Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se ejecuten de manera inmediata los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad. De esta forma, rechazaron las objeciones de la expresidenta para avanzar con el decomiso del dinero que se le exige por el daño provocado mediante el fraude en las obras públicas de Santa Cruz.

En el dictamen conjunto, los fiscales escribieron: “En este juicio se acreditó la existencia −entre 2003 y 2015− de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas del Estado“.

Y agregaron: “Sin embargo, la principal responsable de esta maniobra, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, sigue anteponiendo todo tipo de artilugios y excusas. Esta vez, lo hace para impedir el recupero de los efectos del delito”.

Cristina Kirchner, quien cumple condena bajo arresto domiciliario, rechazó la intimación para que deposite $684.990.350.139,86, unos 530 millones de dólares, y planteó que el Tribunal Oral Federal Nº2 −el mismo que la condenó− es incompetente para ordenar el decomiso de sus bienes.

La expresidenta sostuvo que quien debe resolver sobre el decomiso es la justicia civil y comercial federal, que justamente ayer decidió que no corresponde que pague un “peso”, al declarar caduca la demanda del Estado nacional en su contra por 21.000 millones de pesos.

Lázaro Báez también planteó la incompetencia de los jueces del tribunal que lo condenó, y afirmó que, en todo caso, sus bienes deben ser decomisados por el tribunal de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, que unificó las condenas en su contra en 15 años.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 −Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso−, antes de resolver sobre la ejecución de los bienes de ambos, le dieron vista a los fiscales Luciani y Mola para que emitieran su opinión.

En un dictamen de 21 páginas, los fiscales solicitaron que no se haga lugar al planteo de incompetencia y que “se haga efectiva la intimación cursada por el Tribunal y se proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes de los condenados”.

Luciani y Mola fueron contundentes en su reclamo por el dinero. Afirmaron que Cristina Kirchner solo busca, mediante “artilugios y excusas”, impedir el recupero de los fondos. Sostuvieron que las defensas intentan obstruir la recuperación de los efectos del delito.

“El decomiso de la suma que estableció el tribunal no es una opción. Es una obligación”, afirmaron, e instaron a que se concrete el recupero del dinero producto del delito.

“Dado que los condenados se niegan a devolver lo que sustrajeron ilegalmente, la Justicia debe procurar que respondan con el dinero, los bienes cautelados y el resto de los activos que compongan su patrimonio, hasta alcanzar el importe establecido en la sentencia”, escribieron.

Los fiscales afirmaron que Cristina Kirchner incurre en una “clara afrenta al tribunal y a la sociedad” al no “devolver el dinero ilegítimamente apropiado”.

“Esta actitud reticente, sin duda, impide que la sociedad reciba al menos una parte de los bienes que se le arrebataron durante los doce años de corrupción sistemática”, sostuvieron, y remarcaron que el decomiso busca subsanar el daño causado por la corrupción.

“Es incalculable, si se tiene en cuenta que ese dinero dilapidado pudo haberse utilizado para paliar situaciones en materia de seguridad vial, salud, infraestructura, educación, trabajo, vivienda, jubilaciones, etc.”, agregaron.

Luciani y Mola consideraron que la suma decomisada es mínima “en comparación con el daño real e inmenso que se le produjo a la sociedad. Así y todo, Fernández se niega a devolver lo desapoderado”.

Ambos expresaron que buscan que el producto de los bienes decomisados −que deben ser rematados− tenga utilidad social, la “función social que los condenados no le dieron”.

“Solo de ese modo puede restaurarse el mal provocado a quienes más sufren por la corrupción, esto es, los sectores sociales más vulnerables y desprotegidos del sistema, a los que se condena a la pobreza y a la precariedad”, escribieron.

Tras calificar las conductas de Cristina Kirchner como “actos de gran corrupción”, sostuvieron que el fraude “afecta aún hoy el funcionamiento de la actividad administrativa, la credibilidad de los sistemas democráticos y la legitimidad del sistema político”.

“La naturaleza de la colosal defraudación que hemos comprobado obliga a la Justicia a recuperar los bienes desapoderados para que se destinen a instituciones de bien público”, señalaron.

Y concluyeron que Cristina Kirchner, con “cada nueva maniobra dilatoria o elusiva, desafía a la Justicia y expone al país frente a la comunidad internacional, que exige el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de corrupción y recupero de activos”.

Luciani y Mola sostuvieron que el planteo de incompetencia debe rechazarse por tratarse de una “cosa juzgada”, y argumentaron que existe una “declaración judicial de certeza en torno a la acreditación legal de lo que constituyó un atentado contra el sistema democrático, tras haberse comprobado un grave delito doloso contra el Estado que conllevó enriquecimiento”.

“No existe obstáculo alguno para avanzar inmediatamente con las ejecuciones pendientes”, afirmaron los fiscales.

Y negaron que el caso deba pasar al fuero civil y comercial federal para su ejecución, donde Cristina Kirchner busca que la causa quede definitivamente cerrada.

“La señora Fernández enmascara y encubre una clara finalidad: que dicho decomiso nunca se concrete”, sostuvieron, y advirtieron que si el caso civil se reabre por apelación, “tardará largos años de tramitación hasta lograr una decisión jurisdiccional que ponga fin a ese pleito”.