El fiscal Martín López Perrando volvió a solicitar que se cite a declaración indagatoria a Norberto Cristian Graf, excompañero de la escuela técnica donde estudió Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984, cuyos restos fueron hallados enterrados en el fondo de la casa de Graf, en Coghlan. La imputación es por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. En su nuevo dictamen, el representante del Ministerio Público insistió en que luego del hallazgo de los restos óseos de Fernández Lima, hace cuatro meses -el 20 de mayo pasado- el sospechoso “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”.

La palabra de Javier, el hermano del joven enterrado en Coghlan, luego de que el excompañero de colegio se presentara en la Fiscalía

Como informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, la nueva presentación de López Perrando se da luego de que, en agosto pasado, el juez en lo criminal y correccional Alejandro Litvack, pidiera a la fiscalía que reformula la imputación por considerar que si bien el dictamen original detallaba la prueba recolectada en la investigación y las acciones desplegadas por el sospechoso, no se había efectuado una concreta imputación para citar al excompañero de la víctima.

Entre las “maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, el fiscal resaltó “la generación de explicaciones inverosímiles como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta”; “la conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación”, y “la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, las manifestaciones que hiciera el sospechoso “resultan no solo absolutamente inverosímiles y pueriles, sino que denotan y remiten a un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención generando hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo”.

López Perrando explicó que “si bien no fue posible aún determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Fernández Lima, sí pudo acreditarse que la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca ” que habita -y habitaba- el imputado “tras lo cual inmediatamente luego del hallazgo de los restos practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad”.

Por otra parte, el fiscal sostuvo que “el delito encubierto es el homicidio de Fernández Lima” y que, si bien aún “no es posible atribuir autoría determinada, sí resulta claro que el homicidio ocurrió en el interior de la finca donde se encontraron los restos” y agregó que se trató de “un hecho sorpresivo e imprevisto, que pudo haber tomado desprevenido al autor o haber ocurrido en circunstancias donde este no contaba con tiempo suficiente para asegurar un ocultamiento más elaborado”.

Para el fiscal, el imputado no pudo ser “ajeno a la existencia de la sepultura en el jardín de la vivienda en que habitaba al momento del homicidio de Fernández Lima y que habita aún hoy”.

El delito de encubrimiento agravado, previsto en el artículo 277 incisos 1° y 3°, apartados “a” y “c”, del Código Penal, contempla una pena de prisión entre uno y seis años, mientras que la supresión de evidencia (artículo 255 Código Penal), establece una pena de entre un mes y cuatro años de cárcel.