La justicia española imputó a una maestra en la ciudad de Córdoba acusada de maltratar a 18 niños, de entre tres y cuatro años, que asisten a Educación Infantil en un colegio público.

Según confirmaron fuentes de la investigación al diario ABC, la mujer fue detenida por la policía el 12 de marzo y después liberada con cargos, aunque apartada de sus funciones.

El caso salió a la luz tras las denuncias presentadas por las familias de los alumnos en las que resaltaron los distintos episodios que habían sido contados por los propios niños. Entre ellos, mencionaron situaciones de encierro en el baño, golpes en las manos, tirones de pelo y pellizcos en distintas partes del cuerpo.

También se investigan presuntos tocamientos en partes íntimas. Además, se le atribuyeron otras conductas como que les quitaba la merienda a los niños o la comida de sus bandejas.

Según estos testimonios de otros profesores del centro y alumnos la docente “se dormía en clase, hacía un uso abusivo del celular y delegaba sus clases. Además, “hablaba muy alto a los niños y no ofrecía explicaciones adecuadas sobre las lecciones”.

La justicia del Tribunal de Instancia de lo Penal de Córdoba impuso como medida cautelar la prohibición de comunicarse y aproximarse a los menores.

Una resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía acordó la suspensión provisional de funciones de esta maestra de Infantil, que no podrá exceder los seis meses, aunque percibirá las retribuciones básicas hasta que se dicte una resolución judicial firme, según consignó el medio citado.

La Justicia y las autoridades educativas mantienen abiertas sus respectivas investigaciones en el fuero penal. El proceso se encuentra actualmente supeditado a la declaración indagatoria de la docente imputada.

A través de una resolución de la Dirección General del Profesorado, la Junta de Andalucía dispuso la suspensión provisional de la docente de nivel inicial. La medida, que tendrá un plazo máximo de seis meses, establece que percibirá únicamente sus retribuciones básicas que se dicte una resolución judicial firme, según consignó el medio citado.