WASHINGTON.- Apenas unas horas después de que la la abogada sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, quien fuera una de las primeras juezas de la Corte Penal Internacional (CPI), fuera galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, el gobierno de Donald Trump impuso nuevas y severas sanciones al tribunal de justicia con sede en La Haya, con el objetivo de ahogar su margen de acción, y una fuerte advertencia que que podría “continuar su campaña para desmantelarla”.

“El presidente nunca permitirá que la CPI procese a norteamericanos. Por eso, hoy, Estados Unidos está imponiendo sanciones a la CPI. Prohibiremos las transacciones con esta corte que actúa al margen de las normas, cortando sus recursos y paralizando su capacidad operativa”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante un comunicado.

Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC.

This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever. pic.twitter.com/D86dCqLUaZ

La medida se suma a la orden ejecutiva que en febrero del año pasado había firmado Trump con la imposición de sanciones a fiscales y jueces de la CPI por llevar a cabo acciones “ilegítimas e infundadas” que, según la Casa Blanca, amenazaban la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la CPI tuviera la facultad de procesar a ciudadanos estadounidenses, miembros de las Fuerzas Armadas o líderes políticos. Estados Unidos nunca se unió a la CPI. No la necesitamos. Y no la queremos”, remarcó en el duro comunicado el jefe de la diplomacia norteamericana, que incluyó dardos a los socios europeos de Washington.

“Pero a los ‘expertos’ globalistas, situados al otro lado del océano, no les importa lo que piensen los ciudadanos estadounidenses. Quieren que la CPI haga más, incluido el procesamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden a su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que velan por nuestra seguridad nacional. Quieren más poder, y lo quieren a nuestra costa”, explicó Rubio, en una clara referencia a Europa.

La Casa Blanca ya había mostrado sus reparos anteriormente por las órdenes de arresto de la CPI emitidas contra funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, y por una investigación anterior sobre las acciones de soldados norteamericanos en Afganistán, un caso que la CPI ya cerró.

“Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI. Ambos partidos coinciden en esto, pero solo Trump tiene la determinación de tomar las medidas necesarias para acabar con esta amenaza de una vez por todas. O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros terminaremos con la CPI”, advirtió.

“Esperamos que nuestros aliados —muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa— frenen a la Corte. Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados”, advirtió el secretario de Estado.

Rubio señaló que desde hace más de un año esperaban “gestos básicos de buena fe” de la CPI y que por ese motivo Washington actuaba “con prudencia”.

“Pospusimos esta designación por respeto a nuestras relaciones y con la esperanza de que la CPI cambiara el rumbo o fuera contenida por los Estados parte. Sin embargo, ni la CPI ni los Estados parte han tomado medidas significativas para abordar nuestras preocupaciones”, explicó el secretario de Estado, quien además dejó la puerta abierta para más medidas contra el tribunal.

“A pesar de su inacción, mantenemos la esperanza de una solución diplomática. Estructuramos esta medida para dar a los Estados parte la oportunidad de negociar y presentar una solución que responda a nuestras inquietudes. Si estos esfuerzos no dan fruto, continuaremos ajustando nuestras acciones en consecuencia”, planteó Rubio. La CPI cuenta con 125 Estados miembros que han ratificado el Estatuto de Roma.

De 85 años, Pillay fue una de las primeras juezas de la CPI, creada en 2002 para perseguir a los responsables prominentes de los crímenes internacionales más graves. La abogada presidió además la comisión de investigación independiente de la ONU que concluyó el año pasado que Israel cometió un genocidio en la Franja de Gaza. El gobierno de Netanyahu rechazó el informe por considerarlo “escandaloso”.

Tras conocerse el premio, la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, felicitó a la jurista sudafricana y consideró que el galardón supone un “reconocimiento” al papel de la justicia internacional como “piedra angular de una paz duradera», en un «momento de profundos desafíos".

Actualmente, Pillay ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Myanmar está acusada de genocidio a integrantes de minorías.