SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En una movida estratégica, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para establecer que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La iniciativa surge en la antesala del debate que el Senado llevará adelante este jueves sobre las modificaciones al régimen nacional de tierras rurales.

El proyecto de Figueroa propone modificar la Ley Provincial 263 con el objetivo de que la adjudicación de estas tierras esté estrictamente orientada a proyectos productivos, ganaderos o turísticos. Desde el Poder Ejecutivo provincial aseguran que la intención es fortalecer el dominio sobre los recursos estratégicos y generar seguridad jurídica sin necesidad de transferir la titularidad de las tierras a extranjeros.

“Las tierras neuquinas solo podrán ser vendidas a argentinos”, sentenció el gobernador al referirse al blindaje que busca imponer sobre los recursos de la jurisdicción. Añadió que buscan “defender el federalismo, preservar el dominio provincial sobre el territorio y generar seguridad jurídica”.

Como ejemplo de este modelo, el gobierno neuquino cita el esquema aplicado en Vaca Muerta, donde la provincia conserva la titularidad de las tierras mientras otorga concesiones para la explotación de hidrocarburos. Actualmente, existen 56 concesiones no convencionales funcionando bajo este régimen que protege el patrimonio provincial.

El anuncio provincial coincide con el tratamiento en la Cámara Alta del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por la administración de Javier Milei, que busca flexibilizar la tenencia de tierras por parte de extranjeros eliminando los límites actuales. Ante esto, Figueroa ha solicitado a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulse en el Congreso la incorporación de un límite cuantificable para la venta de tierras a extranjeros en todo el territorio nacional.

A pesar de las tensiones, se informó que el proyecto nacional que llegará al recinto reconoció, tras su paso por comisiones, que cada provincia conserva la potestad de definir el régimen jurídico aplicable dentro de su territorio. En este sentido, la postura de Neuquén es utilizar esa autonomía para garantizar que el desarrollo regional quede en manos locales.

Más allá de la restricción a extranjeros, la política de tierras del gobierno neuquino busca acelerar procesos de regularización para familias y pequeños productores. A través del programa Neuquén Habita, ya se han entregado escrituras a 1.500 familias, y se proyecta alcanzar las 3500 el próximo año.

Complementariamente, la herramienta Invierta en Neuquén ofrece estabilidad fiscal por diez años y exenciones impositivas para fomentar inversiones productivas, habiendo captado ya el interés de unas 160 empresas. Con este paquete de medidas, Neuquén busca consolidar un Estado que establezca reglas claras y proteja su patrimonio ante los cambios normativos que se discuten a nivel nacional.

A través de la Pastoral Social de la región Patagonia-Comahue, la Iglesia Católica manifestó un firme rechazo al proyecto de ley nacional que busca declarar la “inviolabilidad absoluta de la propiedad privada”.

Los equipos pastorales sostuvieron que la iniciativa contradice los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y el concepto del “destino universal de los bienes”, que establece que la tierra y sus frutos son para beneficio de todos los seres humanos sin exclusión.

Asimismo, reafirmaron que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que posee una función social y debe estar subordinada al bien común. En ese sentido, advirtieron que la tierra en la Patagonia no puede ser reducida a un objeto de apropiación exclusiva.

El pronunciamiento, que lleva la firma de las pastorales sociales de las diócesis de Neuquén, Viedma, Alto Valle, Río Gallegos, Rawson y Bariloche, expresó preocupación por la concentración de tierras y su adquisición con fines especulativos, tanto por parte de argentinos como de extranjeros.

Los equipos señalaron que la explotación desmedida de recursos naturales como agua, minerales, gas y bosques contradice el llamado al “cuidado de la casa común”. Finalmente, la Iglesia exhortó a las autoridades a promover políticas que garanticen un acceso equitativo a la tierra y al trabajo.