A Agostina Vega, de 14 años, la buscaron durante una semana. La encontraron asesinada y descuartizada en un descampado. Los datos preliminares de la autopsia indican que murió por ahorcamiento y que antes fue víctima de abuso.

A Dulce María Beatriz Candia la buscaron durante dos semanas. Su cuerpo fue hallado en la cámara séptica de una construcción abandonada.

El lunes se sumó el caso de Noelia Carolina Romero, de 30 años, que alcanzó a llamar al 911 para pedir ayuda antes de morir. Pero cuando la Policía ingresó, después de horas de negociación, su pareja ya la había asesinado.

En lo que va del año ya hubo más de 100 femicidios. En la Argentina, una mujer muere cada 31 horas. Con la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, organizaciones feministas convocan para hoy a una movilización de #NiUnaMenos frente al Congreso, a las 17.

Ante la ausencia inicial de registros oficiales, la Asociación Civil La Casa del Encuentro publicó el primer informe sobre femicidios en la Argentina en 2008. Un año después creó el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que durante años fue la principal fuente de estadísticas desde la sociedad civil hasta que el Estado comenzó a publicar cifras oficiales.

“A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, las cifras demuestran que los femicidios siguen siendo una grave deuda de la democracia”, dijo Ada Rico, una de las fundadoras de la Casa del Encuentro, a LA NACION. La marcha llega, además, en un contexto en el que este concepto es cuestionado: el Gobierno amenazó en varias oportunidades con eliminar la figura de femicidio y niega la violencia por razones de género.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tampoco utilizó el término al referirse al caso de Agostina. “Creo que lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante las horas del hecho. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”, dijo este lunes al ser consultada por el femicidio de la chica de 14 años ocurrido en la Ciudad de Córdoba.

“Desconocer el género como categoría de análisis implica ignorar las desigualdades históricas y las múltiples violencias que atraviesan mujeres y niñas. Esta negación no solo obstaculiza la producción de información confiable, sino que también impacta en la elaboración de políticas públicas, en la asignación de recursos y en la capacidad del Estado para prevenir nuevas violencias”, sostuvo Rico, y agregó: “Los femicidios no ocurren en el vacío, son la expresión más extrema de un sistema de desigualdades que solo puede transformarse si se reconoce y analiza en toda su dimensión”.

Hoy, el organismo oficial que registra los femicidios es la Oficina de la Mujer (OM), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ordenó el primer registro en 2014, y desde 2017 la metodología está consolidada a nivel nacional.

Este relevamiento se realiza de manera federal y recopila todas las causas judiciales iniciadas por muertes violentas de mujeres y diversidades por razones de género en el país. El informe anual, publicado la semana pasada, muestra que en 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto de los 228 registrados en 2024.

La cifra también es inferior a la de 2023, cuando hubo 250 casos, un aumento significativo en relación con 2022 (226) y 2021 (231). “Siempre hay que tomar con cautela estos cambios. Para sacar conclusiones a largo plazo es necesario que las variaciones se estabilicen en el tiempo, porque se trata de un fenómeno muy arraigado que tiende a mantenerse”, explicó Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

“La violencia de género es un problema grave que requiere medidas urgentes y sostenidas. Que haya menos femicidios siempre es una buena noticia, pero una variación interanual no marca una tendencia”, señalaron desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Además, los datos muestran patrones persistentes: el 83% de las víctimas conocía a su agresor; el 78% fue asesinada en su vivienda; el 59% por sus parejas o exparejas y el 36% por personas conocidas. Solo el 18% había denunciado previamente y, en el 44% de los casos, existían antecedentes de violencia.

Los análisis coinciden en que la baja se explica, en parte, por una disminución en algunas jurisdicciones, en especial la provincia de Buenos Aires, donde los casos pasaron de 98 en 2024 a 78 en 2025. Sin embargo, desde ELA advierten que el mismo informe muestra un aumento de las tentativas de femicidio: de 218 en 2024 a 301 en 2025.

“Esto muestra que hubo más situaciones de altísimo riesgo detectadas o intervenidas antes de convertirse en desenlaces fatales”, señalaron desde el organismo, y remarcaron que la disminución de los femicidios no implica necesariamente una reducción de la violencia de género.

A 11 años del primer Ni Una Menos, el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” también difundió sus cifras: entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 registró 3424 víctimas por violencia de género, lo que equivale a una cada 30 horas.

El informe contabiliza 3073 femicidios de mujeres y niñas, cuatro lesbicidios, 78 trans/travesticidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En ese período, 3840 hijos e hijas quedaron sin madre; el 61% eran menores de edad.

También se registró que el 13,8% de las víctimas había denunciado previamente, que el 6% de los agresores tenía medidas de restricción vigentes, que el 10% presentaba indicios de abuso sexual y que el 3% estaba embarazada.

Para explicar las diferencias con el informe de la Corte, desde el Observatorio señalan que el organismo judicial solo contabiliza los casos encuadrados en el artículo 80 del Código Penal, mientras que quedan excluidos otros contextos, como los vinculados al narcotráfico. A su vez, advierten que la inclusión de casos depende de la calificación judicial inicial, lo que puede dejar fuera situaciones en las que no se reconoció el contexto de violencia de género.

“Este relevamiento confirma lo que sostenemos mes a mes: las mujeres, niñas, niños y diversidades seguimos en riesgo”, concluyeron, y señalaron que, en la antesala de un nuevo 3 de junio, el femicidio de Agostina Vega en Córdoba vuelve a interpelar al Estado.