WASHINGTON.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a colocar en el centro de la escena al exdirector del FBI, James B. Comey, al conseguir una nueva acusación formal en su contra, en un caso que vuelve a entrelazarse con la larga disputa política que mantiene con el presidente Donald Trump.

La imputación, presentada por un gran jurado federal en Carolina del Norte, marca un nuevo capítulo en una serie de intentos por llevar a juicio a uno de los críticos más visibles del mandatario.

Aunque los cargos específicos no fueron detallados de inmediato, personas familiarizadas con la investigación señalaron que la causa se origina en una publicación realizada por Comey el año pasado en redes sociales. La imagen mostraba conchas marinas acomodadas sobre una playa formando la frase “86 47”, una combinación que generó controversia por su posible interpretación. Trump es el 47º presidente de Estados Unidos, mientras que “86” es una expresión coloquial que puede significar “deshacerse de” alguien, pero que también, en ciertos contextos, se asocia con la idea de matar.

La publicación fue eliminada poco después de ser difundida, tras una oleada de críticas desde sectores cercanos al gobierno. En ese momento, Comey sostuvo que no había percibido ninguna connotación violenta y que interpretó la formación como un “mensaje político”. “No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia”, escribió, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier forma de agresión.

Sin embargo, la reacción en el entorno del presidente fue inmediata. Donald Trump Jr. acusó públicamente a Comey de “pedir el asesinato” de su padre, mientras que el propio Trump afirmó que el exfuncionario “sabía exactamente lo que significaba”. Las declaraciones escalaron el episodio y derivaron en la intervención del Servicio Secreto, que entrevistó a Comey tanto por teléfono como de manera presencial para evaluar el alcance de la publicación.

En un primer momento, el Departamento de Justicia optó por no avanzar con cargos, pero el caso fue reabierto en los últimos meses en medio de una renovada presión política. La nueva acusación se produce luego de un intento anterior que había fracasado: en septiembre, Comey fue imputado por presuntamente mentir al Congreso, en relación con su testimonio sobre la investigación del FBI acerca de los vínculos entre la campaña de Trump en 2016 y Rusia. Ese proceso fue finalmente desestimado por un juez, quien consideró que el nombramiento del fiscal a cargo no se ajustaba a la ley.

El trasfondo político del caso es ineludible. Trump reclamó durante años que Comey sea procesado, en una disputa que se remonta a 2017, cuando el entonces presidente lo despidió en medio de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones. Desde entonces, el exdirector del FBI se convirtió en una figura central en las críticas al mandatario y en un símbolo de la confrontación entre la Casa Blanca y sectores del aparato institucional.

La insistencia del Departamento de Justicia en avanzar con nuevas acusaciones, incluso después de reveses judiciales, alimenta las sospechas de los defensores de Comey, quienes sostienen que existe una motivación política detrás de los procesos.

Expertos legales ajenos al proceso también señalaron que probar una amenaza criminal basada únicamente en una publicación ambigua representa un desafío significativo, dado el alto estándar requerido por la ley para este tipo de delitos.

El caso se inscribe además en un contexto más amplio de investigaciones dirigidas contra figuras que han estado vinculadas a indagaciones sobre Trump. Entre ellas se encuentra el exdirector de la CIA, John Brennan, otro de los funcionarios que participaron en las pesquisas sobre la interferencia rusa y que actualmente también está bajo escrutinio.

A la par de estos movimientos judiciales, también surgieron controversias colaterales, como el despido de Maurene Comey –hija del exdirector del FBI– de su cargo como fiscal federal en Nueva York, donde había trabajado en casos de alto perfil como los de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. La exfiscal presentó una demanda contra el gobierno, alegando que su salida respondió a represalias vinculadas a la figura de su padre.

Agencia AP y diarios The New York Times y Washington Post