El Gobierno publicó este miércoles la letra chica de los dos préstamos garantizados por organismos multilaterales que suman US$3200 millones, con los que buscará afrontar próximos vencimientos de la deuda en dólares del Tesoro.

Los contratos permiten reconstruir cómo se armó el principal esquema de financiamiento con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca cerrar su programa financiero hasta las próximas elecciones: identifican a los bancos que aportarán los fondos, detallan cuánto cobrarán por estructurar el financiamiento y exponen las principales condiciones aceptadas por la Argentina para acceder a esos créditos.

Las resoluciones conjuntas 40 y 41 de las Secretarías de Hacienda y Finanzas aprobaron la documentación correspondiente al préstamo por US$2000 millones garantizado por el Banco Mundial y al crédito por US$1200 millones con garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Posteriormente, la resolución conjunta 42 corrigió un error material en la identificación de uno de los bancos participantes, sin modificar las condiciones financieras de la operación.

Las condiciones financieras de ambos créditos habían sido reveladas por primera vez el lunes, durante la presentación del programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027. Allí, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, detalló que el préstamo de US$2000 millones garantizado por el Banco Mundial tendrá una tasa cercana al 6,3% anual, un plazo de seis años y tres años y medio de gracia. El crédito de US$1200 millones respaldado por el BID tendrá una tasa del 7,75%, un plazo de diez años y el mismo período de gracia. Además, adelantó que el Ministerio de Economía trabaja en nuevas operaciones similares por alrededor de US$1000 millones adicionales.

Esas tasas se ubican por debajo del rendimiento cercano al 9% anual que hoy exigiría una emisión soberana tradicional en los mercados internacionales y constituyen uno de los pilares de la estrategia oficial para construir un mayor “colchón” financiero de cara a 2027 sin volver, por ahora, a emitir deuda en Wall Street.

Se trata de dos operaciones diferentes. La primera asciende a US$2000 millones y cuenta con una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, junto con el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En esa operación participan como prestamistas BBVA New York Branch (sucursal Nueva York) y Banco Santander S.A., mientras que The Bank of New York Mellon (BNY) actúa como agente administrativo.

La segunda corresponde a un préstamo por US$1200 millones respaldado por una garantía parcial del BID. En este caso, el prestamista seleccionado fue Deutsche Bank AG, London Branch, mientras que BNY vuelve a desempeñarse como agente administrativo.

Las operaciones fueron adjudicadas luego de una convocatoria realizada por el Ministerio de Economía entre bancos internacionales. Los contratos señalaron que las entidades fueron seleccionadas mediante un proceso competitivo para estructurar los créditos respaldados por los organismos multilaterales.

Los contratos también permiten conocer cuánto cobrarán las entidades financieras por estructurar las operaciones.

En el préstamo respaldado por el Banco Mundial, la resolución conjunta reconoce a BBVA y Santander una comisión de estructuración equivalente al 0,50% del monto del préstamo. Sobre un financiamiento de US$2000 millones, ese porcentaje representa US$10 millones, pero no fue clarificado cómo se dividirá ese monto.

En el caso del préstamo garantizado por el BID, el contrato establece para Deutsche Bank una comisión inicial (upfront fee) equivalente al 0,5% del monto comprometido. Aplicado sobre los US$1200 millones del crédito, representa aproximadamente US$6 millones.

En conjunto, ambas operaciones implican alrededor de US$16 millones en comisiones vinculadas a la estructuración del financiamiento. Además, el Gobierno aprobó los acuerdos de honorarios correspondientes a Bank of New York Mellon por su función como agente administrativo de ambas operaciones.

Los contratos también establecen que los recursos podrán destinarse a financiar el Presupuesto General de la Nación y a afrontar las comisiones, honorarios y demás gastos vinculados con las propias operaciones. Según explicó el Gobierno el lunes, los desembolsos ingresarán antes del pago de bonos previsto para este jueves, aunque el Tesoro ya contaba con la mayor parte de los recursos necesarios para afrontar ese vencimiento. El objetivo es reforzar la posición financiera de cara a los compromisos de deuda de 2026 y, especialmente, de 2027.

Como ocurre habitualmente en este tipo de financiamiento internacional, los contratos establecen la aplicación de la legislación y la jurisdicción de Nueva York para resolver eventuales demandas. Sin embargo, las resoluciones aclararon que esa prórroga de jurisdicción no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre los bienes públicos protegidos por la legislación argentina, una condición que el Poder Ejecutivo había autorizado previamente para este tipo de préstamos garantizados por organismos multilaterales.

Además de las cláusulas financieras, los contratos incorporan compromisos habituales en este tipo de operaciones, como el mantenimiento de la membresía de la Argentina en el FMI y en los organismos multilaterales que respaldan los créditos, el cumplimiento de normas internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y anticorrupción, y la obligación de mantener la igualdad de trato (“pari passu”) respecto de otras deudas soberanas no garantizadas.