Los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, recibieron un nuevo revés en su estrategia para intentar salir de prisión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la defensa que cuestionaba una serie de presuntas irregularidades en el inicio de la investigación; si ese recurso hubiese prosperado, podría haber hecho caer toda la causa.

Entre otras cuestiones, en la presentación del abogado Hugo Tomei, que durante gran parte del proceso representó a los ocho jóvenes condenados por el homicidio, se denunció que ninguno de los imputados había conocido las pruebas de cargo y la imputación en el momento de su indagatoria.

“Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de los jóvenes condenados por el crimen de Báez Sosa, en donde ellos —como denunciantes— buscaban cuestionar una serie de presuntas irregularidades en el inicio del caso. Estos argumentos ya habían sido planteados por la defensa como parte de su estrategia, pero —en paralelo— radicaron una causa penal como acusadores”, informaron fuentes del máximo tribunal.

Tras el fallo de la Corte Suprema y consultado por LA NACION, Tomei dijo: “Era una medida esperable, sobre todo por cómo se vienen desarrollando todas las respuestas jurisdiccionales. Iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado argentino por el incumplimiento del servicio de justicia, por cuanto la denuncia contra los funcionarios judiciales no ha sido tramitada conforme a las disposiciones legales. Se está protegiendo a un sistema que es incapaz de juzgarse a sí mismo”.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comell y Matías Benicelli. Los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari los encontraron coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”, esto último, por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa.

Los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, fueron condenados a 15 años de prisión. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetua

Además de apelar las condenas (planteo que todavía debe resolver la Suprema Corte de Justicia bonaerense), la defensa había cuestionado distintos actos realizados durante la instrucción de la causa.

Tomei, en su presentación, también denunció que sus asistidos habían sido sometidos a firmar actas del expediente.

“Estos hechos fueron planteados en el marco del proceso penal, pero, independientemente, los jóvenes condenados hicieron una denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad. Allí fueron denunciados la fiscal que instruyó la causa, Verónica Zamboni, la defensora pública Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías de Dolores David Mancinelli, que fue quien dictó la prisión preventiva de los imputados”, explicaron fuentes de la CSJN.

“La denuncia penal fue desestimada por ausencia de dolo y se rechazó tomar declaración testimonial a los condenados en calidad de víctimas, así como una serie de medidas propuestas por el abogado que los representaba. En ese sentido, Tomei pidió la revisión de la decisión al superior del fiscal, con base en el artículo 290 del Código Procesal Penal bonaerense, pero este ratificó lo dispuesto. Eso motivó que el abogado presentara ante el juez Mancinelli —a quien recusó— un escrito en donde pedía que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento por entender que había sido arbitrario y se cancelaba el derecho de las víctimas a ser oídas por un juez imparcial. El magistrado rechazó la recusación y el planteo. La misma decisión tomó el Tribunal de Casación Penal bonaerense. En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso de queja, y en abril de 2026 denegó el recurso extraordinario. Ahora, los ministros de la Corte Suprema denegaron el planteo por falta de fundamentación autónoma, ya que el planteo no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada”, informaron desde el máximo tribunal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había intervenido en el caso Báez Sosa. A fines de abril pasado rechazó una serie de recursos de queja presentados por las defensas.

El máximo tribunal desestimó una presentación hecha por Tomei en representación de Comelli, Viollaz, Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi.

Tomei había llegado hasta la Corte Suprema con sus reclamos tanto por “violaciones constitucionales” como por “la falsedad de las actas de imputación”, entre otras cuestiones.

El máximo tribunal también rechazó un planteo presentado por el abogado Francisco Oneto, que ahora representa a Thomsen, porque el “recurrente” no había cumplido con una serie de requisitos formales relativos al procedimiento.

Las condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima —Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio— y las defensas de los ocho condenados.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.

Tomei, que ahora solo representa a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires en que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, para el que se prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.

Lucas Pertossi ahora es defendido por Ignacio Nolfi, defensor de Casación, que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.