Nuevo México enfrenta una disputa judicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) por una ley estatal y una ordenanza municipal que modifican la relación entre organismos públicos y autoridades migratorias federales. La norma, conocida como Immigrant Safety Act o HB 9, tiene previsto entrar en vigor el 20 de mayo.

Qué establecen la ley de Nuevo México y la ordenanza de Albuquerque

La HB 9 prohíbe que organismos públicos celebren o renueven contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener personas por infracciones civiles de inmigración. La restricción alcanza a gobiernos locales, agencias estatales, distritos escolares y otras entidades financiadas con fondos públicos.

La legislación también obliga a finalizar acuerdos vigentes relacionados con detención migratoria en el plazo más corto permitido por cada contrato. Además, impide utilizar propiedades públicas para facilitar operaciones vinculadas con el control migratorio federal.

La ley fue aprobada junto con una ordenanza municipal en Albuquerque denominada Safer Community Places Ordinance . Esta medida complementaria establece que agentes del ICE no podrán usar instalaciones públicas como bibliotecas, hospitales, escuelas o parques como áreas de reunión o coordinación operativa.

Debido a su pronta entrada en vigor, el DOJ presentó una demanda contra el estado de Nuevo México y contra la ciudad de Albuquerque con el objetivo de frenar la implementación de las medidas antes de la fecha prevista.

Por qué el DOJ presentó una demanda contra Nuevo México

“Nuevo México está intentando regular la política migratoria, algo que la Constitución otorga al gobierno federal facultades de forma clara y exclusiva para hacer”, sostuvo el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DOJ. “Nuestras demandas buscan detener las acciones inconstitucionales del estado y preservar la cooperación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales”, aseguró.

El DOJ también afirmó que la ley elimina mecanismos de cooperación entre agencias locales y federales que funcionaron durante décadas para la aplicación de normas migratorias. En ese sentido, argumentó que las restricciones afectan investigaciones, traslados y detenciones realizadas por autoridades federales.

Otro de los puntos cuestionados es la limitación sobre el uso de propiedades públicas. El Departamento de Justicia consideró que impedir que agentes federales utilicen espacios municipales obstaculiza el cumplimiento de las leyes migratorias nacionales.

“La Ley HB9 y la orden de la fiscalía del condado de Albuquerque interfieren ilegalmente con la aplicación de la ley federal de inmigración, discriminan ilegalmente las operaciones federales y violan las protecciones constitucionales relativas a los contratos y la supremacía federal”, dijo el primer fiscal adjunto de EE.UU., Ryan Ellison. “Nuestra demanda solicita al tribunal que declare inválidas estas leyes y emita una orden judicial inmediata para impedir su aplicación”, agregó.

El impacto económico y político del conflicto

La demanda federal mencionó posibles consecuencias económicas en el condado de Otero, donde funciona un centro de detención privado vinculado al ICE. Según el gobierno federal, la interrupción de esos contratos pondría en riesgo cerca de 300 puestos de trabajo en la zona.

Quienes impulsaron la legislación sostuvieron que el objetivo es evitar que recursos estatales y municipales sean utilizados en procesos de detención migratoria civil. La representante Andrea Romero señaló que gran parte de las personas detenidas por la agencia federal no tienen condenas penales.

“Estamos gastando millones y millones de dólares al día solo para que la gente esté encerrada en jaulas. Es absolutamente inconcebible lo que está sucediendo ahora mismo”, dijo a KRWG.

Los datos de TRAC Immigration indicaron que más del 70% de los inmigrantes detenidos por ICE en abril no registraban antecedentes criminales. Los promotores de la ley afirmaron que la medida apunta a reducir el impacto de las detenciones sobre familias inmigrantes.

Qué pide el gobierno federal ante la Justicia

La administración federal solicitó una medida cautelar preliminar para impedir que la HB 9 y la ordenanza municipal entren en vigor el 20 de mayo. El caso quedó radicado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Nuevo México.

La demanda fue presentada contra el estado de Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham, el fiscal general Raul Torrez y el alcalde de Albuquerque, Timothy Keller. El conflicto forma parte de una serie de acciones impulsadas por el gobierno federal contra jurisdicciones consideradas santuario.