La droguería Suizo Argentina sigue repartiendo cartas documento. Ahora el destinatario fue la obra social del gremio de los empleados rurales (Osprera), intervenida por el Gobierno desde agosto del año pasado. A través de su apoderado, la empresa reclama casi $3500 millones por facturas que no habrían sido pagadas. Gran parte de esa documentación fue secuestrada la semana pasada por el fiscal Guillermo Marijuan en la sede de la obra social. La avanzada de la droguería no se detuvo por el escándalo judicial. Hace dos semanas, ya había intimado al Ministerio de Salud de la Nación por otra deuda de casi $4000 millones. Todavía no hubo respuesta.

La nueva carta documento aterrizó el viernes pasado en Osprera. Son 8 carillas donde se detallan cada una de las facturas. La deuda ascendería a $3.466.199.838,46. Según pudo saber LA NACION, correspondería a servicios que se brindaron entre junio de 2024 y julio de este año.

“Estamos analizando las facturas antes de dar una respuesta”, se limitaron a contestar en la intervención de la obra social.

En paralelo, la Justicia también comenzó a analizar la documentación secuestrada en los allanamientos de la semana pasada en la sede de Osprera. En ese operativo, el fiscal fue a buscar pruebas vinculadas a los contratos con las droguerías Suizo Argentino, Disval y Orien.

Concretamente, la orden judicial hablaba de “documentos, constancias, órdenes de pago, facturación, actuaciones relativas a la modalidad y procedimiento de elección y compra” emitidas a partir del 1 de noviembre del año pasado, cuando la obra social ya estaba a cargo del actual interventor designado por Javier Milei, Diego Petroni.

En el caso de la Suizo Argentino, la Policía Federal secuestró cerca de 7900 órdenes de compra, pudo saber este medio de fuentes judiciales. “Es un número importante pero lo importante es el monto total, seguramente se va a terminar peritando”, explicaron en Tribunales.

En el allanamiento no se secuestró documentación vinculada a Orien porque ese laboratorio está en juicio con la obra social hace más de un año. La deuda actualizada ascendería a $7000 millones. “Desde agosto de 2024 no le vendemos más a Osprera por falta de pago, se cortó el suministro”, explicaron fuentes de esa firma. El reclamo incluye unas 2300 órdenes de pago emitidas entre septiembre de 2023 y agosto del año pasado.

Una auditoría encargada por el interventor de la obra social y enviada al extitular de la Superintendencia de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, el 27 de junio pasado, detalla que Osprera le debía a la Suizo Argentina más de $3000 millones cuando se concretó la intervención. El principal acreedor, en ese momento, era Disval, según los registros a los que accedió este medio.

La semana pasada, el fiscal Marijuan también fue a la sede de Osprera con la orden de llevarse toda la documentación disponible sobre HTECH Innovation, una empresa contratada por la primera interventora de la obras social, Virginia Montero, para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas informáticos de la obra social.

Esa firma pertenece a Sergio Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desde 2019 en la empresa TR Nutrition SRL.

La Justicia ya tiene confirmado que HTECH cobró al menos $156 millones en apenas cuatro meses. ¿Dónde terminó ese dinero? Hay transferencias a cuatro cuentas bancarias. Una de esas cuentas receptoras pertenece a la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, que hasta el 31 de agosto daba instrucciones dentro de la obra social y a su vez era la presidenta de HTECH. Los otros tres destinatarios serían monotributistas. “Suponemos que tercerizaban el trabajo de Osprera, eso explicaría las transferencias, después habrá que probar si se justifican”, explicó un investigador.

El cuadro se completa con otro dato inquietante: los investigadores sospechan que la empresa no tenía empleados registrados.

En Osprera aseguran que Aguirre y su madre no concurrían regularmente a la obra social y que tenían un pequeño “equipo” para desarrollar las tareas que reclamaban los interventores. En enero de este año, por citar un caso, el socio de Martín Menem ingresó apenas seis veces al edificio de Reconquista al 600. En otras ocasiones accedía desde el estacionamiento, ubicado en el subsuelo, y no quedaba registrado. También era una maniobra para esquivar el clima de tensión que se vivía en el edifico de Uatre.

Luego de los allanamientos, HTECH emitió un comunicado donde niega cualquier irregularidad: “Nuestra tarea fue exclusivamente técnica y de gestión. El trabajo permitió identificar falencias críticas, optimizar procesos y colaborar con la Intervención para generar ahorros significativos en beneficio directo de la institución".