Nueve figuras políticas de origen latino vinculadas al Partido Demócrata en el sur de Texas comparecieron ante la Justicia para responder a acusaciones de fraude electoral. El caso, impulsado por la oficina del fiscal general estatal, Ken Paxton, generó un intenso debate sobre si se trata de una investigación legítima o de un intento de intimidación y supresión del voto en comunidades con mayoría hispana.

En Texas: quiénes son los nueve acusados de fraude electoral

Las imputaciones se hicieron públicas en julio, cuando un jurado del sur de Texas, en coordinación con la fiscal de distrito republicana Audrey Gossett Louis, presentó cargos contra nueve personas por fraude electoral. Seis comparecieron presencialmente en la corte de Pearsall, mientras que tres lo hicieron por videoconferencia, entre ellos el principal acusado, Juan Manuel Medina.

Uno por uno, estos son los nueve acusados:

Juan Manuel Medina: expresidente del Partido Demócrata del condado de Bexar, cuarto más grande del estado, y actual jefe de gabinete de la representante estatal Elizabeth Campos. Enfrenta dos cargos de “vote harvesting” por, supuestamente, haber ofrecido beneficios o pagos a dos personas en nombre de la excandidata Cecilia Castellano.Cecilia Castellano: excandidata a un escaño en la Cámara de Representantes de Texas. Figura como beneficiaria de las acciones que se le imputan a Medina.Raul Carrizales: comisionado del condado de Frio, acusado de participar en esquemas de recolección de votos a cambio de compensaciones.Mary Ann Obregón: exalcaldesa de Dilley, señalada por su presunta implicación en la entrega de boletas de terceros.Inelda Rodríguez: exintegrante del Concejo Municipal de Dilley, también involucrada en las acusaciones.Davina Treviño: excandidata al Concejo Municipal de Pearsall, con cargos relacionados con la recolección de boletas.Mari Benavides: miembro de la junta escolar del distrito de Pearsall, acusada de participar en actividades de “ballot harvesting”.Susie Carrizales: activista local, imputada por presuntamente recolectar votos a cambio de beneficios.Rachel Leal: otra activista comunitaria, señalada por su supuesto rol en la entrega ilegal de boletas.El origen de las acusaciones de fraude electoral en Texas

El fiscal general Ken Paxton, uno de los referentes más conservadores del Partido Republicano en Texas, lanzó su “unidad de integridad electoral” con el objetivo de investigar presuntos casos de fraude en enclaves latinos cercanos a San Antonio y en otras áreas del sur del estado, según indicaron desde The New York Times.

De acuerdo a Paxton, las indagaciones apuntaron a funcionarios y operadores políticos que habrían incurrido en “ballot harvesting” (recolección y entrega de boletas de voto por correo a centros de votación o buzones oficiales) para favorecer a candidatos locales.

En la mayoría de los estados, esta práctica es legal e incluso promovida por ambos partidos, pero en Texas fue prohibida en 2021, cuando el gobernador Greg Abbott firmó una ley que castiga con cargos penales a quien entregue boletas en nombre de terceros. La norma ahora es cuestionada en los tribunales por inconstitucionalidad.

Por su parte, Paxton defendió el operativo al afirmar que “la integridad de las elecciones es la base de la democracia” y que "cualquier funcionario que intente hacer trampa tendrá que rendir cuentas”.

Sin embargo, líderes comunitarios como Gabriel Rosales, director en Texas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés), sostuvieron que las imputaciones representan “un ataque directo a la democracia” y una maniobra para intimidar a votantes y activistas.