Por lo menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en la etapa más restrictiva del cepo cambiario. Las irregularidades se habrían registrado en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), mecanismo vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 que otorgaba acceso al dólar oficial.

Según publicó LA NACION, los resultados obtenidos de la investigación hasta ahora surgen del análisis de casi 30 allanamientos, testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, todos ellos del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión, y Analía Jaime y Romina García, inspectoras Generales de Supervisión.

Todos ellos entregaron sus respectivos teléfonos y claves a la Justicia, con la sola excepción de García, que no suministró la clave. También hay varios empresarios dueños de casas de cambio imputados, como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

Aún no está claro hasta qué niveles de la estructura política alcanzan las responsabilidades. Fuentes de la causa sostienen que podría haber sido involucrados “a ambos lados del mostrador”, incluidos auditores externos del BCRA que, al mismo tiempo, integran estudios contables que asesoran a empresas.

La investigación incluyó casi 30 allanamientos en cinco meses y derivó, hasta el momento, en la imputación de operadores financieros y funcionarios del Banco Central.

Los hallazgos iniciales del fiscal, de los que seguramente se conocerán detalles desde el jueves, no bien termine el plazo del secreto de sumario para la causa, consignan por el momento porcentajes y plazos de permisos que coinciden con los revelados en una investigación que este diario publicó el 7 de marzo de 2023, momento en que ya buena parte de los empresarios hablaba de pedidos de sobornos y discrecionalidad para aprobar las autorizaciones.

Un chat entre dos importadores que obtuvo entonces LA NACION refería exactamente un 15% “en billete” a cambio de que la operación saliera en un lapso de 48 horas, exigencia que coincide además con un aviso publicado en las redes sociales y cuyo remitente, “Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina”, fijaba un 13% del valor para bienes (SIRA) y un 15% para los servicios (Sirase).

La causa de las SIRA tuvo desde 2023 varias insinuaciones en la Justicia, pero, hasta ahora, no venía prosperando. Las primeras indagaciones fueron a fines de ese año, cuando las publicaciones periodísticas y un testimonio que llegó al despacho de un diputado de la Coalición Cívica dieron inicio a una causa contra seis funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido el entonces jefe de la dependencia, Matías Tombolini, que de todos modos no prosperó: en diciembre de 2023, y luego de una breve investigación propia, el fiscal Eduardo Taiano pidió archivar el caso y el juez Julián Ercolini homologó el requerimiento y sobreseyó a los seis.

La causa que ahora empieza a despuntar es en realidad un derivado de otra en la que el mismo fiscal, Picardi, investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de US$6 millones que, dice Hauque, le dio para que hiciera operaciones con intereses.

La declaración de un imputado colaborador, un expolicía que aportó un pendrive con un archivo que incluye chats y capturas de pantalla de conversaciones entre ambos empresarios y funcionarios del BCRA, convenció a Picardi de la existencia de presuntos nuevos delitos y, como consecuencia, la necesidad de abrir otra causa.

En febrero de 2025, entrevistado en A24, Hauque explicó los detalles de aquella pelea con Piccirillo y, cuando le preguntaron el origen de esos US$6 millones, contestó que los había obtenido de prestamistas del mundo de la política y empresarial. “No puedo, tengo miedo”, dijo cuando se le insistió en que diera nombres.

Los presuntos pagos de sobornos a cambio de permisos para importar durante el cepo cambiario siempre fueron un asunto explosivo porque involucran a funcionarios y, principalmente, por la magnitud de las operaciones en cuestión. Sólo en 2023, en plena restricción cambiaria y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, incluidos los más sensibles como el de la Salud, la Argentina importó por casi US$ 75.000 millones. Sólo el 1% de ese stock representa unos US$750 millones, es decir, el equivalente a pagar lo que cuestan en la Argentina unas diez campañas políticas presidenciales.