La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, rechazó el pedido de las centrales obreras para que la convocatoria al Consejo del Salario, prevista para el viernes próximo, se realice de manera presencial. El encuentro, del que participan representantes empresarios y sindicales y que sirve para pactar de acuerdo a como se establece por ley el salario mínimo, vital y móvil, se desarrolla virtual desde la pandemia por el coronavirus.

La decisión de Cordero de no acceder al pedido de las centrales obreras obedecería a que el funcionario quiere evitar una protesta de los militantes gremiales en la sede de su secretaría, según deslizaron fuentes oficiales y sindicales a LA NACION. Además, el secretario de Trabajo tomó nota de que en los últimos encuentros hubo cruces tensos y el acuerdo por el salario mínimo siempre estuvo lejos, por lo que siempre el aumento se fijó mediante laudo presidencial.

La decisión de mantener la virtualidad del encuentro no fue aún oficializada a los gremialistas ni a los empresarios. Sin embargo, de manera informal, ya se les comunicó que se mantendrá tal cual fue convocada. Ante esta situación, en la CGT pusieron en duda la participación de sus representantes.

“Hoy se prioriza la virtualidad por su mayor transparencia institucional en los actos administrativos formales”, argumentaron fuentes de la Secretaría de Trabajo.

Cordero, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, no logró recomponer su vínculo con los sindicalistas tras lo que fue la discusión por la letra chica de la reforma laboral, que se aprobó en el Congreso el 28 de febrero último. Las tensiones también se extendieron hacia el sector empresario en sintonía con los cruces retóricos que los principales miembros del Gobierno, como el presidente Javier Milei o el ministro de Economía, Luis Caputo, tienen periódicamente con los hombres de negocios, sobre todo con los industriales. Cordero, que fue histórico abogado del Grupo Techint y que asesoró a La Libertad Avanza antes de asumir en la cartera laboral, hace equilibrio en medio de estos tironeos.

El salario mínimo se encuentra actualmente en $376.600, tras ser fijado por decreto en noviembre de 2025. Se calcula una pérdida de su poder adquisitivo superior al 40% durante la gestión de Milei. El sector sindical insiste en que el salario mínimo debe avanzar hacia el valor de la Canasta Básica Total (CBT). En julio de 2026, según el INDEC, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para cubrir la CBT.

La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

La semana pasada, al oficializarse la convocatoria al Consejo del Salario, las centrales obreras presentaron un pedido al Gobierno para que el encuentro fuera presencial.

El pedido, al que accedió LA NACION y que lleva el título “Por una discusión real del salario mínimo, vital y móvil en Argentina”, argumenta que la definición del piso salarial y de las prestaciones por desempleo “requiere un ámbito que garantice el intercambio directo, la negociación efectiva y la participación plena de los sectores que integran este espacio”. Además, la CGT advirtió que “las experiencias recientes evidenciaron sus limitaciones para garantizar un intercambio genuino” y que, de no modificarse la modalidad, solicitarán “que se convoque a la brevedad una nueva instancia presencial”.

Antes de la cita con los empresarios y sindicalistas por el salario mínimo, el Gobierno, en su rol de empleador, llamó para este martes a los dos gremios estatales para negociar la paritaria de la administración pública nacional.

La convocatoria a los gremios de ATE y UPCN se concreta después de que Milei se haya jactado, el jueves y viernes pasado, de haber reducido la planta de empleados del sector y haber bajado el poder adquisitivo de los estatales. El Presidente hizo mención a los salarios al defender su gestión económica y afirmar que la caída salarial, según su visión, solo alcanzaría a los estatales. Según los gremios del sector, la caída superaría el 40% desde 2023 a la actualidad.

En la previa, la ATE anticipó su postura y reclamará una suma fija de $400.000 para recomponer el poder adquisitivo perdido y aumentos en línea con la inflación.

“Si el Gobierno insiste con ponerle tope a las negociaciones, será imposible lograr un entendimiento. Para empezar a recuperar parte de los salarios perdidos, se necesita iniciar un proceso sostenido de incrementos porcentuales que se ubiquen por encima de la inflación”, dijo Rodolfo Aguiar, jefe de ATE.