Diputados: por la reforma laboral, se estancan las negociaciones entre el oficialismo y la oposición en torno a la “Ley de Bases”
Las negociaciones en torno a la “Ley de Bases”, en su versión acotada, que mantienen el oficialismo y la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados se estancaron en las últimas horas. ...
Las negociaciones en torno a la “Ley de Bases”, en su versión acotada, que mantienen el oficialismo y la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados se estancaron en las últimas horas. El motivo: la insistencia del radicalismo de que se incorpore en el proyecto la reforma laboral, incluida la eliminación de la llamada “cuota sindical” que financia las arcas de los gremios.
El Gobierno, a instancias del bloque radical que conduce Rodrigo De Loredo, incorporó en el último borrador del proyecto una réplica -con algunas modificaciones- del capítulo de reforma laboral que está incluida en el decreto 70/23 que dictó el presidente Javier Milei en diciembre pasado y que, posteriormente, fue suspendido por la Justicia. El radicalismo, que considera que la reforma laboral debería viabilizarse por una ley, quiere dar una señal a las pequeñas y medianas empresas y comercios que demandan modificaciones en la ley de trabajo para flexibilizar las condiciones de contratación.
“El Gobierno se comprometió con nosotros (el radicalismo) que se incorporaría la reforma laboral en la nueva Ley de Bases. Con el bloque de senadores radicales presentamos un proyecto en ese sentido. Si finalmente no se incluye, no va a salir la nueva ley de bases”, advirtieron los radicales, tras lo cual se levantaron de la mesa de negociaciones que se desarrollaban en el despacho del presidente Martín Menem, presidente de la Cámara baja. El radicalismo, con 34 diputados, es un bloque clave a la hora de dar quorum en el recinto y para la aprobación en general del texto en el recinto.
Hace dos semanas y con la venia de la Casa Rosada, los radicales presentaron un proyecto de reforma laboral a incorporar en la Ley de Bases que, si bien toma varios aspectos del DNU 70/23 del Gobierno, propone ir más allá. Por caso, insiste en prohibir toda contribución que provenga de las convenciones colectivas de trabajo a favor del gremio correspondiente, tanto si se trata de afiliados como de no afiliados. Una estocada directa hacia la fuente de financiamiento de los sindicatos.
La CGT confiaba en que el Gobierno haría caso omiso a las pretensiones radicales; ése era, al menos, el compromiso de palabra que había recibido de sus interlocutores en la Casa Rosada, Guillermo Francos y Santiago Caputo, con quienes venían tejiendo lazos de negociación. Menuda fue su sorpresa cuando, el lunes último, leyeron el último borrador de la Ley de Bases que el Gobierno le remitió a los legisladores: allí no solo se incorporaba la reforma laboral sino, también, la cuestión espinosa de las cuotas sindicales.
En el texto el oficialismo no fue tan lejos como el radicalismo sobre este punto, pero aun así enfureció a los líderes cegetistas. Allí se establece que “sólo se podrá descontar a los trabajadores no afiliados (la cuota sindical) si hay consentimiento expreso de ellos” y aclara que “esta autorización podrá ser revocada”. “En ningún caso los empleadores estarán obligados a retener cuotas, aportes o contribuciones y depositar importes a más de un sindicato”, se agrega.
La furia de los gremialistas llegó a la Casa Rosada y a los despachos de algunos líderes opositores. Entre ellos al de Miguel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal. De inmediato Pichetto avisó que no acompañaría la incorporación de la reforma laboral a la Ley de Bases. “Cuando te sorprende un domingo por la noche el señor (Julio) Cordero, secretario de Trabajo, y vienen con 60 artículos (de la reforma laboral)... no, eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo’”, despotricó Pichetto ayer, en declaraciones radiales.
Cuando la ronda de negociaciones recomenzó en el despacho de Menem, Pichetto -acompañado por Emilio Monzó Florencio Randazzo- anticipó que aceptaría, eventualmente, incluir solo tres puntos de la reforma laboral: la creación de un fondo de cese laboral (al estilo Uocra); la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la extensión a ocho meses del período de prueba para los trabajadores con contratos de tiempo indeterminado.
“Estamos para votar una reforma laboral acotada sin incluir la cuestión sindical”, indicaron desde ese bloque. Es la misma postura de Pro. El bloque -representado por los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y Silvana Giudice- se retiró de la reunión con el oficialismo ante estas diferencias.
“El Gobierno debe arreglar esta situación interna y con los demás bloques. El Pro no puede seguir apoyando al Gobierno si ni los propios diputados libertarios ni el presidente de la Cámara están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”, trascendió desde el despacho de Ritondo.
Desde los bloques dialoguistas, sin embargo, aclaran que la actitud de Pro no obedeció tanto a las diferencias en torno a la reforma laboral sino más bien a la decisión de buena parte de las bancadas opositoras de reincorporar en el proyecto el capítulo que introducía una suba de los impuestos internos al tabaco. El Gobierno lo había incluido en la Ley de Bases original, en enero pasado, pero, llamativamente, lo excluyó de esta nueva versión.