Uno de los comensales a una cena sabatina lanza a viva voz una desafiante consigna entre la docena de amigos que lo rodean: “Levante la mano quién cree que Cristina Kirchner es corrupta”.

No importa el resultado. A los efectos de este comentario, interesa el verbo utilizado por el informal encuestólogo: “creer”.

Cuando se trata de las múltiples causas judiciales en las que aparece involucrada la expresidenta –condenada ya en una de ellas y purgando la pena de seis años que se le aplicó con prisión domiciliaria–, las razones objetivas quedan de lado y la disyuntiva pasa por creer o no creer. Como si fuese una cuestión religiosa.

Las opiniones al respecto se dividen en dos bandos tajantes que, sin necesidad de revisar ningún papel, “creen” fervorosamente en la inocencia o en la culpabilidad de la detenida titular del PJ.

Las pasiones, aunque sean en contra, juegan a favor a la autora intelectual del (des)gobierno de Alberto Fernández y de los desfalcos anteriores. Ella prefiere que dominen los sentimientos, no los datos puros y duros. La prueba está en que casi nunca se defiende puntualmente de las detalladas acusaciones que le hacen en los abultados expedientes que la tienen como principal protagonista. Prefiere disparar de manera invariable hacia una difusa conspiración política que la estaría castigando por las medidas supuestamente revolucionarias que habría tomado como presidenta. Por eso descalifica el proceso en curso como “show judicial”, al que también alude peyorativamente como “opereta”. Con gran audacia, en los últimos días, agregó en sus pirotécnicas misivas virtuales desde su casa/presidio una alocada teoría respecto de que quienes reconocieron tráfico de coimas entre contratistas de obras públicas y sus subalternos directos –generadores de abultados bolsos que llegaban puntualmente a su domicilio porteño, o que viajaban hacia el sur, según las crónicas minuciosas en los cuadernos del chofer Oscar Centeno– fueron “torturados”. La versión fue desmentida por el abogado de Víctor Manzanares, antiguo contador de los Kirchner, que ahora denuncia ser hostigado por ellos.

Pasa por alto CFK que a lo largo de los años y de tantas causas hayan participado, y lo sigan haciendo, distintos tribunales, jueces y fiscales de diversas procedencias y estilos, nombrados en sus cargos por distintos gobiernos, inclusive los de ella. Prefiere reducirlos a la categoría de obedientes ratoncillos que siguen hipnotizados al flautista de Hamelin. Todos estarían perfectamente coordinados entre sí y con un solo y obsesivo objetivo: condenarla. En este caso, el papel de los roedores lo representarían las “castas” (para usar un giro libertario) judicial y mediática. En tanto que el flautista sería una combinación de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, y del expresidente Mauricio Macri, que habrían pergeñado un mecanismo de lawfare infalible y sin fisuras contra ella. Un disparate.

Pero un disparate que prende fuerte. Repiten, como un mantra, los militantes K en las redes sociales que “no hay ninguna prueba”. Y estampan en sus remeras, o gritan al pie del balcón de San José 1111, la consigna: “Cristina inocente / Cristina libre”, a la que se suman conocidas figuras como Pablo Echarri y Marilina Ross, entre otras.

¿Qué contendrán, entonces, millares de fojas contra las que los más afilados bufetes de abogados de la Argentina contratados por CFK y los demás procesados accionan todo tipo de recursos y objeciones para derribar los juicios y, sin embargo, no han logrado frenarlos?

Por eso se vuelve tan vital que el actual juicio por los cuadernos de las coimas tenga enorme difusión. Con conexiones remotas de los acusados y programando sus sesiones de manera tal que el juicio dure años se lo minimiza. Y eso es muy grave. Debe adquirir la mayor relevancia posible.

Más allá de que la prueba acumulada permita impartir justicia distinguiendo a inocentes de culpables, darle mayor difusión a los ritos tribunalicios resulta indispensable para que la letra fría tenga carnadura. Así a la audiencia no le quedarán dudas sobre la dimensión real del latrocinio.

La teatralización (por llamarla de alguna manera) que se dio con el juicio a las juntas, en los albores de la recuperada democracia, con la presencia de jueces, fiscales y los comandantes acusados en un mismo recinto resultó imprescindible para que generara repercusión e interés. Algunos testimonios tuvieron tanto valor por lo que decían, como por la elocuencia con la que revelaban los horrores. Y que todo eso sucediera en un tiempo determinado y ajustado: en menos de ocho meses declararon más de 800 personas. Aquel esfuerzo descomunal rindió sus frutos, no solo por las condenas impartidas sino porque inspiró un consenso social al respecto muy importante. Por suerte no lo malogró el gobierno de Raúl Alfonsín que no usó la causa de los derechos humanos como bandera facciosa, tal como sucedería más adelante durante el kirchnerismo.

Llevar el juicio actual de los cuadernos de las coimas a aquel recinto histórico en el que el fiscal Julio Strassera pronunciara su célebre “nunca más”, que coronó su contundente alegato, y que los acusados se vean obligados a asistir presencialmente, sería un gesto del Poder Judicial acorde a lo que la sociedad le demanda: que paguen los que delinquieron.