La Jefatura de Gabinete amplió en $500.000 millones el monto destinado al pago de deudas previsionales. La medida fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y, además, introdujo cambios en partidas presupuestarias de distintas áreas del Estado nacional.

La decisión, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso un refuerzo presupuestario para afrontar retroactivos derivados de ajustes en prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la Anses.

La norma estableció específicamente el aumento del tope fijado originalmente por la Ley de Presupuesto 2026 para ese fin. De acuerdo con la nueva normativa, el límite para atender esas obligaciones pasó de $212.288 millones a $712.288 millones. El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de cubrir retroactivos originados por reajustes previsionales.

A su vez, la decisión administrativa incluyó una redistribución de partidas entre organismos del Estado. Las planillas anexadas a la normativa muestran, entre otros, un refuerzo superior a los $115.194 millones para actividades centrales del Poder Judicial de la Nación.

En paralelo, también se asignaron $22.000 millones para la Corte Suprema bajo el programa “Justicia de Máxima Instancia”, destinados a, entre otras cosas, bienes de uso y adquisición de equipamiento informático.

La redistribución incluyó, al mismo tiempo, reducciones en distintas áreas del Congreso y otros organismos vinculados al Poder Legislativo. Entre ellas aparecen recortes en programas de formación y sanción de leyes nacionales, publicaciones parlamentarias, asistencia social del personal legislativo y áreas vinculadas a derechos humanos y comunicación audiovisual.

La decisión administrativa incorporó también cambios vinculados con la estructura de personal de distintos ministerios y organismos descentralizados. Entre ellos, ocho agentes de planta permanente fueron transferidos desde la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

También se oficializó la transferencia de un agente desde el Ministerio de Defensa al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, organismo descentralizado de esa cartera. Otra de las modificaciones contempló el traspaso de un trabajador del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Seguridad Nacional.

En el ámbito del Ministerio de Economía, la adecuación presupuestaria reflejó movimientos internos de personal relacionados con la Secretaría de Trabajo y con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). La normativa detalló la transferencia de un agente desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hacia Economía y el pase de tres agentes desde la Secretaría de Minería al Segemar.

El texto oficial afirma que la decisión administrativa entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial este 11 de mayo y que esta acción forma parte de las facultades de reestructuración presupuestaria que el Poder Ejecutivo puede aplicar durante el ejercicio fiscal.