Los paros con suspensión de clases y el giro de fondos se convirtió esta tarde en el foco de la discusión entre el Gobierno y el mundo universitario, que se encamina a una nueva marcha planificada para el 12 de mayo próximo. Luego del comunicado del Ministerio de Capital Humano en el que se les exige a los rectores recuperar los días de clase perdidos en lo que va del cuatrimestre en función de las reiteradas medidas de fuerza y ante la amenaza de no enviar partidas a las universidades si no presentan un plan de contingencias para garantizar el acceso de los estudiantes a las clases, ahora distintos gremios que agrupan a trabajadores docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron que realizarán un nuevo para mañana, por 24 horas.

“En respuesta al provocador comunicado del Ministerio de Capital Humano del 27 de abril, que pretende restringir el derecho constitucional de las y los trabajadores a ejercer su derecho a huelga y transferirnos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, las organizaciones sindicales que nucleamos a docentes y no docentes hemos decretado un paro total de actividades en todos los ámbitos de la UBA para el miércoles 29 de abril”, señala el comunicado, firmado por el sindicato de docentes de la UBA (Feduba), la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Y sigue: “Desde el primer día de su mandato, el Gobierno inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas. En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo y de desaprensión, hoy solicita un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios. Mientras profundiza la crisis de la Educación Superior con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Además de anunciar el nuevo paro, exige el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y ratifica la convocatoria a la cuarta marcha federal. “Hoy, las instituciones universitarias se sostienen con el esfuerzo, el compromiso y la vocación de quienes trabajamos en ellas todos los días. El único plan de contingencia que requiere la educación universitaria es el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento que sancionó el Poder Legislativo y que confirmó el Poder Judicial, y que el Ejecutivo debe cumplir obligatoriamente en el contexto de funcionamiento democrático de las instituciones. Por eso es que hoy, más que nunca, ratificamos la convocatoria de la cuarta marcha federal del 12 de mayo, invitando a sumarse a toda la comunidad que comparte la convicción ideológica sobre la importancia de preservar y fortalecer esta institución central para el presente y el futuro de nuestro pueblo”, agrega.

Franco Bartolacci es rector de la Universidad de Rosario y presidente de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales. “Le pido cordura y sensatez al Gobierno, en un momento muy delicado, donde la situación es tan grave y tanta gente la está pasando mal. Y le sugiero que abandone la provocación y se aboque a resolver el problema, ya que es su responsabilidad, empezando por cumplir la ley, que hace más de 180 días que fue aprobada y, aun con fallo judicial favorable, el Poder Ejecutivo no la aplica", apuntó Bartolacci, y aclaró que sus declaraciones son a título personal.

“Las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6% desde 2023 a la fecha. Estamos en el punto de inversión más bajo de la historia, el 0,4% del PBI. Es insólito y algo perverso transferir solo la mitad de los recursos a las universidades y exigirles que el sistema siga funcionando como si nada estuviera pasando. Es el mundo del revés. El Gobierno en lugar de intimar debería reconocer el esfuerzo extraordinario que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes realizan en condiciones tan precarias para que las universidades sigan abiertas, sosteniendo todo lo bueno que sucede en el sistema universitario y científico y que tan bien le hace al país. El Gobierno, al no destinar el financiamiento que debe, está al margen de la ley. Si a alguien le cabe la responsabilidad por los problemas que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades en las casas de estudio de todo el país es, en primera instancia, al Poder Ejecutivo Nacional", detalló.

En diálogo con LA NACION, Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), sostuvo: “Esto es el colmo de los absurdos. El Gobierno que no está cumpliendo con la ley ni con la Constitución, no aplicando la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso Nacional, nos exige un plan de contingencia. Por eso tendremos un paro de 24 horas. Va a estar cerrada toda la Universidad de Buenos Aires, en repudio al comunicado, que enviaron desde el Ministerio de Capital Humano a cada universidad nacional. Es un chantaje lo que están haciendo, es una bravuconada, un apriete amenazando con no pagar, con no enviar los recursos para que la universidad pueda funcionar, cuando son ellos los que no permiten a las universidades funcionar como marca la Constitución porque no nos mandan los fondos necesarios y pulverizaron los salarios de trabajadores docentes y no docentes de una manera nunca vista, y también las becas estudiantiles".

Clara Chevalier, secretaria de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), explicó: “Desde la Conadu estamos de paro toda la semana, en reacción a la provocación de la nota que envió Capital Humano”. En un comunicado, la Conadu apunta: “Ante las amenazas del Gobierno, respondemos con unidad y lucha. Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito. La nota enviada a todas las universidades nacionales es de una enorme gravedad en términos de la ruptura institucional que significa. Al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que ya lleva 189 días, se suma la pretensión de perseguir a trabajadores y trabajadoras por ejercer el derecho constitucional a la huelga”. Y advierte que el texto supone un “desconocimiento del sistema. ¿No sabe la Ministra que desde 1918 las universidades argentinas son autónomas? Ustedes quieren destruir la universidad pública gratuita y de calidad que llena de orgullo a nuestro pueblo”, señala.

“Mañana vamos a responder con contundencia con un paro. Si alguien está poniendo en peligro el derecho a la educación de las y los estudiantes, es el gobierno nacional que nos somete a salarios de indigencia, que está produciendo un cientificidio con un ataque al sistema universitario y de ciencia y técnica, mientras más de 10.000 docentes ya han dejado las aulas. Venimos defendiendo que existan más de 50 universidades nacionales, públicas, gratuitas y de calidad reconocidas por los rankings internacionales y que forman el orgullo nacional”, dijo Mercedes Mendietta, de Conadu Histórica.

Este lunes, mediante una nota enviada a todas las universidades, la ministra Sandra Pettovello, les pidió a los rectores de las universidades una serie de ítems a informar: un “plan de contingencia”, una “garantía de acceso” que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdidas.

Haciendo foco en la falta de contraprestación por parte de las casas de estudio que llevan a cabo medidas de fuerza, señalaron que “el sostenimiento financiero del gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. Por lo tanto, sostuvieron que la situación reviste “especial gravedad”.

Horas después, llegó la respuesta del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación”, escribió con tono irónico. Según Yacobitti, las complicaciones que atraviesan las universidades se deben a que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Además, señaló que el oficialismo carece de un “plan educativo claro y consistente” y “desfinancia y desarticula el sistema”. El próximo 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria. La movilización tiene como objetivo reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La respuesta del Gobierno llegó vía Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, dependiente del ministerio de Pettovello. “Para la burocracia política de las universidades públicas, lo único importante es derrocar al Gobierno. Lo intentaron todo y lo seguirán intentando”, denunció. Y agregó: “Nunca vamos a dejar de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos”.