La cantidad de aspirantes a adoptar bajó un 80% en los últimos 10 años: de 5500 personas y parejas inscriptas en 2017 se pasó a 1107 en junio de este año, según reveló LA NACION a partir de información de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua).

¿Cómo impacta ese descenso abrupto en los niños y adolescentes que esperan ser adoptados? ¿Cuántos de ellos crecen en hogares a la espera de una familia? Esas son algunas de las preguntas que despertó la investigación y que no tienen una respuesta precisa por una razón de base: en Argentina no se sabe oficialmente cuántos niños están institucionalizados y a la espera de ser adoptados.

LA NACION hizo un pedido de acceso a la información pública a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende del Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de obtener esa información. La respuesta confirmó que no existe un relevamiento actualizado, ya que el último es de 2020, aunque anticipa que existe un estudio en curso que abarca a todo el país y que empezó a realizarse en abril.

Las consecuencias de que desde hace seis años no haya información clara respecto a cuántos niños crecen sin cuidados parentales son preocupantes, advierten a LA NACION especialistas que pasaron por la función pública desde distintos sectores del sistema de cuidados de niños, niñas y adolescentes. Aseguran que cuando no se sabe qué cantidad de chicos están en el sistema de protección del Estado ni qué edades tienen, entre otras características, es difícil construir políticas públicas que reduzcan el tiempo que permanecen separados de un entorno familiar.

“Trazar políticas a partir de información actualizada debería ser una política de Estado, más todavía cuando están dirigidas a chicos en condiciones de especial vulnerabilidad. Son chicos que no tienen los cuidados de sus padres porque fueron apartados porque sufrían situaciones de grave vulneración de derechos por violencia, abandono o abuso”, dice la psicopedagoga Analía García Cabriada, que trabajó en la Senaf y es especialista en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Hace mucho que sueño con tener una familia cariñosa que quiera jugar conmigo

Agustina, 13 años

Lo último que se sabe

El último relevamiento hecho por la Senaf, con apoyo de Unicef, es de 2020. Determina que en el país 9154 chicos vivían en hogares y en familias de abrigo. De ellos, 2199 tenían declarada la adoptabilidad. Es decir que la Justicia había habilitado la posibilidad de que eligieran una nueva familia entre los postulantes.

Si se tiene en cuenta que hoy hay 1107 personas disponibles para darles una familia, identificar con precisión la cantidad de niños que hoy están en situación de adoptabilidad, sus edades, si pertenecen a grupos de hermanos o tienen alguna necesidad específica es determinante para trazar una política pública que pueda conectar a unos con otros de la mejor manera.

Los especialistas remarcan que la información existe, pero no está consolidada. “Está dispersa en las provincias”, asegura Atilio Álvarez, quien durante 45 años fue Defensor de Menores y representó legalmente los derechos de los chicos sin cuidados parentales.

Álvarez expone que el Dnrua actualiza mes a mes qué cantidad de personas tienen disponibilidad para adoptar, pero que por la inexistencia de datos consolidados a nivel nacional no puede hacerlo con los chicos que están en el sistema. Eso, afirma, no ayuda a que haya un cruce entre quienes esperan una familia y quienes se ofrecen como familia.

Seis años de espera

Un dato que surge del relevamiento de la Senaf y Unicef de 2020 es que en promedio los chicos pueden estar entre 5 y 6 años en instituciones a la espera de ser adoptados o a que se defina su adoptabilidad, cuando por ley ese tiempo debería ser como máximo de 180 días.

Hoy no se sabe si esa cantidad de tiempo es menor, mayor o igual. Y si esto no se sabe, no existe una base sobre la cual trabajar una mejora de los plazos de la Justicia para que esa espera no sea tan larga.

“Hay que pensar que acá no corren los tiempos de la Justicia, corre el tiempo de vida de los chicos. Nunca voy a olvidar el día que charlando con cinco hermanitos. La más chiquita se me acerca y me dice al oído: ‘Atilio, conseguime un papá y una mamá’. Fue duro, pero por suerte les conseguimos una familia”, dice Álvarez y señala que tener información sirve para trabajar en que esos plazos sean, como mínimo, los que dicta la ley.

Desde los 4 años vivo en hogares, pero no pierdo la esperanza de tener una familia

Josué, 16 años

Juan Jeannot, quien fue entre 2022 y mayo de este año el director del Dnrua tras ingresar en esa dependencia como asesor en 2013, coincide en que la información está fragmentada y suma: “Los datos disponibles son de 2020 y no sirven para analizar cómo mejorar el sistema”.

