El anunciado desembarco en los tribunales federales del nuevo sistema procesal que le da más poder a los fiscales sobre los jueces contempla un financiamiento de al menos 200 millones de dólares previstos por el Banco Internacional de Desarrollo (BID).

En en el corto plazo, la iniciativa contempla una inversión solo en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 que se aplicará en tecnología, salas de audiencias y herramientas para la investigación judicial, dijeron a LA NACION altas fuentes del Gobierno.

Sin embargo, el diagnóstico del Gobierno es lapidario sobre la eficacia de la justicia federal. Dicen en el Ministerio de Justicia que entre 2022 y 2023 se dictó sentencia en apenas el 0,4 por ciento de los casos de narcotráfico complejos.

La Plata, Tucumán, Posadas y General Roca no dictaron ni una sentencia. En Tucumán, por ejemplo, no hubo condenas por corrupción ni trata de peronas en todo 2023.

Los anuncios de inversión no alcanzan para calmar la desconfianza de los fiscales, que por un lado reclaman recursos y por otro que se cubran las vacantes, dijeron funcionarios del ministerio público a LA NACION.

En los tribunales hay quienes tienen una mirada conspirativa. Son los que creen que el cambio procesal oculta alguna intención de hacer fracasar las investigaciones de corrupción.

“No hay peor corrupción que dejar la investigación de la corrupción en manos de un organismo ineficaz”, dijo a LA NACION un experimentado fiscal que lidera una suerte de resistencia en la sombras.

Otra es la actitud de sus colegas más jóvenes, como los fiscales federales Paloma Ochoa o Alejandra Mángano. Ambos participaron la semana pasada de las capacitaciones del Ministerio de Justicia en Mar del Plata, donde hicieron simulacros de juicios y recrearon audiencias como las que deberán protagonizar desde el 11 de agosto, cuando se ponga en marcha el sistema en Comodoro Py 2002.

Franco Picardi integra este grupo de los entusiastas del sistema. Comparte con sus colegas la idea de que los recursos técnicos, de capacitación, de personal son indispensables para el funcionamiento del sistema pero confía en el salto de calidad que implica el acusatorio.

Se prevé una reunión de fiscales de Comodoro Py para la semana próxima, liderada por el fiscal Carlos Rívolo. La idea es debatir las ventajas del sistema y las necesidades de los fiscales. Hay muchas incógnitas, por ejemplo quién será el fiscal coordinador o los fiscales coordinadores que den instrucciones para desestimar o no un caso, según un criterio normado.

Hay dudas y no hay mucha información.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo del procurador Eduardo Casal, está elaborando un diagnóstico de Comodoro Py 2002, con la cantidad de causas y el grado de relevancia institucional para hacer una evaluación de qué recursos se necesitan.

Está previsto en la ley que la falta de vacantes entre los empleados de las fiscalías se cubra con la migración de empleados del Poder Judicial, pero ahí también hay resistencias porque temen que los recién llegados, con un cargo superior, sean un “tapón” en la carrera profesional de los que ya están.

Se anunció ayer la puesta en marcha de nuevo sistema acusatorio en Mar del Plata. Medido, sin estridencias, Casal dijo lo que piensan los fiscales: que sin plata esto no puede funcionar. Dijo que hicieron malabares para “superar las marcadas carencias presupuestarias, de recursos técnicos, edilicios y humanos”. Su mensaje fue escuchado por los minstros Mariano Cúneo Libarona (justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), con los que compartió escenario.

Reconoció Casal que con el apoyo el Ministerio de Justicia pusieron en marcha en cada jurisdicción un software para abrir celulares de sospechosos con computadoras potenciadas, pero dijo que ello “no quita el deber institucional de poner de resalto la insuficiencia de los recursos disponibles”.

“Se hizo saber en más de una ocasión, cada vez que se lo consideró oportuno que hace falta plata. Es decir que son necesarios los recursos para el éxito del sistema”, reclamó el procurador.

En el Gobierno, en tanto, hay gran entusiasmo. Por lo pronto, se adecuarán cinco o seis salas de audiencias en Comodoro Py 2002, pues se dejará de lado el expediente de papel y todo el trámite será oral, público y registrado en soporte audiovisual.

Advierten en el Ministerio de Justicia que la implementación será gradual y por etapas.

Para todo el sistema, en todas las jurisdicciones del país, la inversión prevista es de 200 millones de dólares financiados con un crédito el BID, dijeron en el Gobierno.

Siguiendo al Centro de Estudios de Justicia de la Américas (CEJA) evaluaron que el índice del ingreso de casos por día por fiscal en Comodoro Py 2002 es de 0,83. Es decir, menos de un caso por día. Y que eso incluye a las denuncias fantasiosas que se desestiman de inmediato, que constituyen el 70 % de los casos de Comodoro Py 2002, dijeron a LA NACION especialistas del Ministerio de Justicia con este estudio en la mano.

Indicaron que se prevé que cada fiscalía actual pueda contar además con auxiliares fiscales, de mínima dos, para que puedan asistir a diario a las audiencias donde expondrán sus casos ante los jueces, que serán ahora como árbitros, jueces de garantías que definirán en audiencias públicas entre la prueba que le acerque el fiscal y los argumentos de los defensores.

Hay dos “órganos” sensibles del nuevo sistema: la Unidad fiscal, que es comandada por un fiscal coordinador y de ella dependen la fiscalías de casos sencillos, de casos complejos, o de casos residuales.

Y el otro órgano es la Oficina Judicial, un área administrativa que se encarga de fijar las audiencias, citar testigos, encargarse de la custodia de los efectos. De esta oficina judicial depende además el sorteo de cada juez que intervenga en cada incidencia. Estos jueces estarán en una “bolsa” y serán asignados para cada audiencia por esta oficina.

Los resquemores entre los jueces de Comodoro Py obligan a pensar en tres oficinas: una de jueces de garantías, otra de la Cámara Federal y otra de los jueces de juicio oral. Nadie quiere perder su estatus ni su estructura.

Un estudio de las condenas de 2023 de la Justicia federal que hizo el Ministerio de Justicia concluyó que solo el 3,24 por ciento de los expedientes es por delitos complejos, como trata corrupción, lavado o armas. El resto, un 96,7 por ciento, es por otros delitos, lo que habla de la falta de efectividad del sistema.