La causa que investiga el circuito de fentanilo contaminado en el sistema de salud suma a partir de hoy una nueva etapa. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, convocó a 14 imputados para ampliar sus declaraciones indagatorias en un expediente que analiza su posible relación con la muerte de 111 pacientes y otros 49 casos no fatales.

Entre los imputados que deberán volver a declarar, se encuentra Ariel García Furfaro, vinculado a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, quien se presentará hoy ante la Justicia.

El expediente donde se lo imputa acumula reconstrucciones de historias clínicas y testimonios de familiares que describen la evolución de distintos pacientes que murieron o quedaron con secuelas tras ser inyectados con la sustancia adulterada.

Entre ellos se encuentra Renato Nicolini, de 18 años, quien murió el 3 de mayo en el Hospital Italiano de La Plata tras haber sido trasladado al centro médico con un traumatismo de cráneo causado por un accidente de moto en Chascomús. Ingresó intubado y bajo sedación con fentanilo. E

n los primeros días mostró signos de mejoría. Sin embargo, al tercer día presentó fiebre y luego, una neumonía intrahospitalaria que su madre, Sol Francese, consideró inusual por la evolución del cuadro. El 1° de mayo fue sometido a una craneotomía y al día siguiente dejó de responder.

El 3 se confirmó su muerte cerebral. Días después, la familia se enteró de que Renato estaba entre los casos positivos por fentanilo contaminado. El hospital se los confirmó cuando pidieron una reunión. “Pasaron una medicación alterada, infectaron a mi hijo y eso lo mató”, contó su madre a LA NACION.

Otro de los casos es el de Luis Rossetti, de 72 años, vecino de Villa Ballester, quien había sido exjuez de línea de la AFA en Primera División y trabajador de la industria textil. El 1 de mayo de 2025, ingresó en el Sanatorio Dupuytren, en Almagro, por insuficiencia cardíaca y renal. También tenía antecedentes de un EPOC controlado. “Lo dejaron internado en una unidad coronaria lúcido y consciente, apenas con valores elevados en lo renal”, recuerda Mariano, uno de sus hijos, a LA NACION.

A los pocos días, la situación se agravó y, según el relato de la familia, los médicos se limitaron a explicar que había contraído una bacteria, sin mayores precisiones. Tras dos semanas en terapia, el 18 de mayo, su padre falleció. Luego de una larga insistencia, su familia logró obtener la historia clínica, que consignaba la detección de las dos baterías ligadas al fentanilo contaminado.

También figura en el expediente Miguel Maino, quien había ingresado al Hospital Italiano de Rosario para una cirugía programada. Durante el procedimiento fue sedado con fentanilo correspondiente al lote 31.202, luego identificado como contaminado y producido por HLB Pharma y Ramallo. Tras la operación desarrolló un cuadro infeccioso grave por Klebsiella pneumoniae. Recibió tratamiento antibiótico y mostró una leve mejoría cuando se retiró la sedación, pero su estado se deterioró de forma abrupta: requirió traqueotomía, cursó un shock séptico y falleció el 17 de abril luego de varios días en coma farmacológico.

En la historia clínica casi no aparecía mencionado el fentanilo. La confirmación del uso del lote cuestionado llegó luego de una reunión con autoridades del hospital. A partir de ese momento, su familia tomó contacto con otros casos y comenzó a difundir la situación a través de redes sociales.

La investigación también abarca el caso de Daniel Oviedo, de 44 años, quien se encontraba en tratamiento de diálisis desde hacía más de 16 años en el Hospital Italiano de La Plata. Ingresó al centro de salud tras una convulsión y, según la reconstrucción de su familia, permaneció más de 15 horas en la guardia sin atención. Cuando finalmente fue asistido, fue sedado y trasladado a terapia intensiva. Su estado se agravó rápidamente: sufrió dos paros cardíacos y, aunque en un primer momento logró ser estabilizado, su evolución posterior fue desfavorable hasta su fallecimiento. La revisión de la historia clínica indicó la administración de una ampolla perteneciente a uno de los lotes de fentanilo bajo investigación.

En el mismo expediente también se encuentra el caso de Héctor Vilches, de 74 años, quien ingresó el 25 de febrero del año pasado al Hospital Italiano de Rosario para una cirugía programada. Tras tres días recibió el alta, pero el 2 de marzo debió regresar por una infección severa. Fue sometido a una endoscopía y permaneció en terapia intensiva, con períodos de mejoría y recaídas que incluyeron traslados entre sala y cuidados críticos.

Falleció el 28 de abril. Según la reconstrucción posterior, la familia desconocía las causas hasta que, semanas más tarde y tras la difusión pública del caso, revisó la historia clínica y detectó la administración de fentanilo junto con la presencia de una infección por Klebsiella. A partir de ese momento, tomaron contacto con otros familiares a través de la causa judicial.

De acuerdo con los testimonios reunidos en el expediente, en varios de estos casos los familiares accedieron a información sobre la posible vinculación con el fentanilo contaminado de manera tardía, en ocasiones a partir de publicaciones periodísticas o del intercambio con otras personas en situaciones similares.

El caso fue abordado en el documental “Morir en el hospital: la trama de corrupción detrás del fentanilo contaminado”, una producción de LA NACION que reconstruye el recorrido del medicamento, el impacto en los pacientes y el avance de la investigación judicial a partir de testimonios, documentos y registros del expediente.

Las audiencias continuarán con un esquema que se extenderá hasta el martes 21. Además de García Furfaro, el primer día también fueron citados Carolina Ansaldi, María Victoria García y Eduardo Darchuk. El lunes 20 será el turno de José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro —madre de García Furfaro—, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay. Finalmente, el martes 21 completarán la ronda Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García, hermano del principal acusado.

Una vez concluida esta etapa de indagatorias y tras el análisis de los planteos que puedan presentar las defensas, el juez quedará en condiciones de avanzar con los próximos pasos procesales. Entre ellos se encuentra la posibilidad de elevar la causa a juicio oral. El expediente, que reúne una gran cantidad de documentación y peritajes, es considerado por su dimensión como uno de los mayores casos sanitarios investigados en el país. De acuerdo con las calificaciones en análisis, las eventuales penas para los imputados podrían ubicarse en un rango de entre 10 y 25 años de prisión.