LA PLATA—. La adecuación del régimen que rige el ordenamiento urbano en la capital bonaerense, ciudad única, planificada desde el minuto cero, desata siempre un debate tan relevante como complejo. Se ponen en tensión las aspiraciones y el imaginario de una urbe ideal que, por su proyecto y trazado, fue reconocida en París a fines del siglo XIX como “la ciudad del futuro”, con la realidad de un territorio desbordado donde los que prima es la informalidad. Hoy no es exagerado decir que La Plata, una de las urbes más pobladas del país detrás de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, se ha convertido en un conglomerado caótico con más de 400 barrios informales y alrededor de 200 villas de emergencia, escenario configurado al margen de toda previsión en las últimas dos décadas.

En ese contexto, el gobierno del intendente Julio Alak, cuya gestión comenzó en diciembre de 2023, se propuso un desafío mayúsculo: intentar devolver el orden a la ciudad y diseñar un plan que proyecte su desarrollo futuro, denominado con el título de “Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial”. No parece algo fácil. Los propios funcionarios, al evaluar la situación actual, reconocen  que existe una “planificación y gestión debilitada ante una expansión urbana motorizada por el mercado”.

En La Plata, las últimas modificaciones del Código de Ordenamiento Urbano (COU) despertaron no solo críticas, sino también conflictos, principalmente por las sospechas de manejos poco transparentes y la escasa —o nula— participación ciudadana en el proceso.

La ordenanza Nº 10.703/10, sancionada en abril de 2010 durante la intendencia de Pablo Bruera (Frente para la Victoria), junto con su modificatoria (Nº 10.896/12 aprobada en mayo de 2012) promovieron la expansión intensiva del área urbana, la construcción en altura y la proliferación de urbanizaciones cerradas en la periferia. Ambas disposiciones fueron objetadas por las autoridades provinciales encargadas de convalidarlas y, posteriormente, quedaron suspendidas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El tribunal consideró que, entre otras cosas, la normativa había contribuido a agravar el impacto de la inundación que asoló La Plata en abril de 2013 dejando al menos 89 víctimas mortales y pérdidas materiales multimillonarias.

Entre 2015 y 2023, la ciudad fue gobernada por Julio Garro (PRO), quien evitó modificar el Código de Ordenamiento Urbano. Sin embargo, durante su gestión se otorgaron numerosas autorizaciones de obra a distintos emprendimientos mediante ordenanzas aprobadas en circunstancias poco habituales —días y horarios atípicos—, que fueron duramente cuestionadas por carecer del permiso provincial correspondiente. Actualmente, la Justicia penal investiga irregularidades y presuntos negociados entre funcionarios municipales y empresas privadas vinculadas a desarrollos urbanos en la capital provincial.

Alak, que gobernó La Plata de manera ininterrumpida entre 1991 y 2007, y a partir de diciembre de 2023 volvió a conducir el municipio, suma, en total, 18 años al frente del gobierno comunal, siendo el dirigente que más tiempo ha liderado los destinos de una ciudad con 143 años de historia. Conocedor del territorio y sus necesidades, a poco de iniciar su nueva gestión, el funcionario reconoció la gravedad del diagnóstico y dejó en manos del arquitecto Sergio Resa, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, la elaboración de una estrategia de acción segmentada, diseñada para reducir resistencias.

Una de las primeras medidas fue dejar en suspenso el avance de unos 450 emprendimientos inmobiliarios en marcha desde la época de Garro y que no estaban en línea con  la Ley provincial Nº 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Luego, consiguió aval legislativo para modificar la composición del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), eliminando la participación de concejales de las distintas fuerzas y funcionarios municipales. Así, el COUT, órgano consultivo quedó integrado por representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad Católica de La Plata (UCALP), los colegios de Ingenieros y Arquitectos y del Consejo Consultivo para el Desarrollo. Si bien para el oficialismo esto recubre al COUT de un perfil eminentemente técnico, para distintas ongs de la ciudad, por el contrario, la afinidad y vinculación entre esas instituciones y el gobierno es evidente y restringe la posibilidad de un verdadero debate.

Como sea, el paso siguiente consistió en incorporar miradas de renombre para legitimar el proceso. Entre las actividades destacadas, se realizó la clase magistral del colombiano Carlos Moreno, director científico del Laboratorio de Investigación “Entrepreneurship Territory Innovation” de la Universidad de París, quien expuso su concepción de la “ciudad de los 15 minutos”, un concepto que se incorporó como insumo para el Plan de La Plata.

