Con una reposición de nutrientes que se ubica entre las más bajas del mundo y una brecha productiva que, según estimaciones técnicas, podría representar hasta 45 millones de toneladas adicionales de granos, especialistas del sector agropecuario respaldaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para otorgar incentivos fiscales a la compra de fertilizantes. La iniciativa, del diputado nacional Martín Ardohain (PRO), busca que los productores puedan deducir un 30% adicional de esas inversiones en el Impuesto a las Ganancias: sus impulsores sostienen que la medida tendría un costo fiscal neutro gracias al aumento de la producción y de la recaudación asociada.

La propuesta fue analizada en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, donde representantes de Fertilizar Asociación Civil y de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) expusieron sobre el estado de los suelos argentinos y defendieron la necesidad de impulsar medidas que promuevan una mayor reposición de nutrientes.

El proyecto llega en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de la fertilidad de los suelos. María Fernanda Gonzalez Sanjuan, directora ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, advirtió que la Argentina repone apenas entre el 32% y el 37% de los nutrientes que los cultivos extraen cada campaña, una de las tasas más bajas entre los principales países productores de granos del mundo. “La Argentina es uno de los países productores de granos con menor tasa de reposición”, afirmó. Al presentar comparaciones internacionales, sostuvo que el país se encuentra entre los más rezagados en esta materia. “Somos los peores en reposición”, remarcó.

Como contraste mencionó el caso de Brasil. Allí no solo se reponen los nutrientes que se extraen con cada cosecha, sino que además se realizan aportes adicionales para fortalecer la fertilidad de los suelos a largo plazo. “Brasil tiene claro que hoy produce alimentos, mañana quiere producir alimentos y dentro de 30 años quiere seguir siendo un gran productor de alimentos”, señaló.

La especialista recordó que cada tonelada de grano que sale de un lote también se lleva nutrientes. Cuando esos elementos no son restituidos mediante fertilización, el suelo comienza a perder fertilidad y se reducen las posibilidades de alcanzar mayores rendimientos.

Los estudios presentados durante la exposición muestran que existe una importante brecha entre los rindes actuales y los potenciales. En maíz, por ejemplo, hoy se obtienen en promedio 7,9 toneladas por hectárea, cuando podrían alcanzarse 11,5 toneladas. En trigo, la diferencia ronda el 37%.

Al analizar en conjunto los cultivos de maíz, soja y trigo, trabajos realizados por Fertilizar junto con investigadores del INTA, universidades, CREA y Aapresid estiman que la Argentina podría sumar entre 40 y 45 millones de toneladas adicionales de granos sin ampliar la superficie sembrada. Ese volumen equivaldría a unos US$7000 millones extra de producción. “Tenemos prácticamente funcionando la fábrica de granos al 50%”, resumió.

Para reducir esa brecha, los especialistas estiman que sería necesario incrementar significativamente el uso de nutrientes. El consumo de nitrógeno debería multiplicarse por 2,2; el de fósforo por 3,1; y el de azufre por 6,5 respecto de los niveles actuales.

Gonzalez Sanjuan también presentó mapas elaborados junto con el INTA que muestran una caída sostenida en nutrientes clave como fósforo, zinc y materia orgánica. “Los suelos dieron lo que pudieron y cada vez pueden menos”, advirtió. Según explicó, en amplias regiones agrícolas los niveles de fósforo ya se encuentran por debajo de los umbrales considerados adecuados para sostener altos rendimientos, una situación que obliga a aumentar la reposición para evitar una pérdida adicional de productividad en los próximos años.

En este contexto, durante la reunión se presentó el proyecto de ley denominado “Ley de Conservación y Mejoramiento de la Fertilidad de los Suelos de Uso Agropecuario”, impulsado por el diputado nacional y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja Martín Ardohain (PRO). La iniciativa lleva, además, las firmas de Cristian Ritondo, Martín Yeza, Emmanuel Bianchetti, Alicia Fregonese, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Wrba, Antonela Giampieri, José Nuñez y Francisco Morchio.

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La iniciativa propone que los productores puedan computar en el Impuesto a las Ganancias una deducción adicional equivalente al 30% de las inversiones realizadas en fertilizantes. En términos prácticos, si un productor invierte $1000 en fertilizantes, podrá deducir $1300 al momento de calcular el impuesto.

El artículo en el proyecto de ley señala: “Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional a computar en la liquidación anual un treinta por ciento (30%) adicional del monto invertido en fertilizantes destinado a uso agropecuario, hecho por productores agropecuarios que estuvieren registrados como tales en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aplicable al ejercicio fiscal correspondiente a la adquisición de dichos insumos. La deducción prevista será exclusiva para los sujetos que por cualquier título o causa realicen efectivamente prácticas de fertilización aplicadas a la explotación agropecuaria y siempre que estas tengan por finalidad la obtención de productos de origen agropecuario”.

La defensa económica de la propuesta estuvo a cargo de Antonella Semadeni, integrante del equipo de investigación de Fada. Según explicó, el incentivo permitiría reducir alrededor de un 9% el costo efectivo de los fertilizantes para los productores alcanzados por Ganancias. A partir de estudios sobre la relación entre precios y consumo de estos insumos, FADA estimó que la medida impulsaría un aumento cercano al 7% en el uso de fertilizantes.

De acuerdo con las proyecciones presentadas ante los legisladores, ese incremento permitiría generar 2,6 millones de toneladas adicionales de producción de maíz, trigo y soja. Además, se traduciría en 23.000 puestos de trabajo, US$500 millones más en exportaciones y más de US$650 millones adicionales en valor bruto de producción.

Según Semadeni, la ampliación de la deducción implicaría inicialmente una menor recaudación por Ganancias cercana a los US$300 millones. Sin embargo, sostuvo que ese efecto sería compensado por el crecimiento de la actividad económica. “Nos termina dando que el costo fiscal neto es cero”, afirmó.

De todos modos, la economista de Fada remarcó que el principal problema impositivo que enfrenta el sector continúa siendo otro.

“Los derechos de exportación continúan siendo el impuesto más distorsivo que hoy tiene la producción agropecuaria”, señaló.

Para respaldar esa afirmación recordó lo ocurrido tras la eliminación de las retenciones al trigo y al maíz en 2016. Según indicó, en apenas dos campañas el uso de fertilizantes aumentó un 38%, lo que a su juicio demuestra que una mejora en la rentabilidad se traduce rápidamente en mayores niveles de inversión y adopción tecnológica.