Un tribunal federal frenó de manera temporal la construcción de infraestructura fronteriza impulsada por la administración de Donald Trump en el sector de Big Bend. La orden fue emitida el 2 de octubre por la jueza Kathleen Cardone, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, División de El Paso.

Muro fronterizo: qué obras quedan frenadas en Big Bend por la orden judicial

La resolución concedió el interdicto preliminar solicitado por los demandantes, entre ellos Friends of the Ruidosa Church, el Center for Biological Diversity y Billy Miller, un guía fluvial y propietario de tierras de la región.

La jueza consideró que quienes presentaron la demanda tienen probabilidades de prevalecer en al menos uno de sus reclamos.

“Existe la probabilidad de que sufran daños graves e irreparables sin una medida cautelar”, señaló Cardone. “El sopesamiento de los intereses de equidad y el interés público se inclinan a su favor”, agregó.

La orden estableció que las obras deben permanecer suspendidas mientras el proceso continúa y hasta que el tribunal disponga otra cosa.

Esta medida impide que el gobierno federal construya barreras fronterizas, carreteras u otras instalaciones vinculadas al proyecto, además de prohibir actividades de construcción o modificación del terreno en el sector de Big Bend mientras no se cumplan las normas correspondientes.

El tribunal también suspendió temporalmente las denominadas “Big Bend Waivers”, un conjunto de exenciones utilizadas por las autoridades para dejar sin efecto determinadas exigencias legales relacionadas con cuestiones ambientales, culturales y de conservación.

La zona alcanzada por la decisión comprende 517 millas (832 kilómetros) de frontera en Texas e incluye sectores del Parque Nacional Big Bend, terrenos estatales y propiedades privadas próximas al límite con México, según lo retomado por AP News.

Muro de Trump: los argumentos ambientales y legales de los demandantes

La acción judicial sostuvo que la construcción puede afectar corredores utilizados por la fauna, sitios arqueológicos, recursos culturales y propiedades particulares. Los demandantes también señalaron que las características geográficas de Big Bend, como sus montañas, cañones y el Río Grande, ya representan una dificultad para los cruces no autorizados.

Friends of the Ruidosa Church planteó además que la infraestructura proyectada podría modificar el acceso al río y alterar vínculos económicos, culturales e históricos existentes en la región fronteriza.

Los grupos que se oponen al proyecto también cuestionaron la necesidad de levantar barreras físicas en un sector que registra uno de los niveles más bajos de cruces de la frontera suroeste.

Según la información presentada en el litigio, el sector registró 3096 aprehensiones durante el año fiscal 2025, equivalentes al 1,3% del total registrado en la frontera suroeste. Los opositores utilizaron esa cifra para cuestionar la necesidad de las obras previstas.

“Es un momento crucial para Big Bend, pero el caso aún no ha terminado”, dijo la organización No Big Bend Wall en Facebook tras conocer la suspensión temporal del proyecto de Trump.

“Por ahora, sin embargo, las excavadoras permanecen detenidas, y no podríamos estar más entusiasmados por ello. Estamos profundamente agradecidos a todos los que luchan por proteger este paisaje, sus comunidades, su vida silvestre, su río y su futuro”, agregó.

En qué consiste el proyecto fronterizo de Trump

El plan forma parte de una iniciativa federal de US$46.000 millones que contempla muros de acero de 30 pies (nueve metros), barreras para vehículos, caminos destinados a patrullaje y sistemas tecnológicos de vigilancia a lo largo de la frontera sur.

En Big Bend se proyectaron distintos segmentos de infraestructura, entre ellos figuran:

Obras en el condado de Hudspeth.Un tramo de aproximadamente 62 millas (99 kilómetros) entre Ruidosa y Madera Canyon.También se contemplaron trabajos dentro del Parque Nacional Big Bend y en sectores cercanos a los cañones inferiores del Río Grande.

Los planes incluyen movimientos de tierra, excavaciones, nivelación, caminos de patrullaje, áreas de almacenamiento, torres, iluminación y sistemas de detección. Parte de las obras fue acompañada por las exenciones legales que ahora quedaron suspendidas por decisión judicial. La resolución no decide el fondo de la demanda y seguirá vigente hasta que el tribunal la modifique o levante.