Para dar cuerpo al Plan Bicentenario, se conformó un equipo que, dirigido por Resa, dio gran participación a un área creada especialmente al efecto: la a Subsecretaria de Implementación y Seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, a cargo de la arquitecta Licia Ríos. A su vez se convocó a dos reconocidos urbanistas referenciados con la UNESCO: el catalán Josep María Llop Torné y el platense Rubén Pesci, quien, por su larga trayectoria en la ciudad, recibió una distinción inédita como “Patrimonio Cultural Viviente”.

Este año el gobierno comunal apuró el paso. En abril, el Concejo Deliberante discutió y aprobó por unanimidad una primera ordenanza (Nº 12.638) referida al Plan de Ordenamiento Territorial y al Programa para el Tratamiento Administrativo de Loteos Ilegales e Irregulares en la que se delimitó la zona urbana, periurbana y rural de la ciudad y sus correspondientes densidades constructivas. La misma norma, que señala zonas de riesgo de inundación donde no se puede edificar, habilitó una instancia de regularización para unos 150 emprendimientos de un total de casi 450 loteos irregulares detectados en el distrito.

Para entonces, Resa había ganado espacio en el gobierno y terminó siendo el primer candidato en la lista de concejales del oficialismo en las elecciones del 7 de septiembre último. Ante todos los auditorios en los que le gusta exponer su plan, el secretario de Planeamiento (ahora edil electo) asegura que la iniciativa “condensa una política pública estructurante pensada en un crecimiento urbano para los próximos 50 años”.

Ahora, en una segunda secuencia de la estrategia, el Ejecutivo comunal presentó un nuevo proyecto para completar los cambios en el régimen urbano por el cual, entre otras cosas, se redefinen las alturas permitidas, fijándose un máximo de diez pisos para los edificios construidos en las avenidas principales del casco fundacional –como 7, 13, 44 y 60, además del anillo de la circunvalación–, mientras que en el resto de las avenidas el límite continuará en seis niveles y en las calles de una sola mano se permitirá un máximo de cuatro pisos. El proyecto introduce una mayor flexibilidad para las construcciones en las localidades. En Los Hornos, en avenidas como 60 y 137, o en San Carlos, en 44, se permitirán edificaciones de hasta seis pisos, duplicando el límite actual de tres. En Tolosa, se prevé una medida similar.

La propuesta oficial generó preocupación en grupos de vecinos comprometidos con la preservación del medio ambiente y el patrimonio, quienes cuestionan a la gestión de Alak por avanzar sin consenso, intentando mostrar apoyos mediante acuerdos con sectores afines al gobierno. Mencionan como ejemplo de ello cuando, con fondos provinciales extraordinarios y el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof, se reformaron las tres plazas más importantes de la ciudad, lo que, además, provocó fuertes críticas en barrios postergados sin acceso a agua potable, cloacas ni asfalto.

La oposición legislativa, que apoyó la primera etapa del plan, aún no ha definido su postura sobre la segunda fase. Si bien, hasta ahora no se registran objeciones mayores, los bloques trabajan sobre algunos puntos específicos y sus miembros se mostraron dispuestos a escuchar a los vecinos e incorporar algunas propuestas. Se sabe que las autoridades buscan resolver el tema con la actual conformación del Concejo Deliberante antes del recambio de concejales en diciembre próximo.

“Estamos discutiendo el futuro de la ciudad y el crecimiento descontrolado, y en muchos casos exento de transparencia, de las últimas dos décadas, no puede ordenarse sin un debate que incluya todas las voces y contenga una mirada amplia que contemple todas las problemáticas”, advirtió el concejal Guillermo Bardon, jefe del bloque de La Libertad Avanza quien abogó por “agotar todas las instancias de discusión que sean necesarias”.

A su turno, el titular del bloque Juntos (UCR y PRO), Diego Rovella, dijo que “estamos analizando el proyecto pero en un principio estamos de acuerdo con el de bajar las alturas en el casco y jerarquizar las avenidas, pero tenemos que seguir analizando y escuchando todos los planteos”.

Por el momento, los emprendedores no se han pronunciado públicamente sobre la iniciativa oficial, aunque han dejado trascender a la prensa local fuertes cuestionamientos al considerar que el proyecto es excesivamente restrictivo y podría frenar la inversión en el sector. En ese misma línea, se expresó el Colegio de Arquitectos local desde donde, el miércoles último se difundió un comunicado, en el que se cuestionaron las medidas de suspensión de proyectos en marcha y la falta de participación para los representantes del sector en esta etapa del plan. Los profesionales advirtieron que: “la falta de previsibilidad, las trabas burocráticas y la sucesión de medidas restrictivas generan parálisis e incertidumbre, afectando seriamente la inversión y la actividad”.

