120 millones. Su influencia sobrevivió al cambio de signo político. Marcelo Papandrea, el primer presidente libertario de la empresa, duró apenas dos meses: lo desplazaron en febrero de 2024 porque no se había animado a tocar a nadie del equipo de la exfuncionaria.

Con Alejo Maxit al frente, desde abril de 2024 llegó la motosierra. La tarifa subió 209% de un saque y acumuló cerca de 538% en dos años. Unos 1200 empleados se fueron con retiros voluntarios que costaron $36.000 millones, y la plantilla cayó 18%. “Eran más o menos 200 personas que respondían a la anterior gestión”, explicó Maxit. En seis meses, por primera vez desde 2006, lo que pagan los usuarios alcanzó para cubrir el gasto operativo. Según números oficiales, en 2025, la compañía facturó $1,53 billones y ganó $22.088 millones.

Maxit también anticipó el final del camino. “Se va a privatizar, de una manera transparente, de manera que sea lo más irreversible posible el proceso”, dijo en diciembre de 2024. Y puso un número como vara: lo que el Estado le pagó a Aguas Argentinas, actualizado, rondaba los US$500 millones. En Economía esperaban US$450 millones. La oferta ganadora fue de US$340,2 millones, poco más del 3% de lo que el Tesoro le transfirió a la empresa entre 2006 y 2023.

Lo que compró y lo que debe hacer

El ganador se quedó con el 90% de las acciones; el 10% restante sigue en manos de los trabajadores. La concesión dura 30 años, hasta 2056, y admite una prórroga de diez años más. Abarca 3.363 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 26 partidos del conurbano, con unos 15 millones de habitantes y más de 44.000 kilómetros de cañerías. El convenio colectivo vigente rige hasta 2028.

La inversión se planifica en ciclos de cinco años. El primero, el Plan de Acción 2027-2031, es de cumplimiento obligatorio y compromete $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, unos US$1940 millones, para mantener, renovar y ampliar redes, plantas y sistemas troncales.

El segundo quinquenio prevé otros US$2030 millones, y a lo largo de los 30 años la cuenta llega hasta US$15.040 millones. Un Auditor Técnico Independiente certificará cada año lo invertido, que se incorpora a la base de activos para las revisiones tarifarias. El ERAS y la Agencia de Planificación (APLA) conservan sus facultades, y los incumplimientos graves o reiterados pueden castigarse con multas y hasta con la caducidad de la concesión.

Las metas de cobertura son, para decirlo con suavidad, prudentes. Hoy el agua de red llega al 74,5% de la población del área y las cloacas, al 63%. El compromiso para 2031 es 75,3% y 63,9%: menos de un punto en cinco años. Para 2036, 78,9% y 65,3%. Recién al final de la concesión, en 2056, el servicio deberá llegar al 90% en agua y al 75% en cloacas. Cuatro plantas de tratamiento cloacal quedaron postergadas para después del segundo quinquenio.

La tarifa queda congelada en términos reales durante el primer ciclo, sin aumentos adicionales salvo las excepciones previstas en el contrato. El modelo económico supone una rentabilidad real del 8,9%. Hay margen para ganar eficiencia: el 42% del agua que se produce no se factura, y de los cerca de 3,87 millones de usuarios, solo 860.214 tienen medidor.

La primera prueba llega en dos semanas. El 26 de octubre, el ERAS hará una audiencia pública por el cambio de los coeficientes zonales que se aplican a los usuarios sin medidor, que pasarían de 11 a cinco categorías.

Hace 20 años, el Estado echó a un operador privado en nombre de los más necesitados. Hoy le entrega la llave a otro, después de haber gastado más de US$13.000 millones y de pagarle a Suez más de US$300 millones en bonos. Uno de cada cuatro vecinos del área todavía no tiene agua de red, y más de un tercio sigue sin cloacas. Esa es la herencia que recibe el nuevo grupo operador.