El nombramiento de dos jueces en la Corte Suprema por decreto de Javier Milei y la jura de Manuel García-Mansilla podrían acelerar los tiempos políticos en el Senado. En algunos despachos de la oposición dialoguista ya se analiza la posibilidad de pedir una sesión especial para la semana próxima con el objetivo de “ponerle un punto final” a la polémica y someter “a suerte y verdad” los pliegos de Ariel Lijo y del catedrático y flamante miembro del alto tribunal.

“El miércoles hay que pedir sesión para esa misma semana; es nuestra función discutirlos y hay vocación de tratar los pliegos”, anticipó a LA NACION un senador opositor que consideró “al filo de la Constitución” la designación de Lijo y García-Mansilla, pero que se resistió a adelantar cómo votaría las nominaciones ante la eventualidad de que lleguen al recinto de la Cámara alta.

Por lo pronto, el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) fue el primero en anunciar que pedirá una sesión para discutir los pliegos del Poder Ejecutivo que el Senado tiene en tratamiento desde mayo del año pasado.

Como el inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso se producirá el sábado y los dos primeros días de la próxima semana son feriados, por el carnaval, los legisladores están obligados a tener que esperar hasta el miércoles para materializar su presentación.

El pedido del radical Blanco no sería el único. En el bloque de Pro también se empezó a analizar, aunque todavía de manera informal, los pasos a seguir tras la designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto del Poder Ejecutivo. “Creo que hay que tratar los dos nombramientos y ponerle un punto final a esto: si tiene los 48 votos, pasa; si no, mala suerte”, le dijo a LA NACION un miembro de la escudería amarilla de la Cámara alta.

“Deberían pedirlo todos los bloques”, opinó una senadora radical, que también quiere que el Senado defina la cuestión. “Si fuéramos astutos, el pedido de sesión especial lo tendrían que firmar todos los bloques”, sumó su punto de vista otra legisladora que ha votado muchas de las propuestas legislativas del Gobierno, pero que considera un despropósito el paso dado por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, el bloque kirchnerista de Unión por la Patria rechazó “de manera categórica” la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla por considerarla “una maniobra que viola de manera tajante la Constitución Nacional y la normativa vigente”.

No obstante, hasta el momento, el kirchnerismo, la principal bancada de oposición de la Cámara alta no se pronunció por pedir el tratamiento de los pliegos. De todas formas, el bloque que conduce José Mayans (Formosa) reivindicó su advertencia de rechazar al candidato que acepte asumir la magistratura por decreto.

“Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas”, sostiene el párrafo más sustancioso del comunicado de Unión por la Patria.

No obstante, en varios despachos de la oposición dialoguista consultados por LA NACION manifestaron sus suspicacias por el mutismo que ha mantenido Cristina Kirchner desde que se confirmó la designación por decreto de dos jueces en la Corte Suprema. “No encontré todavía el tuit con el ‘Che Milei’”, deslizó, con ironía, un senador radical en alusión a los últimos pronunciamientos públicos de la presidenta del PJ contra el Gobierno.

Según el Reglamento del Senado, la palabra final a la hora de llamar a una sesión especial la tiene la presidencia del cuerpo, es decir, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Sin embargo, como ya ocurrió con el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/23, si el pedido cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques, lo que se configuraría si lo piden Unión por la Patria, la UCR y el Pro, el margen de Villarruel para desatender el reclamo se vería reducido de manera sustancial. Eso sí, siempre tendrá la facultad de fijar el día y la hora de la reunión.

Por lo pronto, el apoyo que podrían tener ambas nominaciones en una eventual sesión permanece todavía en un cono de sombras. A priori, pareciera que ninguno de los dos candidatos tendría asegurado los dos tercios.

En la conducción del bloque kirchnerista aseguran que tienen los 25 votos que se necesitan, uno más de los dos tercios del total de miembros de la Cámara alta, para rechazar ambas nominaciones. Pero desde la misma bancada de Unión por la Patria hay quienes sostienen que los números que dice tener Mayans no son reales.

Un conteo rápido muestra que al menos una decena de senadores de la bancada kirchnerista está dispuesta a apoyar a Lijo. Esto dejaría 24 votos en contra de la nominación. Esta cifra ascendería a unos 32 legisladores si se cuentan los miembros de la UCR, el Pro y fuerzas menores que han manifestado su desacuerdo con la nominación del todavía juez federal. La resistencia a García-Mansilla sería mayor.

Con estos números, tal vez la salida que le quede al Poder Ejecutivo sea pedir el retiro de los pliegos para evitar, así, que puedan ser rechazados por la Cámara alta. Si lo hace, será motivo de otra polémica, ya que hay quienes sostienen que retirar las nominaciones es un derecho del Poder Ejecutivo. El Reglamento es claro: el retiro debe contar con la aprobación del pleno y, por lo tanto, podría ser rechazado.