PINAMAR.— Al silencio de motores ruidosos y vehículos a velocidad impuesto por la Justicia sigue ahora la reacción del gobierno de Pinamar que, disconforme con la medida que restringe la circulación de vehículos de doble tracción en un sector de playa abierta donde se realizan travesías y picadas, apelará la medida y buscará que las limitaciones sean solo para aquellos que por esas dunas exceden las normas de tránsito habituales y vigentes.

“La gran mayoría disfruta de nuestras playas de manera responsable, el problema son los pocos que no cumplen y generan situaciones de riesgo”, afirmó el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, al confirmar que insistirán ante los tribunales para que el distrito no pierda uno de sus mayores atractivos turísticos, como es el acceso en vehículos a playas casi vírgenes que se extienden desde el acceso al sector conocido como La Frontera hasta el límite con el Partido de la Costa.

El recurso va contra el fallo del juez Félix Adrián Ferrán, momentáneamente al frente del Juzgado Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Dolores, que hizo lugar a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que fundamentó los riesgos de la circulación de vehículos sin control y a alta velocidad en ese frente de costa y pidió su prohibición hasta tanto se disponga de las debidas medidas de seguridad.

Esta instancia llega sustentada sobre la dimensión dramática que tomó uno de los siniestros viales ocurridos en esas arenas durante el último mes, en coincidencia con el pico de arribos turísticos.

Bastián Jerez, un niño de 8 años, sufrió lesiones gravísimas en abdomen, cuello y cabeza tras un choque de un vehículo UTV en el que viajaba con su padre y sin cinturón de seguridad y una camioneta. El impacto se dio en la cima de una duna, con trepadas simultáneas sobre pendientes opuestas, lo que impedía que ambos conductores vieran quién venía del otro lado. El niño sigue internado en terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), de Mar del Plata.

“No estamos de acuerdo con la prohibición de la actividad”, advirtió el jefe comunal este lunes, apenas 24 hora después de que se conoció la resolución judicial, y advirtió que desde el municipio se trabajará para mantener dentro de la jurisdicción una dinámica “ordenada y segura, sin castigar a quienes hacen las cosas bien”.

Ibarguren dijo a LA NACION que la postura de su administración siempre fue clara en este aspecto, que durante cada temporada siempre aporta alguna mala noticia: “Regular, ordenar y controlar la actividad, no prohibirla de manera general”.

“Creemos que ese es el camino responsable para cuidar a las personas y, al mismo tiempo, respetar a quienes practican la actividad de forma segura”, insistió.

El juez Ferrán fue bastante terminante en su respuesta al recurso de amparo presentado. Ordenó suspender “todo tipo de actividad referida a pruebas de destreza, competencias formales o informales, eventos recreativos motorizados, carreras, picadas, cualquiera sea su modalidad, en la zona conocida como ‘La Frontera” y en particular “la olla”, realizadas con vehículos 4x4, UTV, camionetas, cuatriciclos, motos o cualquier otro tipo de vehículo”. Lo dispuesto, aclara, tendrá vigencia y regirá “hasta tanto se garantice el cumplimiento de condiciones adecuadas de seguridad y control”.

La medida judicial no afectará, en principio, el acceso y bajada de vehículos 4x4, que durante el verano son parte de la identidad del lugar. Son varios kilómetros de extensión de playas donde se instalan familias con sus gazebos y sin ningún tipo de maniobras extremas o peligrosas de esos vehículos.

Las autoridades municipales, aún frente a la escalada que la problemática tomó a raíz de la difusión pública del caso de Bastián y otros episodios con lesionados de menor magnitud, remarcan que se viene trabajando para evitar estas situaciones graves desde mucho antes de la temporada de verano.

LA NACION publicó en diciembre una nota en la que se anticipaba un refuerzo de controles con apoyo de fuerzas policiales, Agencia Nacional de Seguridad Vial, inspectores municipales y apoyo de drones para detectar infracciones. El intento tiene como principal desafío un área de cobertura muy amplia en superficie, sobre terrenos que abundan en arena y son propiedad y la flaqueza de recursos para abarcar un lugar donde a diario ingresan durante enero hasta 15.000 vehículos.

La mayoría quedan apostados sobre la orilla, en una hilera interminable de camionetas. Se estima que apenas el 10% o menos aparece involucrado en los movimientos que generan riesgo, ya en el sector de dunas.

En su presentación, Martínez Carignano acusa que la Municipalidad de Pinamar “ha sostenido públicamente que no puede intervenir por tratarse de un predio privado” y que atribuye los hechos ocurridos, entre ellos los más dramático, a “responsabilidad individual”.

“Tal postura configura una omisión estatal grave, frente a un riesgo cierto, conocido, reiterado y evitable, incompatible con el marco constitucional y convencional vigente”, argumentó para convencer al magistrado de su pedido de prohibición de lo que describe como “competencias informales y maniobras temerarias con vehículos motorizados” sobre la arena y entre las dunas.

Hace poco más de dos semanas, apenas conocido lo ocurrido con Bastián y otros dos niños lesionados en ese mismo accidente, el Ejecutivo de Pinamar tomó intervención y endureció medidas sobre la dinámica de ese extremo de la costa, paraíso de quienes circulan en vehículos de doble tracción. Unos para alejarse y buscar tranquilidad. Otros para acelerar y saltar entre médanos a toda velocidad.

Entonces, por decreto del intendente, se fijaron multas de hasta 15 millones de pesos, costos de atención médica a cargo de los propios damnificados en caso de accidentes en ese sector conocido como La Frontera y también recupero económico en caso de daños ambientales, entre otras medidas. A la fecha se secuestraron más de 350 autos y se labraron 400 infracciones, según fuentes municipales.

La medida judicial coincidió en estas últimas horas con recambio turístico y una importante partida de viajeros, por lo que es difícil por ahora dimensionar cuánto del impacto en esas playas está relacionado con la restricción vigente y cuánto con una menor presencia de visitantes por esta zona.

La prohibición expresa y literal dispuesta por la justicia tiene también cuestionamientos por parte del municipio. Ibarguren advirtió a LA NACION que le llama la atención que la medida se aplique “únicamente al Partido de Pinamar y no a otras zonas” donde la misma actividad se desarrolla en condiciones similares. No las menciona pero podría referir a la vecina Villa Gesell e incluso Necochea, que tiene su extremo conocido como Médano Blanco, otro de los grandes destinos de camionetas, cuatriciclos y motos de enduro.

La atención está puesta ahora y por un lado en la respuesta que pueda lograr el recurso de amparo que presentará el municipio de Pinamar. Por otro, en los hechos, en el escenario al cual podrían derivar quienes con sus vehículos y en la costa atlántica seguirán buscando un lugar donde entretenerse a su medida.

Los ojos, más que nunca, empiezan a posarse en Villa Gesell. En el inicio de la segunda quincena de este mes tendrá cita por allí un clásico del lugar: el Enduro del Verano. Es una competencia de circuito internacional que reúne a cientos de los mejores pilotos, incluidos varios internacionales, en un circuito sobre arena y dispuesto con gradas, tipo estadio.

Pero la preocupación siempre por allí atiende al entorno geográfico. Los asistentes se suelen instalar desde días antes y, también con sus cuatriciclos, motos y UTV’s, se mueven de aquí para allá entre los médanos. Hay historia de víctimas fatales y decenas de lesionados en vísperas de esas pruebas.