En las últimas horas Resa y parte de su equipo de trabajo defendieron con énfasis el plan oficial en una charla brindada en el auditorio del Centro de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.

Días atrás, el titular del Concejo Deliberante, Marcelo Galland (Unión por la Patria), convocó a una instancia de participación ciudadana para recibir aportes y objeciones. “Se trata de informar a todos los vecinos y hacerlos parte en un debate tan importante”, dijo Galland a LA NACION; y aclaró que si bien “todos los aportes serán estudiados y tendrán su respuesta”, estos no tienen carácter vinculante. En tal sentido dijo que “los que se consideren relevantes serán incorporados”.

Apenas se conoció la convocatoria, se recibieron varias cartas con reclamos, objeciones y planteos, además del pedido de postergar el tratamiento y usar los mecanismos formales de participación ya existentes como las audiencias públicas. En una de las misivas, firmada por los colectivos Inundados La Plata, Defendamos La Plata, Nuevo Ambiente, Foro en Defensa del árbol, DNI (Defendamos Nuestra Identidad), SOS Adoquines y Proyecto Arbórea, se reclamó la postergación del tratamiento y la utilización de los mecanismos formales de participación ya existentes, como la audiencia pública.

Se señalaron “deficiencias técnicas” en la propuesta como la ausencia de “diagnóstico multidisciplinario sobre el casco urbano” y de un plan hidráulico regional para identificar adecuadamente el impacto sobre el futuro crecimiento urbano y de las cuencas de los arroyos”. A su vez, se considera que es necesario “conocer el estado, calidad y capacidad actual de las redes de infraestructura de agua potable, cloacas, electricidad, desagües pluviales, que validen y garanticen de forma eficiente un crecimiento sustentable e inclusivo”, indicaron los vecinos, para quienes “no hay fundamento suficiente” para justificar el cambio de indicadores de densidad que “reducen el espacio libre a un 20 por ciento del terreno del cual solo el 50 por ciento debe dejarse como suelo absorbente, no considerando que La Plata es una ciudad inundable. Con ello desaparece el llamado centro de manzana”, alertaron.

Asimismo, los reclamantes consideran que “ni los Consejos Consultivos ni las Juntas Comunales reemplazan la obligación del municipio de consultar a la ciudadanía” y que la convocatoria hecha desde el Concejo Deliberante “resulta insuficiente al limitarse a un proyecto ya elaborado y a observaciones parciales”, así lo expresó Marcelo Garofalo, titular de Nuevo Ambiente quien también recordó que la primera etapa ya aprobada del plan del Bicentenario “fue hecha a espaldas de la gente ya que no fue abierta ningún tipo de consulta pública”.

Por su parte, desde la Red de Casas Antiguas de La Plata, advirtieron que el cambio de código urbano podría acelerar la pérdida patrimonio local y cuestionaron la política oficial que, según su mirada, parece “concentrar todos los esfuerzos en conservar solamente los grandes palacios gubernamentales” dejando librado a su suerte al resto del rico acervo de la ciudad fundada por Dardo Rocha en 1882. ​​Señalaron que, aunque la actualización del catálogo de bienes patrimoniales -vigente desde 2006- ahora propuesta es necesaria, este instrumento por sí solo ha fracasado depreciando las propiedades y exponiéndolas a la voracidad del mercado inmobiliario”. Por ello, consideraron urgente elaborar un plan de acción que proteja el valor cultural, social e histórico de las viviendas patrimoniales.

En estos días quedó en evidencia la falta de políticas de protección del patrimonio platense. Ataúlfo Hernán Pérez Aznar, difundió una carta dirigida al intendente Alak reclamando por una supuesta promesa para la preservación de la casona donde funciona la biblioteca de su padre, Ataúlfo Serafín Pérez Aznar, destacado dirigente radical que fuera senador y ministro  de Educación bonaerense. La biblioteca, con más de 50.000 volúmenes, fue en su momento considerada una de las más importantes de América Latina. Según Pérez Aznar, una publicación de este cronista en LA NACION en mayo de 2022 sobre el deterioro del lugar generó inicialmente interés de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien habría instruido al gobernador Kicillof y al entonces ministro Alak para intervenir en su preservación. No obstante, a pesar del entusiasmo inicial, las acciones nunca se concretaron. “Mi sorpresa ha sido que después de manifestar un gran interés por esa preservación quizás, el tiempo que llevan las gestiones, el vértigo de la actividad política… los encuentros se fueron espaciando y la recuperación de la casona se quedó postergada”, se quejó PerezPérezr.