WASHINGTON.- En uno de los fallos de la Corte Suprema norteamericana de mayor impacto político en lo que va del segundo mandato de Donald Trump, el máximo tribunal falló en contra este martes de la orden ejecutiva del presidente que limitaba la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos, un duro revés para una de las prioridades de la administración republicana en su estrategia migratoria.

La trascendental decisión de la Corte -con seis votos a favor y tres en contra- desestima así el decreto firmada por Trump al día siguiente de su regreso a la Casa Blanca, en enero del año pasado, que instruía a las agencias federales a que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre o madre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

La orden ejecutiva nunca llegó a entrar en vigor ya que fue bloqueada rápidamente por varios tribunales inferiores debido a que chocaba con la 14ª Enmienda de la Constitución —ratificada en 1868—, la cual estipula que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

En el escrito con la opinión mayoritaria de la Corte, su presidente, John Roberts, hizo referencia a un fallo de 1898 que reconocía que la 14ª Enmienda otorga la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, incluso a los hijos de ciudadanos extranjeros. Aquella histórica sentencia determinó que Wong Kim Ark —un hombre nacido en San Francisco e hijo de inmigrantes chinos— era ciudadano.

“No es de extrañar, pues, que en los 128 años transcurridos desde entonces hayamos entendido reiteradamente que la norma establecida en el caso ‘Wong Kim Ark’ garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción”, señaló Roberts. “No vemos motivo alguno para apartarnos de ese criterio hoy en día”, afirmó.

En el escrito, de unas 200 páginas, Roberts también señaló que existían “escasas pruebas” que respaldaran la “visión drásticamente revisionista” de la administración Trump sobre cómo interpretar la cláusula de ciudadanía.

“La ciudadanía, tanto entonces como ahora, consistía en el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los artífices de la 14ª Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribió Roberts. “Hoy mantenemos esa promesa”, añadió.

En caso de que hubiera sido respaldada por la Corte, la orden ejecutiva de Trump hubiera tenido amplias repercusiones políticas, económicas y sociales al modificar la definición de ciudadanía de la manera más significativa desde que se ratificó la 14ª Enmienda.

La administración Trump había apelado los fallos de los tribunales inferiores contra el decreto presidencial, al argumentar que la disposición de la 14ª Enmienda se había malinterpretado durante más de un siglo. El presidente también afirmó que restringir ese derecho era necesario para evitar lo que llamó el “turismo de nacimiento”.

El caso había pasado por una audiencia pública en abril en la sede de la Corte -a la que asistió Trump- y una sesión en mayo en la que los jueces del máximo tribunal escucharon los argumentos de las partes.

En ese momento, los altos magistrados parecían divididos entre dos preocupaciones: por un lado, estaban escépticos de que los jueces de distrito individuales pudieran tener el poder de congelar las acciones ejecutivas en todo el país, y, por otro, también parecían preocupados por la legalidad -y las consecuencias- de la orden ejecutiva subyacente al caso, una política que va en contra de más de 100 años de fallos de la Corte.

El presidente de la Corte y varios de los otros magistrados conservadores —entre ellos Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Clarence Thomas— habían cuestionado los argumentos del gobierno en defensa de la orden para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Según estimaciones, más de 250.000 bebés que nacen por año en Estados Unidos podrían haberse visto privados de la ciudadanía estadounidense en caso de que el decreto del presidente hubiera sido avalado por la Corte.

El caso por el que la Corte falló este martes -en su última sesión antes del receso veraniego- se derivó de una demanda colectiva presentada el año pasado en New Hampshire por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Desde que fue firmado, el decreto enfrentó rápidamente desafíos legales en cortes de todo el país, que pusieron el foco en que violaba la 14ª Enmienda.

Jueces de distrito de estados como Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia del decreto, por lo que el caso había pasado a ser clave en la agenda de la Casa Blanca. En esos estados, las demandas presentadas sostuvieron que el presidente no tenía la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva.

Los defensores de la ciudadanía por derecho de nacimiento lo destacan como una “piedra angular” de lo que significa ser norteamericano, parte del “espíritu nacional” del país como un lugar abierto a todos, “independientemente de su fe, raza o credo”.

Según una encuesta de abril de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, cerca de dos tercios de los norteamericanos opinaron que los bebés nacidos en Estados Unidos deberían obtener la ciudadanía automática.

El sondeo, sin embargo, mostró matices. Mientras que el 75% apoyó la ciudadanía automática para los bebés nacidos en EstadosUnidos de padres que estén en el país con visas de trabajo, solo un 50% la respaldó en casos en los que los progenitores se encuentren con estatus ilegal.