Un tribunal federal impidió la aplicación de una orden ejecutiva impulsada por Donald Trump que pretendía modificar las reglas electorales de manera significativa, al imponer requisitos estrictos como la presentación obligatoria de documentación que acredite la ciudadanía para poder votar. La decisión representa un duro revés para la pretensión del presidente de Estados Unidos, que buscaba endurecer el proceso con el argumento de prevenir el fraude.

El fallo judicial sobre la prueba de ciudadanía para votar y los argumentos detrás del bloqueo

La jueza Denise J. Casper, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, falló a favor de una coalición conformada por 19 estados que había presentado una demanda para frenar la entrada en vigor de la medida firmada por Trump en marzo.

La magistrada sostuvo que los estados demandantes probablemente demostrarían que el presidente se extralimitó en sus funciones constitucionales al dictar regulaciones sobre el sistema electoral sin la intervención del Congreso.

Asimismo, Casper consideró que la orden ejecutiva amenazaba con excluir a sectores vulnerables del electorado. “La Constitución no otorga al presidente facultades específicas sobre las elecciones”, escribió en su resolución. Por ese motivo, decidió suspender indefinidamente la implementación de la orden hasta que se resuelva el caso judicial.

Entre los puntos clave que quedaron bloqueados por el fallo figuran:

La posibilidad de que el gobierno federal exija documentos que acrediten la ciudadanía al momento de registrarse como votante.La instrucción a la fiscal general Pam Bondi de tomar acciones legales contra los estados que permitieran el conteo de votos por correo más allá del día de la elección.La amenaza de retirar fondos federales a aquellos estados que no cumplieran con los nuevos requerimientos.Estados afectados y la defensa de sus derechos: quiénes interpusieron la demanda contra Trump

De los 19 estados que impulsaron la demanda, 13 cuentan con legislación que permite contabilizar los votos por correo recibidos luego del día de la elección, siempre que hayan sido enviados en plazo. Esto incluye a jurisdicciones como California, Nueva York, Illinois y Pensilvania. Su argumento fue que la orden ejecutiva de Trump interfería con sus competencias para organizar las elecciones conforme a sus propias leyes.

Según la cobertura de The New York Times, esta no fue la primera resolución contraria a la iniciativa del mandatario republicano. En abril, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, en Washington D.C., también dictaminó que la orden era, en su mayor parte, inconstitucional, aunque no se pronunció de manera definitiva sobre el tema del conteo de votos posterior al día electoral.

El caso tomado por la jueza Casper permitió ir un paso más allá y frenar también esa disposición, al considerar que los estados habían demostrado un interés jurídico legítimo para cuestionar los cambios que afectaban directamente sus procesos electorales.

Los posibles efectos sobre los votantes de Estados Unidos

El fallo hizo hincapié en que imponer una prueba de ciudadanía como requisito para registrarse podía tener un impacto desproporcionado sobre comunidades históricamente marginadas. En su análisis, la jueza identificó varios escenarios en los que ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar obstáculos significativos para reunir la documentación exigida por la orden.

Entre los ejemplos citados se encuentran:

Residentes de zonas costeras de Maine que, a pesar de ser ciudadanos, cuentan con certificados de nacimiento canadienses y carecen de pasaporte.Integrantes de tribus pueblo en Nuevo México que viven en áreas remotas y no poseen registros formales sobre su estatus ciudadano.Personas mayores, en situación de calle o que han cambiado legalmente su nombre, lo que dificulta la validación de su identidad.En Rhode Island, la obtención de un pasaporte puede alcanzar los 165 dólares, mientras que un acta de nacimiento en Providence cuesta aproximadamente US$22.

La jueza sostuvo que estas barreras económicas y administrativas podían terminar por privar del derecho al voto a sectores como la población negra o los ciudadanos con menos recursos.