No obstante, dice que la Senaf comenzó este año a trabajar en la creación de un Registro Único Nominal. Jeannot hace referencia, además, al nuevo relevamiento nacional en curso. Sobre esto último, fuentes del Gobierno nacional consultadas por LA NACION aseguraron que hasta septiembre habían respondido 22 de las 24 provincias.

“Hoy el cruce de datos se complica porque cada jurisdicción del país maneja de manera diferente el relevamiento y carga de información. Antes de irme de la función pública, se trabajaba en la creación de un Registro Único Nominal para, por ejemplo, poder cruzar la cantidad de postulantes con disponibilidad adoptiva y la demanda real del sistema”, dice.

Políticas públicas

Tener información “secuenciada en un determinado periodo de tiempo, desagregada por provincias, por regiones, por género, por tiempo de estadía en el sistema sirve para poder pensar qué está sucediendo y anticipar algunas cuestiones que viven los chicos, como es su llegada a la mayoría de edad y que aún sigan viviendo en un hogar”, explica García Cabriada.

Para la especialista, la información “es fundamental para poder tener discusiones entre los responsables del sistema, los organismos de protección provinciales, locales y Nación. Hay que ponerse de acuerdo en condiciones mínimas que cubran las necesidades de los chicos”.

Explica que a partir de la lectura secuenciada sobre información que se recabó entre 2009 y 2020, como el relevamiento de Senaf y Unicef del que formó parte, se generaron “políticas públicas muy importantes que hoy están instaladas y nadie las discute”.

Una de esas políticas, enumera, es la Ley Egreso, de 2017, por la cual se instaura el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE). Está dirigido a chicos que viven en hogares y están por llegar a la mayoría de edad. La ley instaura un programa que los prepara para comenzar su vida independiente: encontrar un trabajo, seguir estudiando, manejar su propio dinero. Además, reciben una asignación monetaria desde los 18 a los 21 hasta que logren esos objetivos.

Otra medida que se implementó a partir del análisis de esos datos fue el Decreto 5/2023, que garantiza el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) a chicos que se encuentran bajo una medida de protección excepcional y viven en hogares o familias de abrigo.

“Para un niño que no vive con su familia, poder disponer de un dinero que le es propio tiene un impacto inmediato. Por ejemplo, una adolescente de 14 años con una discapacidad tomaba algunas clases de natación mientras vivía en un hogar. Cuando empezó a cobrar la AUH sumó más clases y se formó como nadadora para competir. Esto le dio un incentivo y un objetivo en su vida”, destaca García Cabriada.

Dice que cada vez que se hace un relevamiento de datos es necesario aclarar cuál es el propósito para que se genere un compromiso de acción. Por ejemplo, en el Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de niñas, niños y adolescentes, realizado en 2022, en uno de sus anexos se cita un objetivo muy claro: “La información fue solicitada para saber cómo presupuestar mejores condiciones de vida en los hogares”.

“Ese documento fue firmado por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La información que recabó no fue para atacar la modalidad de cuidado, fue para mejorarla”, señala García Cabriada. Y recuerda: “En un hogar convivencial de una provincia los chicos vivían hacinados, dormían en colchones tirados en el piso. El censo de hogares de 2022 buscaba solucionar esos problemas, pero quedó trunco y no se hizo nada más”.

“Quiero una familia que esté orgullosa de mí y podamos charlar

Ángel, 16 años

De hecho, en ese relevamiento se contaron 605 dispositivos, entre los cuales había 16 casas de autonomía o casas de preegreso. Además, se supo que la sobreocupación afectaba al 43% de chicos alojados en los dispositivos de gestión pública (1.850 en 1.335 plazas), y al 27,3% (1.302 en 907 plazas) en la gestión privada. Hoy se desconoce cómo evolucionaron esos indicadores.

“Cada vez que hay un cambio de gestión o gobierno, lo que se analiza pasa a ser papel descartable”, dice y aclara: “Lo digo porque soy técnica y he trabajado bajo diferentes gestiones. Todos empiezan de cero”.

Por eso, para García Cabriada no solo es un problema la falta de información. Por el contrario, cree que “es muy triste para un técnico” que los estudios se discontinúen porque “los que realmente pierden son los chicos para quienes la protección debería ser una política de Estado”.

Quiero una Familia

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.