La Corte Suprema de Justicia, en un fallo dividido, dejó firme la absolución de Jorge Alberto Monforte, el psiquiatra que atendía a Mauricio Roza, el vecino de Palermo que en medio de un brote psicótico acuchilló y mató al inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Juan Pablo Roldán. El crimen ocurrió en septiembre de 2020 frente al Museo de Arte Latinoamericano (Malba), en Barrio Parque, Palermo.

El momento en el que apuñalaron a un policía en Palermo Chico

Así lo informaron a LA NACION fuentes del máximo tribunal. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto al conjuez Jorge Morán, entendieron que el planteo del Ministerio Público Fiscal era inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial y la presentación de la querella no cumplía con las formalidades de la acordada 4/2007.

En cambio, en minoría, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y la conjueza Carolina Robiglio votaron por hacer lugar al planteo de los acusadores, que pedían revocar el fallo y ordenar que se dicte una nueva sentencia.

Monforte, de 73 años, había sido absuelto en septiembre de 2023 por el juez juez Carlos Rengel Mirat, integrante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°28. Había sido juzgado por los delitos “abandono de persona seguido de muerte”, por el fallecimiento de su paciente y por el “homicidio culposo” del policía Roldán.

El imputado llegó a juicio con dos pedidos de condenas de las partes acusadoras: por un lado, el fiscal Sandro Abraldes pidió tres años de prisión y ocho años de inhabilitación al responsabilizarlo solo por la muerte del policía. Por su parte, la querella de la viuda de Roldán, a cargo de la abogada Ana Laura Palmucci, solicitó una pena de 10 años de prisión y otros 10 de inhabilitación, al considerar que el psiquiatra fue responsable de la muerte del uniformado y también de la de su paciente, Roza.

En cambio, el abogado Vadim Mischanchuk - el mismo que defiende a la psiquiatra Agustina Cosachov en la juicio por la muerte de Diego Maradona- pidió la absolución de su asistido.

Cuando la fiscal que instruyó la causa, Paula Asaro, elevó el expediente a juicio, le atribuyó a Monforte haber actuado entre el 18 y 28 de septiembre de 2020 “de forma negligente y en inobservancia” de sus obligaciones como psiquiatra respecto de su paciente, a quien atendía desde 2014 y a quien había diagnosticado con un “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo”.

Roldán estaba casado y era padre de un niño de cuatro años. Roza, de 51 años, murió pocas horas después como consecuencia de los disparos que hizo el uniformado en un vano intento de defensa.

Con víctima y victimario muertos, la jueza nacional en lo criminal y correccional Alejandra Provítola investigó si el agresor había recibido un tratamiento psiquiátrico. Roza, según la investigación, sufría de un “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo”.

El psiquiatra comenzó a atender a Roza en noviembre de 2014. Lo diagnosticó como un paciente con “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo” como así también con “incapacidad psíquica de más del 90% casi total y permanente desde el inicio del tratamiento. Le recetó, en febrero de 2015, el medicamento Lapenax, que contiene clozapina, droga utilizada en el tratamiento de la esquizofrenia en personas que han probado al menos otros dos medicamentos antipsicóticos a los que no respondieron bien, o que no toleran otros antipsicóticos debido a sus efectos secundarios.

En 2020, durante la propagación de la pandemia de Covid-19, las atenciones se discontinuaron. Las últimas veces que el médico vio a su paciente fueron el 8 de mayo y el 3 de julio de 2020. Los días 18, 21 y 25 de septiembre de 2020, los hermanos de Roza le avisaron al psiquiatra que había dejado de tomar la medicación recetada y que había tenido episodios de “descompensaciones psíquicas”, tales como “comenzar a hablar raro, realizar movimientos extraños, tener delirios de persecución”.

Cuando procesó a Monforte, la jueza Provítola explicó que el médico “no le brindó la atención, diagnóstico, seguimiento y control en el marco de su ministerio, limitándose a dialogar con el paciente por teléfono, y luego de ello explicarles a los hermanos de Roza que debía ingerir un comprimido diario de Lapenax y realizarse un hemograma, ya que “no lo había visto ‘tan mal’”, y que volvería a atenderlo el 2 de octubre , sin perjuicio de que el estado de salud psicofísica de dicha persona mejorara”.

El psiquiatra llegó a juicio y fue absuelto en primera y segunda instancia. “La Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal, le pidió a la Corte Suprema que revocara la decisión. Se sostuvo que el psiquiatra no solo incumplió su deber de actuar frente con la situación de urgencia que presentaba el paciente y estaba en su conocimiento, sino que además infringió la obligación de informarse respecto de los que se debía hacer en ese escenario. El profesional ‘desconocía las normas de la ley de salud mental’ como habría admitido al conversar con el hermano del paciente. Rosatti y Robiglio, siguiendo el dictamen de la Procuración, se pronunciaron en favor de revocar la sentencia, pero la mayoría integrada por Rosenkrantz, Morán y Lorenzetti sellaron la suerte del caso al rechazar los planteos del Ministerio Público y la querella", explicaron fuentes del máximo tribunal.