LA NACION describió este fin de semana una paradoja: la hotelería argentina tiene casi cien proyectos de inversión en marcha en 17 provincias y, al mismo tiempo, una rentabilidad bajo presión. Franco Di Pasquo, de la Asociación de Hoteles de Turismo, lo resumió en esa nota: el problema no es la demanda, es la rentabilidad. Quienes invertimos en el sector no vemos contradicción: apostamos al largo plazo porque el potencial es enorme, y los márgenes están apretados porque, además del tipo de cambio, el turismo receptivo carga con algo que ningún otro exportador argentino carga: los impuestos adentro del precio.

Otra nota de este diario describió a la Argentina exportadora como un país con cuatro motores encendidos: agro, energía, minería y economía del conocimiento, camino a superar los US$100.000 millones. Falta un quinto motor en ese inventario. Cuando un extranjero paga un hotel en Buenos Aires, una excursión en El Calafate o una cena en Mendoza, la Argentina exporta un servicio. La única diferencia con una hora de programación facturada a Estados Unidos es que el cliente viaja y el producto se queda.

Sin embargo, al turismo se lo mide de otra manera. En 2025 los visitantes extranjeros dejaron US$4.852 millones, según la balanza de pagos del Indec, y en el primer trimestre de este año 12% más que un año antes. El debate público se quedó con otro número: el déficit que surge de restarle lo que los argentinos gastaron afuera. A ningún otro sector exportador se lo evalúa así. El turismo emisivo es una decisión de consumo; el receptivo es una industria que genera divisas.

La omisión no está solo en los análisis. Está en las leyes. La economía del conocimiento exportó un récord de US$10.085 millones en el último año, según Argencon, con una ley detrás que convierte en crédito fiscal hasta 70% de las contribuciones patronales y reduce Ganancias, con una sola condición: que se exporte. El turismo receptivo cumple esa condición, sostiene 1,2 millones de puestos de trabajo, 5,5% del empleo del país, según el Indec, en todas las provincias, y no accede a ninguno de esos beneficios.

Hoy competimos con impuestos dentro del precio. Al turista extranjero se le reintegra el IVA del alojamiento, y ahí termina el reconocimiento. La gastronomía, los traslados, los guías y las excursiones se venden con el impuesto incluido, y toda la cadena acumula Ingresos Brutos, tasas municipales e impuesto al cheque. Uruguay exonera de IVA al no residente en alojamiento, gastronomía, autos y eventos; Perú trata los paquetes turísticos como exportación; Brasil redujo 40% la alícuota del sector.

El tipo de cambio fuerte es una decisión de política económica que no discutimos, pero tiene un costo que alguien paga: comprime los márgenes de quien vende en dólares y paga sus costos en pesos. No pedimos que lo cambien. Pedimos que la rentabilidad que se lleva el dólar no se la lleven, además, los impuestos. No pedimos privilegios. Pedimos dejar de exportar impuestos.

El camino más completo es incorporar al turismo receptivo al régimen de la economía del conocimiento, en proporción a lo que cada empresa les vende a no residentes: el instrumento existe y el beneficio se acota solo. Su rebaja de Ganancias tendrá sentido cuando la rentabilidad vuelva, atada a que pague menos quien reinvierte. Sabemos que el régimen tiene cupo presupuestario y que ampliarlo exige una decisión fiscal. Mientras esa discusión se da, hay tres medidas que no la necesitan.

Primero, que un porcentaje de las contribuciones patronales pueda computarse a cuenta de otros impuestos, en proporción a lo que cada empresa exporta: el mismo mecanismo del régimen, aplicado a un sector que emplea mucha más gente por dólar facturado. Segundo, un descuento del IVA en gastronomía, traslados y excursiones para el no residente que paga con tarjeta extranjera, como hace Uruguay desde hace más de una década. Cada peso que entra por ese canal se formaliza, y con los ingresos se formalizan los egresos: la base imponible se amplía en lugar de achicarse.

Tercero, revisar qué pasa cuando cobramos con tarjeta. La Argentina tiene el arancel regulado más bajo de la región, 1,8% en crédito, y sin embargo de cada US$100 que un turista paga con tarjeta en un hotel porteño se acreditan menos de US$95, porque el procesador descuenta retenciones y percepciones antes de pagar. Son, en los papeles, pagos a cuenta; en la práctica, un crédito forzoso al fisco a tasa cero. Y la venta se cobra a los diez días hábiles, cuando en Estados Unidos y Europa el estándar es de uno a tres: a las tasas actuales, otro 1% de cada venta prestado al sistema financiero. Y cuando el turista paga en dólares con tarjeta extranjera, el hotel no cobra dólares: cobra pesos al tipo de cambio que fija el procesador, un MEP de referencia con su propio descuento, calculado el día que él decide liquidar y no el día de la venta. Se legisló el arancel, que es lo que menos pesa.

Ninguna de estas medidas requiere inventar nada: ya existen en la Argentina o a cien kilómetros de ella. Los cien proyectos hoteleros muestran que la inversión ya decidió creer. El turismo es el quinto motor de la Argentina exportadora. Ya está instalado. Falta encenderlo.