Las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la abolición definitiva del sistema electoral de su país terminaron de configurar un mapa político latinoamericano que plantea un dilema para la región: optar entre los extremismos de izquierda –siendo Nicaragua el ejemplo más actual y radical, pero no el único– y los llamados gobiernos de la ola azul, apadrinados y, en algunos casos, profundamente condicionados por temas de seguridad y financieros por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ortega lo dijo cortito y sin vueltas: “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”. El domingo 19 de julio, en un acto en el que se celebró el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente –o, ya deberíamos decir, dictador– nicaragüense enterró la democracia de su país.

La democracia en América Latina vive una crisis inédita en las últimas décadas. Quedan pocos gobiernos que pueden definirse como moderados; en algunos casos, como en México, hay tendencias autoritarias que preocupan a académicos del país. El estudio y análisis de la democracia latinoamericana exigen un monitoreo permanente. Ese es uno de los desafíos del recientemente creado Conversatorio Latinoamericano (CONLAT), una iniciativa que une a cuatro universidades de excelencia en la región: el Colegio de México, la Universidad de los Andes (Colombia), el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ) y la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina). Su agenda también incluye temas como seguridad, violencia y desigualdad.

El CONLAT realiza reuniones periódicas en los países donde tiene algunas de sus sedes y una de las más importantes se celebró en México, en noviembre de 2025. Entonces Ortega no había decretado la defunción de la democracia nicaragüense y Estados Unidos no había ordenado un ataque militar inédito a Venezuela, pero las señales de debilidad de la democracia regional ya eran evidentes. Sí estaban en el escenario, alcanzando niveles máximos, las acciones militares de Estados Unidos en su lucha contra las drogas, con aliados regionales.

Ya habían muerto más de 100 personas en explosiones de lanchas en el Mar Caribe, antecediendo el ataque militar a Caracas, ocurrido el 3 de enero de 2026. En un documento divulgado tras los debates en México, el CONLAT afirmó que “la llamada ‘guerra contra las drogas’, impulsada por Washington desde los años noventa, fue adoptada y adaptada por los gobiernos de la región con diferentes grados de entusiasmo. No fue una imposición pura: América Latina y el Caribe también la consintieron. Pero sus consecuencias fueron, en todos los casos, devastadoras. Con la administración Trump, el ciclo se intensifica: la retórica del ‘narcoterrorismo’, la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas y la amenaza de intervención militar directa reconfiguran la política de seguridad hemisférica bajo una lógica que los participantes del CONLAT denominaron ‘hipersecuritización’”.

Se dan ejemplos como El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele se transformó en uno de los principales aliados de Washington, dando un giro hacia la extrema derecha sin retorno. La llamada hiper securitización, dicen los académicos del CONLAT, “supone una transformación cualitativa del discurso de seguridad. A diferencia de las olas anteriores (la securitización posguerra fría y la que siguió al 11 de septiembre de 2001), la actual no busca justificarse dentro de los marcos normativos existentes: los desborda. Genera una sensación permanente de urgencia y excepcionalidad que viabiliza medidas que, en cualquier otro contexto democrático, serían consideradas inaceptables. El estado de excepción se ha vuelto estructural en varias democracias de la región: más que una herramienta de último recurso, opera como un modo de gobierno ordinario”.

En países como Colombia, las alertas están encendidas. La elección del ultraderechista Abelardo De la Espriella podría significar el inicio de una nueva etapa política en el país, en la cual la injerencia de un Estados Unidos que dejó de exigir comportamientos democráticos a sus aliados –comportamientos que el propio Trump no demuestra en su país– sería más marcada. Esa es la opinión de Sandra Borda, miembro del CONLAT y profesora de la Universidad de los Andes.

“En el pasado, Estados Unidos exigía algún tipo de mantenimiento de las formas democráticas. La ayuda militar a Colombia venía con condicionamientos y, en algunos casos, cuando esas formas no se respetaban, la ayuda era retenida. Hoy no es así, porque a Estados Unidos no le interesan más ni siquiera las formas democráticas”, dice Borda.

Para Borda, “no se puede decir que Bukele respeta las formas democráticas. Ortega tiene problemas aún más graves. Hoy, la convicción democrática depende de cada país. Abelardo podría seguir los pasos de Bukele, pero en Colombia encontrará resistencias. Ya lo vimos en el gobierno de Gustavo Petro, que tendió a un extremismo de izquierda”.

El escenario regional se complica aún más ante la falta de una gobernanza latinoamericana o sudamericana que pueda contener movimientos autoritarios. El fracaso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), las divisiones y la poca relevancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la pérdida de influencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejaron a cada país librado a su suerte.

“Hace 10 o 15 años, las amenazas a la democracia venían de la izquierda, del chavismo, de Cuba y también de Nicaragua. Para gobiernos como el de Lula y los Kirchner era un problema. Hoy, la novedad es que la amenaza viene principalmente de la derecha”, argumentó Juan Negri, miembro del CONLAT y profesor de la Di Tella.

Para él, “son amenazas parecidas a las de la izquierda de algunos años atrás. Gobiernos que llegan al poder por elecciones y, una vez en el poder, erosionan sus sistemas democráticos. El divisor de aguas de estos tiempos es que ya ni siquiera se exige la fachada democrática. Esto, con el multilateralismo regional y global en crisis, es preocupante”. Hoy la diplomacia también está en crisis y cedió paso a las afinidades personales. “Perdió el centro y perdió la democracia latinoamericana”, lamenta Negri.

En México, la salud de su propia democracia es, en palabras de Guadalupe González, integrante del CONLAT e investigadora del Colegio de México, “el elefante en la sala”. “En América Latina, el factor más disruptivo en términos de democracia son los Estados Unidos de Trump. El gobierno americano está violando de manera explícita los derechos humanos. Podríamos ya estar hablando de una autocracia en Estados Unidos. En el mundo, el modelo democrático está en crisis”, enfatiza González.

La democracia latinoamericana está en crisis, como lo están la americana y la europea. La política exterior de Estados Unidos es transaccional, y en ella priman los empresarios y faltan los diplomáticos de carrera. Trump dio un golpe durísimo al Departamento de Estado y a la carrera diplomática en su país. En ese contexto, la injerencia, cada vez mayor, de Estados Unidos en los países de la región es motivo de enorme preocupación entre los académicos del CONLAT.

Brasil, México y Uruguay se sostienen como gobiernos de izquierda que intentan resistir a la ola azul, pero dentro de sus países hay debates. En México, dice la investigadora del Colegio de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado decisiones que también generan dudas sobre su compromiso democrático.

“Lo que se hizo con el Poder Judicial mexicano deja muchas dudas. Todo el Poder Judicial fue electo con voto popular, adoptando el modelo boliviano del Movimiento al Socialismo. Fue una venganza del partido gobernante, Morena, por la persecución a sus miembros. En México también hay desafíos fuertes a la democracia”, apuntó González.

No son tiempos fáciles para la democracia regional, y hay que mirar a la derecha y a la izquierda. También al Norte. Preservar la democracia en tiempos de un Trump potenciado, errático y sin límites es doblemente desafiante.