La imagen está partida en dos. A la izquierda, sobre un fondo azul, aparecen Donald Trump, Marco Rubio y el propio Peter Lamelas junto a la leyenda “tecnología confiable”. A la derecha, en rojo, Xi Jinping y Mao Zedong, bajo el rótulo “tecnología no confiable”. Abajo, en letras grandes, una frase resume el mensaje: “Lo barato a veces sale más caro”.

La publicó ayer en LinkedIn el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y es la última pieza de una campaña que Washington despliega desde hace semanas contra la tecnología china, con Huawei como blanco principal y las empresas argentinas como destinatarias. En la placa, la embajada cita dos artículos de la legislación china que obligan a las compañías a cooperar con los organismos de inteligencia y seguridad de ese país.

El conflicto escaló a comienzos de agosto, cuando trascendieron mensajes de WhatsApp en los que un funcionario de la embajada le pedía a un gerente de CALF, una distribuidora eléctrica de la Patagonia, que abandonara la negociación con Huawei para construir un data center en Vaca Muerta. En esos mensajes le advertía sobre eventuales restricciones de visado para los directivos que avanzaran con la tecnológica china. La cooperativa neuquina denunció una presión indebida y elevó el reclamo a la Cancillería, pero Lamelas ratificó por escrito que esa advertencia reflejaba la política oficial de Washington.

El 13 de agosto, ante empresarios en el summit de AmCham Energía, el embajador sostuvo que Huawei espía para el Partido Comunista Chino y que esa tecnología no ayudará a atraer inversores a Vaca Muerta. El 22 de agosto amplió la lista en X e instó a los países de América a reemplazar cuanto antes a proveedores como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI, porque dijo que la ley china los obliga a colaborar con los servicios de inteligencia de Beijing.

El 8 de septiembre sumó un informe de la Comisión Europea que considera a Huawei y ZTE proveedores de mayor riesgo para las redes 5G, y 10 días después acuñó la frase que hoy encabeza su placa, “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego”. Fue cuando comenzó en un tribunal federal de Brooklyn el juicio contra Huawei por presunto robo de secretos comerciales y evasión de sanciones contra Irán, un proceso que el embajador también difundió en sus redes.

La embajada china respondió a cada movimiento con comunicados de su portavoz. Cuando trascendió el episodio con CALF, acusó a Washington de impedir “de forma descarada”, mediante la revocación de visados, que una empresa argentina coopere con Huawei, y días después planteó que el mundo debía preguntarse si quiere libertad o “hegemonía y política de fuerza”. Tras el discurso en AmCham, calificó las acusaciones de “calumnia sin ningún fundamento” y rechazó el núcleo del argumento estadounidense. Aseguró que el gobierno chino “nunca pide ni pedirá” a las empresas que le entreguen datos en violación de las leyes locales, y sostuvo que la Argentina “no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras”.

Después del posteo del 9 de septiembre, la embajada comparó las advertencias con la “bolsa de detergente” que en el pasado se presentó como prueba de un arma de destrucción masiva, recordó el escándalo de espionaje estadounidense conocido como PRISM y cerró con un dicho, “el ladrón grita: ¡agarren al ladrón!”.

Huawei, por su parte, sostiene que es una empresa 100% privada, propiedad de sus empleados, con 25 años en el país y un historial impecable en ciberseguridad.

Las advertencias de Washington sobre los proveedores chinos abarcan varias administraciones. Lo que distingue a esta etapa es que la presión se ejerce a la vista, en discursos ante empresarios y en posteos con imágenes de líderes políticos, y con una herramienta concreta de disuasión, como la amenaza de restringir las visas de quienes hagan negocios con tecnológicas chinas. Ya en su audiencia ante el Senado, antes de asumir, Lamelas había prometido mantenerse firme contra la “influencia maligna” de China y otras potencias en la región.

El Gobierno no se pronunció públicamente sobre el cruce entre ambas embajadas, aunque sus decisiones van en la misma dirección. En agosto, la Secretaría de Energía reeditó en la licitación de la obra de transmisión eléctrica AMBA I una cláusula que impide que empresas controladas por Estados extranjeros actúen como contratistas principales, un filtro que en la práctica deja afuera a las compañías estatales chinas.

“La verdadera pregunta ya no es si la Argentina se va a convertir en una potencia energética. La pregunta es quién va a ser parte de esta transformación”, había planteado Lamelas ante los empresarios en agosto.