En California, los conductores que obtuvieron su licencia bajo la ley AB 60 podrían quedar incluidos en un nuevo esquema de intercambio de información estatal con alcance nacional. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) solicitó 55 millones de dólares al presupuesto estatal para financiar la transferencia de datos de los conductores hacia el nuevo sistema.

¿Qué implica el plan para los titulares de AB 60?

El gobierno estatal prevé transferir registros de conductores a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (Aamva, por sus siglas en inglés). Esta organización gestiona una plataforma interestatal que permite verificar si alguien posee permisos duplicados en distintos territorios.

Los datos se incorporarán a la plataforma SPEXS, utilizada por agencias estatales y contratistas para comprobar identidades. Este mecanismo centraliza la verificación entre jurisdicciones y amplía el alcance del intercambio de información personal, informó CalMatters.

Representantes de cuatro grupos de defensa —Oakland Privacy, el Western Center on Law and Poverty, el American Friends Service Committee y el grupo de libertades civiles The Identity Project—, que participaron en la reunión informativa con el DMV y la oficina del gobernador Gavin Newsom, señalaron a CalMatters que los archivos compartidos indicarán si un titular posee un número de Seguro Social. Según las organizaciones, esto podría utilizarse para identificar a quienes no tienen autorización para residir en EE.UU.

Los referentes de estas organizaciones sostienen que más de un millón de personas con licencias obtenidas bajo AB 60 podrían enfrentar mayores riesgos. Esta ley, aprobada en 2013, permitió a individuos sin estatus migratorio legal acceder a permisos de conducción y prohíbe utilizar el contenido recopilado para determinar la ciudadanía.

Reacciones contra la medida de compartir datos en California

Los defensores consideran que el nuevo sistema podría revelar esa condición de manera indirecta. También advierten que agencias federales de inmigración podrían intentar acceder a la base mediante solicitudes realizadas a autoridades locales.

Ed Hasbrouck, del grupo The Identity Project, señaló que “una vez que estos datos se suben a AAMVA, escapan al control de California”. En la misma línea, Tracy Rosenberg, de Oakland Privacy, manifestó que la decisión constituye “una traición directa”, al remarcar que les dijeron a las personas “que esto nunca ocurriría”.

Por su parte, Pedro Rios, del American Friends Service Committee, sostuvo que el plan representa “una traición al compromiso de California de proteger y defender a todos sus residentes, especialmente a quienes tienen una licencia AB 60”.

Asimismo, el DMV y la oficina del gobernador remarcaron que la asociación notificará a California ante solicitudes externas, siempre que la ley lo permita. Esto incluye los intentos de obtener registros mediante citaciones judiciales.

Sin embargo, esa notificación no será posible si existe una orden de silencio. En esos casos, la entidad no podrá informar al estado sobre el requerimiento. A su vez, el portavoz del DMV, Jaime Garza, subrayó que los conductores pueden solicitar la cancelación o entrega de su permiso. No obstante, manejar sin autorización vigente constituye una infracción.

El cumplimiento de la Real ID y las exigencias federales

Los funcionarios del DMV de California y de la oficina del gobernador confirmaron que la iniciativa responde al cumplimiento de la Ley Real ID de 2005. Esta normativa establece los requisitos para que las identificaciones estatales sean aceptadas en instalaciones federales, como aeropuertos.

En este sentido, la negativa a compartir información podría derivar en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechace las licencias e identificaciones emitidas en California en controles federales. Desde la oficina del gobernador, la portavoz Diana Crofts-Pelayo afirmó que California “sigue siendo un referente en el apoyo a las familias inmigrantes y en la protección de datos personales frente a la extralimitación federal”.