MADRID.- El gobierno de España aprobó hoy en el Consejo de Ministros la regularización masiva de inmigrantes con algunas modificaciones sobre los antecedentes penales de los beneficiados que fueron sugeridas por los técnicos tras una revisión exhaustiva del del decreto firmado por Pedro Sánchez. El visto bueno a la medida, que no pasará por el Congreso, será la luz verde para una avalancha de pedidos de residencia que se esperan recibir a partir de los próximos días y podría abarcar a unas 850.000 personas, entre ellos, miles de argentinos que viven sin papeles.

Las medida plantea que pueden ser beneficiarios de la residencia en España aquellos extranjeros que, al 1 de enero de 2026, llevaran por lo menos cinco meses en el país. Tendrán que acreditar, además, algunas de estas tres condiciones: una vinculación laboral, tener algún familiar como residente o encontrarse en situación de vulnerabilidad social. Por último, los extranjeros deberán presentar un certificado de antecedentes penales que acredite que no han cometido delitos en los últimos cinco años en su país de origen.

Esta última medida fue modificada a pedido del Consejo de Estado, que revisó el texto original enviado por el gobierno, para endurecer las condiciones. Los extranjeros tendrán un plazo de un mes para conseguir el certificado de antecedentes penales en su país. Sánchez trató de suavizar la medida incluyendo que, en caso de problemas burocráticos que dificulten el acceso a la documentación, los beneficiados podrán pedirle al gobierno que utilice la vía diplomática para obtenerla. Si no hay respuesta en tres meses, entonces cada persona tiene dos últimas semanas de plazo para conseguirlo por su cuenta.

Las autoridades estiman que se presentarán unas 750.000 solicitudes de residencia, aunque por experiencias previas calculan que cerca de un 30% serán rechazadas por distintos motivos. Redondean el número de beneficiarios en medio millón de extranjeros, que ya viven en España pero sin papeles. Desde el gobierno socialista aseguran que la medida no sólo hace oficial el derecho de los extranjeros que residen ilegalmente en suelo español, sino que también es un pedido expreso de las distintas cámaras de empresarios, que necesitan mano de obra en rubros como la construcción y servicios. Y aclaran, además, que el decreto cuenta con el visto bueno de la Iglesia.

El gobierno dispuso un refuerzo de empleados públicos para las distintas dependencias que están involucradas en el proceso, pero el trámite -que debería concretarse en apenas unas semanas- podría ralentizarse por el aluvión de extranjeros. Sólo un ejemplo: la única oficina del Metro de Madrid que tramita los antecedentes de la carga de la tarjeta de transporte, clave para demostrar que llevan tiempo como residentes en la ciudad, ya ha completado todos los turnos hasta julio inclusive.