El Ayuntamiento de la ciudad de Houston, en Texas, votará este miércoles para decidir si modifica una ley local que limita la cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La reunión se produce días después de la advertencia del gobernador Greg Abbott, quien amenazó con retirar 110 millones en fondos estatales. Además, Dallas y Austin también están bajo presión por sus políticas de colaboración.

Qué vota Houston sobre el ICE y por qué Greg Abbott amenaza con retirar fondos

El Concejo Municipal de Houston tiene previsto votar una enmienda para debilitar una ordenanza que limita la cooperación entre la policía local y las autoridades federales.

La medida inicial, sancionada hace dos semanas, eliminó la obligación de que los oficiales esperaran 30 minutos a que llegaran los agentes para llevarse a personas que tuvieran órdenes migratorias.

Ante las presiones del gobernador, el Ayuntamiento votará este miércoles una enmienda que eliminaría el lenguaje que enfatiza que las órdenes administrativas del ICE son de carácter civil y que no justifican por sí solas una detención o arresto criminal por parte de la policía local. También se suprimiría la aclaración de que estas órdenes no son revisadas por un juez o magistrado neutral.

A su vez, añade que los agentes también pueden detener a la persona “por otros fines legítimos que se descubran durante la detención”. Esto otorga a la policía mayor discreción para determinar cuándo es necesario prolongar la detención durante este tipo de procedimientos.

En primera instancia, el Ayuntamiento aprobó la ordenanza por 12 votos a favor y 5 en contra. Para aprobar la enmienda, se necesita una mayoría simple, lo que se traduce en nueve votos.

Greg Abbott amenaza a Houston, Dallas y Austin por limitar la cooperación con el ICE

En un mensaje de X, el gobernador republicano amenazó con retirar US$110 millones si la ciudad no revocaba la política antes del 20 de abril. “Houston recibió más de US$100 millones del estado basándose en un acuerdo escrito por el que se comprometen a cumplir con la aplicación de las leyes de inmigración. Si se niegan a cumplir, más les vale sacar su chequera“, escribió entonces.

En esa línea, agregó luego que "será costoso si se niegan a mantener sus calles seguras“. Al margen de las advertencias para Houston, Abbott amenazó con retirar fondos a Austin y Dallas por políticas similares.

En el caso de Dallas, la oficina del gobernador adelantó que podría retirarle más de US$32 millones en subsidios de seguridad pública y más de US$55 millones vinculados a seguridad para el Mundial 2026. Incluso advirtió que la ciudad podría tener que devolver fondos ya otorgados.

Por el lado de Austin, la ciudad adoptó en marzo una política policial más restrictiva con el ICE que prohíbe arrestar personas únicamente por órdenes migratorias civiles y también impide prolongar “irrazonablemente” una detención para contactar a agentes migratorios.

Esta medida provocó una investigación del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y amenazas directas del gobernador. Según The Washington Post, Abbott señaló que podría retirar aproximadamente US$2,5 millones.

Por su parte, el alcalde Kirk Watson rechazó estas amenazas en una publicación en X.

“La ciudad de Austin ha logrado grandes avances en materia de seguridad pública, pero nuestros agentes del Departamento de Policía de Austin no tienen la capacidad para cumplir, ni se les debería pedir que realicen, las funciones de otras entidades“, escribió.

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Ante la presentación de la enmienda, el presidente del sindicato de policías de Houston, Douglas Griffith, se manifestó a favor de los cambios.

“Según tengo entendido, debe cumplir con la ley estatal. Y mientras cumpla con eso y proteja a nuestros agentes, no tenemos ningún problema”, expresó, citado por Texas Tribune. Anteriormente, el sindicato se había posicionado en contra de la ley.

En el extremo contrario, Travis Fife, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, sostuvo que los cambios podrían quitarle sentido a la reforma.

“En el mejor de los casos, es redundante y confuso. Y en el peor, es una luz verde para la aplicación inconstitucional de la ley por parte de la policía”, opinó.

En esa línea, Nikki Luellen, de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas, también se mostró en contra de la enmienda.

“Si nuestros concejales no nos escuchan ahora, antes de la votación, entonces lo escucharán en las urnas”, sentenció.