El Gobierno abrió un nuevo frente de confrontación con los gobernadores al anunciar hoy de manera sorpresiva que eliminará el principal fondo al que se destinan los subsidios al transporte público del interior del país, donde está excluida el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es para cumplir “con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión”, dijeron en la Secretaría de Transporte.

Se trata del Fondo Compensador del Interior, que el año pasado recibió $102.000 millones, según el presupuesto nacional 2023.

El comunicado lo difundió la Secretaría de Transporte, que en la práctica depende del Ministerio de Economía, pero en la teoría sigue bajo la jurisdicción del Ministerio de Infraestructura, ya que el ministro Guillermo Ferraro no renunció, sino que se tomó licencia por un mes.

Transporte está a cargo del cordobés Franco Mogetta, quien fue ministro de esa área durante los años de gestión del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. En ese rol, fue el presidente del Consejo Federal de Transporte (Cofetra) y negociaba con los gobiernos nacionales para pedir más transferencias para el Fondo Compensador del Interior.

La decisión de eliminar este fondo fue tomada directamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya había advertido a las provincias que reducirá los gastos debido a la caída de la ley ómnibus.

Según pudo saber LA NACION, Mogetta no estaba al tanto del recorte, pese a ser el secretario de Transporte, lo que podría ser una represalia del Gobierno con los gobernadores, por lo que consideran que fue la falta de apoyo en el Congreso.

“El Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”, dice el comunicado de la Secretaría de Trabajo.

El Gobierno aclaró que seguirá vigente la tarifa social en todo el territorio donde funciona la tarjeta SUBE. Si bien la tarjeta funciona como método de pago en el transporte público en 58 localidades, además del AMBA, todavía no se utiliza en todo el país. Según datos oficiales de noviembre pasado, 14 millones de personas usan las tarjetas SUBE por mes, de las cuales más de 5 millones poseen la tarifa social federal, donde abonan el valor boleto con un descuento del 55%.

El Gobierno todavía no designó un director a cargo de la SUBE, a casi dos meses de gestión. Por lo tanto, no hay información sobre cómo será la expansión del uso de la tarjeta en otras localidades o cómo se implementará la nominalización, ya que, a partir del 1 de abril, los usuarios que no tengan la tarjeta registrada pagarán en el AMBA una tarifa diferencial mayor.

La Secretaría de Transporte dijo que “se terminó con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos” para darle “mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”.

En efecto, el boleto del tramo mínimo de colectivo en el AMBA pasó de los $52,96 en diciembre, a $76,92 en enero y a $270 en febrero. Se trata de una suba acumulada de 410%.

En cuanto al tren, pasó de $25,72 y $33,28 los tramos mínimos según el ramal, a $130 este mes. Significó un aumento de 405% en menos de dos meses.

Según la resolución 5/2024 publicada esta semana en el Boletín Oficial, los boletos de trenes y colectivos en el AMBA aumentarán cada dos meses. Dicho ajuste será, como máximo, equivalente a la variación acumulada del índice de precios al consumidor de los dos meses previos. Es decir, en abril subirá el costo del transporte un porcentaje que será como máximo la inflación acumulada entre enero y febrero.

“Esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas”, dijo la Secretaría de Transporte.

En el mismo comunicado, el Gobierno anunció que, a partir de este año, “se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA”.

El Gobierno dijo que esta decisión “guarda coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Estado Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.

En conclusión, agregó que la decisión es que “los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.