El intendente peronista -en uso de licencia- y senador bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, en un duro texto en el que sostiene que el gobierno de Axel Kicillof tiene “la obligación jurídica de intervenir” ante la “imperante crisis social” que atraviesa el territorio.

Ishii es el vicepresidente primero de la Cámara alta en nombre de Fuerza Patria en la Legislatura gracias a la intervención de Cristina Kirchner, que lo colocó así en la línea sucesoria.

En medio de la puja constante entre La Cámpora y el gobernador Kicillof, Ishii salió a la cancha con este proyecto, que es una secuela más de la guerra interna por la provincia de cara a las elecciones de 2027.

Para el legislador, lo que hay es una “profunda crisis social imperante en la Provincia de Buenos Aires”. Y, entre críticas a Javier Milei, metió cuestionamientos por la falta de una decisión política de intervenir en el asunto.

“El acceso a una alimentación adecuada ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una situación estructural”, escribió y añadió: “Con impacto especialmente en niños, adolescentes, adultos mayores y trabajadores informales”.

En sus párrafos más sobresalientes, Ishii apunta contra la administración. “La declaración de la emergencia alimentaria constituye una respuesta institucional urgente frente a un contexto de agravamiento del hambre y la desigualdad. El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas”, concluye el texto, que solicita el acompañamiento legislativo para su aprobación.

Planteó que “resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social”, en lo que introduce un cuestionamiento sobre la asignación actual del gasto.

La iniciativa, de acuerdo con el documento al que accedió LA NACION, establece en su artículo 1°: “Declárase la Emergencia Alimentaria y nutricional en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires por el plazo de dieciocho (18) meses”. Según el texto, el objetivo es “garantizar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para personas en situaciones de vulnerabilidad social”.

El proyecto propone que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo y dispone un incremento “en forma inmediata y progresiva” de las partidas destinadas a comedores escolares, Servicios Alimentarios Escolares (SAE), comedores comunitarios y merenderos, y programas de asistencia alimentaria directa.

Además, contempla la actualización automática bimestral de los montos asignados a estos programas “conforme al índice de precios al consumidor (IPC)” y la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria y nutricional, integrado por partidas presupuestarias, aportes extraordinarios del Tesoro provincial, recursos de organismos nacionales e internacionales y donaciones.

El texto también prevé la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control, con representación de ambas cámaras legislativas, y establece que el Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria, el alcance de los programas y la cantidad de beneficiarios.

El documento también alerta sobre el endeudamiento de los hogares: un informe citado señala que “el 91,7% de las familias argentinas se encuentra endeudada”, en muchos casos para la compra de alimentos. A la vez, menciona la caída del consumo y el cierre de más de 33.500 pymes y comercios durante 2024, con efectos en el empleo y la actividad económica.