El ofrecimiento que el gobierno le hizo a los bloques de diputados dialoguistas para avanzar en la sanción de la ley ómnibus tiene un punteado específico, que los emisarios de la Casa Rosada llevaron personalmente al Congreso. En un documento reservado de ocho carillas, la administración de Javier Milei aceptó limitar el plazo de las facultades delegadas, retirar a YPF de la lista de empresas a ser privatizadas y eliminar las retenciones a las economías regionales.

En el texto al que accedió LA NACION y que llevaron a la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, también se indica que el Poder Ejecutivo deberá tener el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, pero no da cuenta de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria que le reclaman los bloques dialoguistas para darle su visto bueno a la reforma.

“Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo”, se asegura en el primer punto del paper, titulado en forma escueta como “Modificaciones a la Ley Bases”. El segundo punto, en tanto, acepta la “eliminación de la emergencia de Defensa, Social y Sanitaria”. El tercero hace foco en los derechos de exportación: “Se fija en 0% para las economías regionales”, sostiene y agrega, en forma imprecisa: “Limitar/eliminar la facultad para aumentar los derechos de exportación”.

En su primera página, el documento también hace referencia al FGS y señala que “se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos)” que cuente con un “dictamen previo favorable desde la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la ley 23.696″. En este punto, los referentes legislativos le hicieron notar a Francos y Caputo que el FGS no puede tratarse en esa comisión, dijeron a este diario fuentes parlamentarias.

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