Un fallo de la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional en la ciudad de Buenos Aires un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso y que baja la edad de imputabilidad y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. Esa decisión generó este lunes cuestionamientos de diferentes funcionarios porteños y dirigentes del oficialismo que promovieron la ley.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que pedirá juicio político contra la jueza De Marinis. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, sostuvo en un posteo publicado en X.

Asimismo, el alcalde de la ciudad afirmó que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y agregó: “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.

Por su parte, Patricia Bullrich, senadora nacional (LLA) y exministra de Seguridad de Javier Milei, expresó también sus críticas a través de X: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) agregó: “Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

Por su parte, la diputada nacional de LLA por la Ciudad Alida Ferreyra sostuvo que “es indignante cómo revierten la voluntad popular emanada desde la representación parlamentaria”. La legisladora también cuestionó que se ignore “la necesidad del ciudadano de recibir justicia y de ver que quien las hace, las paga”.

“Es indignante ver cómo desde sus cómodos despachos, abogan por el abolicionismo que extingue la pena y niega las funciones primordiales del derecho penal, reprimir y prevenir”, afirmó Ferreyra.

También se pronunció el legislador porteño de Vamos por Más y presidente de Republicanos Unidos CABA, Pablo Donati, quien consideró que la resolución es “una tomada de pelo a toda la sociedad”. Agregó: “Fallos amorales como éste explican por qué la Justicia de este país está totalmente desprestigiada: siempre protegiendo a los victimarios y dándole la espalda a la ciudadanía. VERGONZOSO”.

El diputado nacional de Pro y exintendente de Pinamar Martín Yeza también cuestionó las motivaciones de la magistrada. “Acá, evidentemente, la jueza quería decir lo que pensaba. El régimen penal juvenil contempla medidas progresivas y ciertamente existe la posibilidad de aplicarlas en el ámbito de CABA”, sostuvo.

“Es evidente, y lamentable, que con este fallo quiso hacer política en lugar de justicia”, añadió Yeza.

El fallo también generó cuestionamientos en los tribunales porteños. Fuentes judiciales consultadas por LA NACION señalaron que, si el Ministerio Público Fiscal apela la resolución, entienden que la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revocaría la decisión de primera instancia.

De Marinis, del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la Ciudad, resolvió el sobreseimiento tras hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la defensa sobre el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años. La decisión se circunscribió al caso del menor involucrado en el expediente.

La causa se inició el 10 de septiembre, después de que un grupo de adolescentes intentara sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. La víctima escapó y, a los pocos metros, pidió ayuda a un oficial de la Policía de la Ciudad. Tras interceptar a los sospechosos, se inició el trámite de flagrancia y el Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de robo.

En su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION, la magistrada consideró que la baja de la edad de punibilidad resultaba “regresiva”. También sostuvo que, como adultos, “no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos”.

Se trata del segundo fallo contra la nueva ley. Antes, la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual había dispuesto la suspensión del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Esa decisión fue luego revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.