El femicidio de Rocío Belén Gómez, en la ciudad cordobesa de Santa María de Punilla, conmovió a la sociedad. Fue asesinada a puñaladas por su expareja Maximiliano Baudraco, quien ya tenía una condena a dos años de “ejecución condicional” por amenazas en un contexto de violencia familiar.

Este hecho puso de manifiesto la ineficacia de las medidas judiciales, puesto que, según indicó el Patronato del Liberado, Baudraco “no cumplía con las condiciones de su condena”, tal como la entidad informó al juez de ejecución, Facundo Moyano Centeno. Debía, además, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, hacer un trabajo de cuatro horas semanales en una institución de beneficencia, terminar estudios, completar una psicoterapia por violencia y adicciones y respetar una medida de restricción recíproca con su víctima, que no respetó. La falta de control judicial sobre sus salidas y restricciones es inconcebible.

El juez Moyano Centeno ya había protagonizado otra polémica similar por no haber hecho cumplir las condiciones de la prisión domiciliaria de Horacio Grasso, expolicía condenado en 2007 por el asesinato de un niño de seis años. Problemas de salud le valieron al victimario la prisión domiciliaria, revocada en dos ocasiones por violencia y por no haber respetado las normas. El Servicio Penitenciario reportó que infringió 250 veces las condiciones de su prisión. Moyano Centeno debió claramente haber revocado el beneficio de la prisión domiciliaria ante tantas advertencias, pero no lo hizo. El saldo habría sido trágico: Grasso está ahora imputado por la posible comisión de un homicidio calificado, agravado por violencia de género contra Milagros Basto, hallada muerta en el armario del departamento donde este hombre cumplía condena. En ese mismo inmueble también se habría registrado un abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y el suministro de drogas y alcohol, contra una mujer de su círculo cercano, hecho por el que Grasso será juzgado.

El Tribunal Superior de Justicia cordobés abrió un sumario contra el magistrado, pues claramente no podía pasar por alto las inconductas del condenado.

No se trata de los únicos casos de incumplimiento de la justicia. Tras ser denunciado dos años antes, Esteban Delgado fue imputado en diciembre de 2024 por abuso sexual agravado por el vínculo contra dos de sus hijas, una de las cuales fue asesinada en octubre de ese año. El juez le había fijado una prisión preventiva hasta diciembre de 2026, pero en agosto de 2025 la Cámara de Apelaciones de Rosario acortó el plazo, fijando su vencimiento para seis meses antes, en junio de este año. Para que Delgado siguiera preso, el fiscal Maximiliano Nicosia Herrero-que había formulado la imputación y logrado su detención- debió haber pedido una prórroga antes del vencimiento. Pero no lo hizo y no hubo entonces margen legal para negarle a Delgado la excarcelación.

Nicosia justificó que el 1° de junio el expediente ya había pasado al fiscal Javier Paz por cuestiones de reorganización interna y que la causa ya no era suya. Lo cierto es que la cuestión administrativa no exime de responsabilidades cuando el vencimiento de una prisión preventiva impone una obligación procesal indelegable.

La falla, aun cuando fuera involuntaria, existió y la víctima de 15 años se enteró de que su padre estaba libre cuando un vecino le comentó que lo vio en el barrio. Una prohibición de acercamiento anteriormente dictada por un juzgado de Familia permitió que Delgado volviera a quedar detenido.

La justicia no solo debe ser imparcial y oportuna, sino también correctamente ejecutada. Tan importante como la celeridad es la responsabilidad de los encargados de administrarla, ya que tienen en sus manos la confianza ciudadana. Cumplir con sus obligaciones, actuar con transparencia y evitar dilaciones innecesarias es parte esencial de su deber. Más allá de las responsabilidades individuales, un sistema judicial cuyos actores no honran sus compromisos erosiona la credibilidad institucional y deja a la sociedad desprotegida.