ROSARIO.- Una decisión tomada en un turno de flagrancia desató una polémica en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. La fiscal Raquel Almada liberó sin formación de causa a tres de los cuatro ocupantes de un Peugeot 308 en el que la policía había secuestrado un revólver calibre .22, tras un procedimiento originado en una denuncia por amenazas en Granadero Baigorria.

Uno de los desvinculados es Matías Belloso, de 26 años, hijo de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central. Detrás de este hecho aparece una trama sobre supuestas amenazas contra un exjugador de Rosario Central, al que le reclamaban una deuda por juego clandestino virtual.

La decisión de la fiscal provocó un impacto en la estructura judicial. A Almada se le formó un sumario en la Auditoría de Gestión del MPA por remisión de la superioridad y la apartaron de la causa, que quedó asignada al fiscal Fernando Dalmau. A la par, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, emitió el 2 de julio una circular interna para unificar criterios de actuación en los hechos de flagrancia vinculados a la tenencia o portación de armas de fuego en la vía pública, con el objetivo explícito de que un episodio semejante no vuelva a repetirse.

El malestar dentro de los equipos que investigan la criminalidad organizada en Rosario tiene un motivo adicional, quizás más grave en términos de política de persecución penal que la propia liberación: a las tres personas desvinculadas se les devolvieron los teléfonos celulares que habían sido retenidos en el procedimiento. En una ciudad donde las causas más relevantes contra las organizaciones criminales se construyeron, en gran medida, a partir del contenido de los teléfonos incautados, la restitución de esos dispositivos fue interpretada por varios investigadores como la pérdida de una oportunidad probatoria difícil de recuperar.

El episodio comenzó el lunes 29 de junio por la tarde, cuando dos patrulleros fueron enviados a la esquina de Estanislao López y Pancho Ramírez, en Granadero Baigorria, ciudad vecina a Rosario. El llamado al 911 provenía de una mujer que había denunciado que dos personas habían ido a amedrentarla por el pago de una deuda que, según ella, ya estaba cancelada.

Cuando los móviles llegaron al lugar, dos jóvenes que estaban en esa esquina se metieron de manera apresurada en un Peugeot 308 blanco que estaba estacionado y en el que había otras dos personas. Los policías los identificaron y requisaron el vehículo: debajo de la alfombra de la butaca del acompañante encontraron un revólver calibre .22 largo. Los cuatro ocupantes fueron trasladados a la comisaría 24ª.

En el auto viajaban Matías Belloso, Lautaro Gago, Dante Méndez y Fausto Carbajo. Por disposición de la fiscal de flagrancia, los tres primeros recuperaron la libertad sin que se les formara causa penal. El único que quedó demorado para ser imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil fue Carbajo, porque el revólver apareció debajo del asiento que ocupaba él.

Un dato del expediente alimenta las suspicacias. La denunciante declaró que las personas con las que había tenido la deuda eran otras —dio dos nombres concretos— y agregó que los cuatro ocupantes del Peugeot, que estaban armados y en el mismo lugar desde donde se había hecho el llamado, no tenían nada que ver con la amenaza.

Los investigadores conocen bien ese patrón: las víctimas de intimidaciones suelen apurarse a desligar a los sospechosos cuando actúan bajo presión. Incluso, el exjugador Jonatan Gómez, quien sería quien pidió dinero para saldar deudas de juego, retiraría la denuncia durante los próximos días, según contaron a LA NACION fuentes cercanas al caso.

El interrogante que deberá despejar la Auditoría de Gestión es qué motivó a la fiscal a apartarse del protocolo que rige para este tipo de intervenciones. La práctica habitual en Rosario indica que todos los demorados quedan detenidos, se los ficha, se peritan de inmediato el arma y los celulares y se realiza la audiencia en el Centro de Justicia Penal dentro de los tres días. Existe, además, una instrucción general del MPA —dictada por la gravedad de la violencia armada en Rosario— de formular imputación por tenencia compartida cuando aparece un arma en un contexto de amenazas.

Desde la defensa del criterio adoptado se argumenta que hay antecedentes de fiscales que desvinculan a acompañantes cuando queda claro que el arma pertenece a uno solo de los ocupantes del auto y que, si no hay mérito para imputar corresponde restituir los teléfonos.

Pero un investigador con experiencia en estos casos lo relativizó: quien maneja un arma en esas circunstancias, dijo, no la lleva encima, sino que la deja en otro asiento, precisamente para diluir la responsabilidad. Y Carbajo, según las fuentes del caso, nunca reconoció que el revólver fuera suyo.

La circular de Merlo apunta a cerrar esa grieta interpretativa con tres instrucciones: los fiscales deberán evaluar prioritariamente el pedido de prisión preventiva en los términos del artículo 220 del Código Procesal Penal; en todos los casos deberán secuestrarse los celulares de los detenidos; y el fiscal interviniente deberá consultar con el jefe de la unidad de Flagrancia la solicitud del juicio por flagrancia.

El trasfondo del caso excede largamente un revólver calibre .22. Fausto Carbajo, el único imputable del grupo, es una de las personas señaladas en la denuncia penal que presentó ante el MPA el futbolista Jonatan Gómez, surgido de las inferiores de Rosario Central y con último paso por Sarmiento de Junín, por prácticas extorsivas vinculadas al cobro de deudas de juego online.

Según esa presentación, Gómez apostaba en Lexus, una plataforma de casino virtual sin autorización que opera desde Rosario, y acumuló una deuda de unos 50.000 dólares. La denuncia, dirigida originalmente contra Agustín Censi y Gaspar Zayas, describe una escalada de aprietes que incluyó amenazas de muerte, visitas intimidatorias a la casa de sus padres en Capitán Bermúdez, una irrupción en el predio de entrenamiento de Sarmiento y la firma bajo coacción, en una escribanía, de cuatro pagarés por US$505.000, diez veces la deuda original, mientras le advertían que “arriba de todo” estaban Los Monos. En una ampliación reciente, Gómez sumó a Carbajo —primo de su esposa— como otro “cajero” de la organización y como quien lo introdujo en la plataforma.

Ese entramado conecta con una trama mayor: la organización criminal señalada por ejecutar el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, el jefe de la barra de Rosario Central asesinado en noviembre de 2024, tiene, según una pesquisa del MPA que ya derivó en condena, una facción dedicada al manejo del juego clandestino online en toda la región.