Después del caso de Daniel Alfredo Neira, que cobró una liquidación final de casi $110 millones al salir del Enacom y luego ingresó al INTA, otra incorporación desde el organismo de comunicaciones plantea interrogantes sobre los procedimientos del instituto de tecnología agropecuaria. Se trata de Héctor Rolando Rodríguez, cuya designación al frente de la Gerencia de Compras fue aprobada antes de que se le comunicara su despido del Enacom, en medio del profundo proceso de reducción del Estado que impulsa el Gobierno. En una consulta de LA NACION, en el organismo respondieron que no hubo irregularidades en la contratación.

De acuerdo con la documentación a la que accedió LA NACION, el Consejo Directivo acordó en designar a Rodríguez el 18 de diciembre de 2025 y, al día siguiente, el técnico firmó una declaración jurada de no estar alcanzado por incompatibilidades. Su desvinculación del Enacom, sin embargo, fue comunicada el 5 de enero de 2026.

Ese mismo día fue designado en el INTA, a través de una Resolución 13/2026, fechada el 19 de enero y firmada por Nicolás Bronzovich, presidente del INTA.

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El caso de Rodríguez se suma al de Neira, un contador despedido del Enacom el 31 de julio de 2026, cobró una liquidación final neta de casi $110 millones e ingresó al INTA con efecto desde el día siguiente. Tras conocerse el caso y discutirse su contratación dentro del Consejo Directivo, quienes aseguraban desconocer los detalles de la desvinculación del Enacom, Neira dejó de pertenecer al INTA, según confirmó LA NACION.

El primer antecedente de Rodríguez es una nota del 18 de diciembre de 2025, firmada por Juan Ignacio Erquiaga, secretario del Consejo Directivo, dirigida a Gustavo Javier Abaurrea, de la Dirección General de Administración, con copia a Ariel Julián Pereda, de la Dirección Nacional. La comunicación informa lo resuelto en la reunión ordinaria correspondiente al Acta N.º 608.

La documentación muestra, además, una diferencia con otros movimientos aprobados en la misma reunión, para los que se detallaron comisiones de servicios, licencias sin goce de haberes y adscripciones. En el caso de Rodríguez, el apartado 4.04 de la comunicación registra la decisión de “designar a Hector Rodriguez a cargo de la Gerencia de Compras”, por 180 días , pero no explica cómo se resolvía el vínculo laboral que mantenía con el Enacom.

La misma comunicación también consigna una modificación de la estructura organizativa de la unidad central del INTA. Al finalizar, instruye a la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y Organización a “instrumentar su respectivo procedimiento y correspondiente acto administrativo” para cumplir lo dispuesto por el Consejo.

Hoy, el Consejo Directivo del INTA está integrado por dos representantes del Gobierno, incluyendo al Presidente del Organismo, las facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales, la Sociedad Rural Argentina (SRA) Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y AACREA. El nombramiento de Confederación Rurales Argentinas (CRA) nunca fue aprobado, por tanto, hoy no participa de las decisiones del organismo.

Un día después, el 19 de diciembre, Rodríguez firmó cinco formularios de declaraciones juradas. Uno de ellos, referido al decreto 8566/1961 y a la decisión administrativa 5/2000 contiene su manifestación de “no estar alcanzado por las siguientes incompatibilidades”.

El mismo formulario reproduce la prohibición de desempeñarse o ser designado en más de un empleo público remunerado y señala que, de encontrarse comprendido, el interesado debe acreditar fehacientemente la renuncia a uno de los cargos o la aceptación de una licencia sin percepción de haberes. El 23 de diciembre, el INTA incorporó al sistema de Gestión Documental Electrónica tanto las declaraciones juradas como el currículum.

En ese currículum, Rodríguez consignó “ENACOM | Mayo 2021 - Actualmente”, como analista de Compra y Gestión Presupuestaria. Describió tareas de elaboración de pliegos licitatorios, coordinación de procesos de compra, evaluación de ofertas y administración presupuestaria y financiera. También declaró experiencia en el Ministerio de Salud de la Nación entre junio de 2009 y abril de 2021, y actividad independiente en servicios contables y relaciones laborales desde mayo de 2024.

En su formación académica indicó que había finalizado en 2024 el título de técnico contable en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y que tenía cinco materias pendientes para recibirse de contador público.

No obstante, el Convenio Colectivo del INTA establece que el Grupo Escalafonario “Profesional Clase A” (requerido típicamente para altas gerencias y toma de decisiones) exige estudios de grado universitario de un ciclo no menor a cuatro (4) años. Por su título, solo calificaría para el Grupo Escalafonario “Técnico”, el cual agrupa a personal con títulos terciarios o carreras universitarias menores a cuatro años, lo que resultaría administrativamente irregular para un cargo jerárquico de nivel gerencial.

A través de una carta documento fechada el 2 de enero de 2026 y remitida el 5 de enero, el Enacom le comunicó que el organismo había resuelto “prescindir de sus servicios a partir del día de la fecha”. El texto pone a su disposición la liquidación final, las “indemnizaciones correspondientes” a los artículos 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y los certificados.

El 6 de enero, Rodríguez se presentó en el Enacom, recibió una copia y quedó notificado personalmente de la extinción de su contratación. La carta describe una desvinculación indemnizada bajo la Ley de Contrato de Trabajo, no un retiro voluntario ni un pase entre organismos.

La contratación de Rodríguez, al igual que la de Neira, se produjo en medio de la política de reducción de personal del INTA impulsada por el Gobierno. En ese marco, el organismo avanzó con dos procesos de retiros voluntarios, en 2024 y 2026, que, según las cifras informadas, alcanzaron un total en conjunto a alrededor de 1240 trabajadores.