Felipe de Jesús Hernández Marcelo, de 28 años, sobrevivió a un robo violento en Iowa, pero días después terminó detenido por los agentes de inmigración. Su caso refleja lo que abogados migratorios señalan como una tendencia creciente: víctimas que, en vez de protección, enfrentan detención y posible deportación.

El caso de Felipe Hernández expone las grietas en la política migratoria

Hernández Marcelo fue víctima de un asalto en Muscatine, donde una pareja lo emboscó a través de Facebook y un joven armado le disparó en un brazo y una pierna. Tras ser operado en la Universidad de Iowa, quedó con una deuda de US$27.000. Aun así, al reclamar su auto y dinero confiscado en la comisaría, fue arrestado por una orden de tránsito y entregado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pese a promesas locales de no perseguir a víctimas, según relató a la Associated Press (AP).

Desde entonces permanece en la cárcel de Muscatine, que también funciona como centro de detención de ICE. Pasó los primeros cinco días sin medicación y declaró: “Estuve en una celda solo durante días. Se sintió como una eternidad”. Su abogada advierte que no recibe rehabilitación y que corre riesgo de perder movilidad permanente en la pierna.

Su hijo de nueve años quedó al cuidado de la abuela, que evita visitarlo por temor a las autoridades, mientras la familia se endeuda para afrontar los gastos.

Las víctimas en la mira tras el cambio de política

En enero, el ICE rescindió una política que había protegido a muchas víctimas de la detención y deportación. Desde entonces, el número de personas que solicitan visas que permiten a algunas víctimas y a sus familias permanecer en el país se desplomó.

Otras personas aún son detenidas mientras atraviesan el largo proceso de solicitud, informan en AP. “El nuevo escenario es lo normal. Sucede todos los días en cada ciudad. Cualquier contacto con autoridades locales o federales te pone en riesgo de detención”, dijo a la agencia el abogado retirado Dan Kowalski, experto en inmigración.

Según el Poole Law Center, estos cambios derivan de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump titulada “Protecting the American People Against Invasion”. Esa directiva eliminó la guía previa que instruía a ICE a considerar el estatus de víctima antes de iniciar acciones de detención o deportación, así como a solicitar tramitaciones rápidas para quienes aplicaban a beneficios migratorios basados en la victimización. El despacho de abogados detalla cuatro modificaciones clave en la práctica de ICE:

Menor peso al estatus de víctima: ya no existe la obligación de investigar activamente si una persona es víctima de un delito antes de proceder con una acción de cumplimiento.Fin de las tramitaciones rápidas rutinarias: la agilización de solicitudes de visas U, visas T o autopeticiones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) dejó de ser una práctica sistemática. Ahora se decidirá caso por caso.Mayor coordinación con agencias policiales: el ICE debe consultar con autoridades locales, estatales y federales, pero eso no garantiza suspender las detenciones.Revisión interna más estrecha: los oficiales deben consultar con la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA, por sus siglas en inglés) antes de actuar contra beneficiarios de visas para víctimas.

El Poole Law Center advierte que esto genera una “incertidumbre creciente” para quienes buscan protección: más riesgo de enfrentar procesos de deportación pese a ser elegibles, demoras más largas en las resoluciones y una mayor carga de prueba sobre los solicitantes para demostrar su victimización.

No obstante, subraya que estas órdenes ejecutivas no eliminan las protecciones legales creadas por el Congreso. Es decir, los marcos jurídicos siguen vigentes, pero el modo en que ICE ejecuta las detenciones cambia radicalmente.

La justicia federal cuestiona el encierro sin fianza

El 10 de septiembre, la jueza federal Rebecca Goodgame Ebinger dictaminó que la detención indefinida de Hernández era ilegal y le ordenó a ICE celebrar una audiencia de fianza en siete días. Señaló que el encierro prolongado le causaba un “daño irreparable”.

En su testimonio, Hernández pidió protección para su familia y resumió su miedo: “Vengo de un país donde se abusa del poder. No quiero que eso ocurra aquí”.